Activistas pro derechos humanos responsabilizan a Marruecos y España de una nueva muerte en la frontera sur

Activistas pro derechos humanos responsabilizan a Marruecos y España de una nueva muerte en la frontera sur
La muerte de una joven y las heridas causadas a otras tres personas, en Tarfaya, en la costa africana, el pasado lunes, durante el tiroteo a una patera, al parecer, efectuado por la gendarmería marroquí, según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, “responden claramente a una declaración de guerra contra las personas migrantes por parte de nuestros gobernantes”

La asociación denuncia que no es la primera vez que sucede algo así, en referencia al caso de Hayat, la joven de 24 años que murió en el tiroteo efectuado por las fuerzas armadas de la Marina Real marroquí, a una patera que se dirigía hacia las costas españolas en septiembre de 2018.

También mencionan los sucesos de hace apenas dos meses, en los que, al menos, 37 personas murieron aplastadas y asfixiadas en el vallado fronterizo de Melilla con Nador, “debido a la violencia con la que fueron reprimidos”.

“De no ser por las organizaciones que constantemente denunciamos y visibilizamos estas prácticas, no se sabría quiénes son las personas que fallecen en nuestra frontera sur”, señala la organización.

Estos fallecimientos, alerta, son causados por la imposibilidad de poder migrar a través de vías legales y seguras debido, en su opinión, “a las prácticas que encierran este tipo de acuerdos provenientes de países europeos con terceros países”.

Lamentablemente, nos estamos acostumbrando

Para la APDHA, “a nuestros Gobiernos no les basta con proferir discursos y prácticas que desnaturalizan, criminalizan o deshumanizan a determinadas personas migrantes para legitimar las devoluciones en caliente o el encierro en cárceles racistas, que vulneran flagrantemente sus derechos, sino que lamentablemente, nos estamos acostumbrando a que nuestros Gobiernos obvien, e incluso elogien, este tipo de acciones o dilaten los procesos judiciales con el peso de la burocracia para que no se haga justicia –como sucedió en el caso de El Tarajal–“.

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Son personas que también huyen de guerras o de la pobreza”, critica la organización, en alusión a la rápida disposición con la que el Gobierno ha trabajado para proteger y garantizar el derecho a la vida de otras personas migrantes en circunstancias similares.

En el comunicado, la organización alerta del aumento de la opacidad en la gestión de las migraciones de la frontera sur, que está teniendo gravísimas consecuencias, y exige que “los Gobiernos de la Unión Europea y, especialmente, el Gobierno del Estado español que cumpla las leyes y reclame el respeto a los derechos humanos de las personas que migran, como demanda central a los países con los que se establecen todo tipo de acuerdos”.