Unas notas sobre el derecho a la vivienda: Queremos el pan entero

A quienes somos cristianos lo de creer que todo es posible no nos es ajeno el proceso histórico al que estamos asistiendo. Por eso la enorme movilización que ha desatado la tropelía perpetrada contra Maricarmen, una mujer de 87 años desahuciada del que ha sido su hogar durante toda la vida, no nos sorprende. Sabemos que, cuando la gente se junta y trabaja de manera fraterna, el pan, los peces y la solidaridad se multiplican.

Lo que ha ocurrido, el desalojo forzado de una persona que siempre pagó su alquiler ha puesto encima de la mesa el drama silencioso que viven al año unas 25.000 familias cada año.

Que en el siglo XXI el derecho a la vivienda, constitucionalmente reconocido en la Carta Magna, no sea una realidad, nos deja como país a la altura del betún. Por eso, la reacción de Maricarmen rebelándose ante la injusticia y animándonos a pelear por garantizarlo, para ella y para todas y todos, ha supuesto un punto de inflexión.

La vivienda ha pasado a estar en el centro del debate político desplazando a la xenofobia, el racismo y la aporofobia que han situado en el primer plano las derechas tras el drama humanitario que se vive en Ceuta.

Es impagable el servicio a la fraternidad que han prestado los centenares de activistas que pusieron el cuerpo para intentar evitar el lanzamiento de Maricarmen y los miles que han acampado en la Puerta del Sol y en otros lugares del estado reclamando el derecho a techo. Un ejemplo de autoorganización y de buen trabajo del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, del resto de movimientos en defensa de la vivienda y del resto de organizaciones políticas y sindicales que han recogido el guante.

El gobierno de coalición estaba obligado a responder y a estar a la altura de las circunstancias y en una semana ha aprobado dos Reales Decretos Ley.

En el primero se ha incluido la protección frente a los desahucios por arrendamientos durante los próximos cuatros años. La norma impide ejecutarlos a personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2030.

También se ha hecho realidad una prórroga de los contratos de arrendamiento en vigor de dos años, con limitación de subida de precios, para todos aquellos que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028. Además, se ha regulado (por fin) el alquiler de temporada y, también, de habitaciones. Este último punto era una de las mayores discrepancias entre los socios de gobierno, ya que las reivindicaciones de Sumar y de otras fuerzas políticas del bloque de investidura chocaban con el PSOE, que defendía que regular los contratos de habitaciones afectaba potencialmente a colectivos vulnerables. Por último, en este texto se limitan posibles compras especulativas realizadas por parte de empresas dedicadas al sector inmobiliario.

Son buenas medidas, suponen un importante paso adelante, pero son insuficientes porque no cambian el modelo.

Lamentablemente también se han incorporado incentivos y rebajas fiscales que primarán a arrendadores y esa no es nunca una buena decisión para acabar con el rentismo y los conocidos como fondos buitre podrán seguir adquiriendo viviendas para hacer negocio con ellas. Más cara, pero podrán seguir vampirizando el fruto del trabajo de las personas asalariadas.

Y tampoco podemos aplaudir que no se hayan convertido en indefinidos por defecto los contratos de arrendamiento salvo causa justificada de rescisión. La posición contraria del PSOE y de Junts, cuyos votos son necesarios para la convalidación del Real Decreto Ley, ha obligado a que se apruebe un segundo texto.

En esta segunda norma se ha aprobado que, salvo que alguna de las partes comunique su voluntad de no prorrogar el contrato, cuando pasen los 5 años de duración de un contrato de alquiler, ese contrato se renueva por otros 5 años. Si el propietario no quiere renovarlo tiene que avisar con medio año de antelación a su inquilino e indemnizarlo con el equivalente a 12 meses de alquiler de una vivienda parecida.

Sería un avance importante, aunque queda lejos de la aspiración de las organizaciones políticas de la izquierda transformadora y del Sindicato de Inquilinas que aspiramos a cambiar el modelo para convertir en automática o indefinida la relación contractual salvo circunstancias tasadas (faltas graves de los inquilinos o necesidad del arrendatario). Aunque pone precio (y elevado) a una rescisión por motivos especulativos, no se consigue íntegramente la renovación automática indefinida.

Avances que requieren mucho más

Por eso es imprescindible que, independientemente de lo que ocurra en la convalidación necesaria en el Congreso de los Diputados de los dos reales decretos, nos juramentemos para que, la movilización y la lucha sindical, social, vecinal y política, no se detenga hasta que la vivienda sea un derecho.

Hace quince años la crisis (otra más del sistema criminal en el que vivimos) y su gestión por parte de los de siempre, dejó en la estacada a millones de personas. Y por eso las plazas de todo el país se llenaron de personas que estábamos hasta el gorro de ser mercancía en manos de algunos políticos y de todos los banqueros. Queríamos cambiar las cosas.

Pero todas y todos sabemos que no es sencillo cambiar la dirección de un gran trasatlántico en un reducido espacio. Hay quienes creen que nada se logró como resultado del movimiento del 15M. No lo comparto. Se incorporó mucha gente a la movilización y hay medidas positivas incuestionables fruto de esa rebelión. Eso es muy importante.

Pero no se arreglaron las cosas. De forma resumida porque ninguna de las carencias estructurales severas que tienen las y los de abajo, las personas normales que viven/vivimos de nuestro trabajo, tienen solución definitiva en un sistema capitalista que pone por delante el lucro antes que la satisfacción de las necesidades.

Que esa contradicción exista no obsta para que no tengamos capacidad de avanzar de forma mucho más decidida en el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda para miles de inquilinas e inquilinas precarias en todo el estado y que ha desbordado el vaso con el desahucio de Maricarmen.

Por eso hay que volver a intentarlo.

Desde el punto de vista teórico, no hay números en el Congreso para aprobar normas garantistas y avanzadas en materia de vivienda por la mayoría de las derechas. Sin embargo, solo es imposible aquello que no intentamos.

Defender el derecho a la vivienda y garantizarlo, merece la pena. No creo que podamos dudar con quién estaría Jesús de Nazaret en caso de darse una vuelta por aquí en estos días. Me lo imagino en las asambleas del Sindicato de Inquilinas, poniendo el cuerpo de forma no violenta para impedir desahucios, al servicio de todas y todos en las acampadas.

En definitiva, peleando por una vida mejor al lado de miles de activistas. No dudo que nos animaría a no conformarnos con las migajas de unos reales decretos que no solucionarán estructuralmente el problema de la vivienda y a reclamar el derecho al pan entero.

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Carlos Sánchez Mato

Miembro de una comunidad cristiana, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, responsable de Economía, Programa y Modelo de País de Izquierda Unida y activista.