De la teoría a la práctica: un modelo de renta básica europea
La idea de implementar una renta básica incondicional, un ingreso monetario para garantizar la existencia material de toda la población, no es nueva. Ya en 1796 el político y filósofo inglés Thomas Paine defendía en su obra Justicia agraria el derecho a un ingreso incondicional, garantizado por la posesión colectiva de la tierra.
En los últimos 50 años el tema ha ido adquiriendo relevancia por distintas razones: desde las crecientes desigualdades sociales –que han incrementado el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social– hasta cambios en el mercado laboral, producto de avances tecnológicos que han producido una pérdida neta de empleo junto al incremento de la productividad.
El contexto europeo y la sostenibilidad financiera
La renta básica universal no es lo mismo que el ingreso mínimo vital. Una renta básica es una asignación monetaria pública incondicional dirigida a toda la población (independientemente de sus condiciones socioeconómicas), mientras que el ingreso mínimo vital es una prestación pública condicionada a situaciones de vulnerabilidad (pobreza, discapacidad, desempleo).
Desde finales de la década de 1980 los países europeos han ido aplicando programas de rentas mínimas para paliar el problema de la pobreza.
En 1988, Francia implementó el revenu minimum d’insertion (RMI), para dar apoyo económico a las personas sin recursos. En mayo de 2020 el Gobierno español aprobó un ingreso mínimo vital (IMV) para personas en situación de pobreza severa. Otros países europeos como Alemania, Suecia, Portugal, Italia y Bélgica cuentan también con programas de rentas mínimas.
En 1989, el Comité Económico y Social de las Comunidades Europeas señalaba:
“La pobreza debe ser combatida en todas sus causas y en todas sus consecuencias, ya que se trata de una injusticia que no puede aceptar una sociedad basada en principios y valores humanistas (…) Resulta evidente que nadie puede, a priori, ser considerado responsable de su pobreza”.
Las políticas asistenciales se muestran insuficientes para garantizar una vida digna a toda la población europea. De hecho, en 2023, 94,6 millones de personas (el 21,4 % del total) estaban en riesgo de pobreza o exclusión social.
¿Se puede financiar una renta básica europea?
Si se aspira a implantar una renta básica europea (EBI, por sus siglas en inglés), esta debe ser sostenible y equitativa. ¿Qué significa esto?
Sostenibilidad financiera implica que la EBI se pueda poder financiar a largo plazo, sin ampliar las desigualdades sociales existentes. Y financiación equitativa significa que los colectivos más vulnerables no vean su situación empeorada.
Una reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas y la introducción de un impuesto europeo sobre la riqueza y sobre las emisiones de gases de efecto invernadero permitirían financiar una renta básica europea.
Para llegar a esta conclusión realizamos un estudio de microsimulación estadística utilizando las estadísticas sobre ingresos y condiciones de vida publicadas por Eurostatde (EU-SILC 2020). Esto nos permitió observar el impacto que tendría una renta básica europea en la distribución de la riqueza y la reducción de la pobreza y las desigualdades en Europa.
El diseño de la renta básica europea
La renta básica que proponemos es individualizada por hogar. Esto significa que cada persona de la casa recibe la renta básica de forma separada, pero la cuantía se ajusta de acuerdo con las características de cada hogar. Para hacer el cálculo se aplica al primer adulto un peso de 1, a los mayores de 13 años un peso de 0,5 y a los menores de esa edad un peso de 0,3, siguiendo la llamada “escala de equivalencia modificada de la OCDE” que tiene en cuenta que, a medida que más personas cohabitan en un hogar, los costes aumentan pero de manera decreciente debido a las economías de escala en el consumo. La intención es reflejar las necesidades económicas de cada hogar según su tamaño y estructura.
El modelo de renta básica propuesto busca terminar con la pobreza. De ahí que el monto de la EBI se vincule al umbral de riesgo de pobreza (60 % de la renta mediana). Con esto se busca garantizar una cantidad suficiente para cubrir las necesidades básicas de todas las personas y ayudar a redistribuir la riqueza de forma más justa.
Además, se incluyen cláusulas especiales para que ningún hogar salga perjudicado o continúe en situación de pobreza tras la implementación de la renta básica. Esto permite que el modelo sea equitativo y financieramente sostenible, adaptándose a las realidades económicas y sociales de cada país dentro de la UE.
Reducir la desigualdad
Nuestra propuesta está diseñada para financiarse sin generar déficit estructural: la recaudación tributaria actual se mantendría sin cambios para poder hacer frente al gasto público. La financiación de la EBI se basa en una reforma del impuesto sobre la renta, la introducción de un impuesto común europeo sobre la riqueza y un impuesto a las emisiones de CO₂.
El coste bruto del modelo sería de 3,23 billones de euros pero se eliminarían las ayudas sociales de menor cuantía que la renta básica, lo que generaría 1,19 billones de euros de ahorro para la financiación del modelo. Así, la diferencia entre el coste bruto y el ahorro sería el coste neto de financiación de la renta básica universal: 2,04 billones de euros.
Este modelo supondría una mejora significativa de la distribución de la renta, pasando de 0,3756 a 0,3000 el coeficiente de Gini (que mide la desigualdad de ingresos en una misma región o país en el que 0 representa la igualdad perfecta).
Además, la implementación de la EBI conseguiría la eliminación de la pobreza relativa (cuando una persona es más pobre si se la compara con otra) y de la pobreza severa (por la que una persona no tiene cubiertas sus necesidades básicas).
Inclusión, equidad y cohesión
Con las reformas fiscales apropiadas y una distribución eficiente de los recursos, es económicamente viable financiar una renta básica que elimine la pobreza y reduzca las desigualdades en el total de países de la UE. En este sentido, el modelo propuesto, que incluye una fiscalidad progresiva y medioambiental, ofrece una hoja de ruta para los responsables políticos en el que la renta básica es una opción política.
La pandemia puso en evidencia la necesidad de contar con sistemas de bienestar robustos, reforzando la relevancia de la renta básica a la hora de garantizar la seguridad financiera de la población.
Mientras los retos y las incógnitas en torno a la renta básica persisten, los resultados de esta investigación muestran que una EBI es económicamente sostenible y que permitiría garantizar la existencia material de todas las personas, fomentando una Europa más inclusiva, equitativa y cohesionada.
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Texto publicado originalmente en The Conversation
Profesor e investigador, doctor en Estudios sobre Desarrollo, Mondragon Unibertsitatea
