El Gobierno aprueba dos decretos para frenar desahucios, congelar alquileres y renovar automáticamente los contratos
El paquete amplía hasta 2030 la protección de las personas vulnerables sin alternativa habitacional, prorroga dos años determinados contratos y regula los alquileres de temporada y habitaciones. Un segundo decreto establece la renovación automática de los arrendamientos
El Gobierno ha aprobado este martes dos reales decretos-leyes con un amplio paquete de medidas para intervenir sobre la crisis de la vivienda: ampliar hasta 2030 la protección frente a los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, prorrogar durante dos años determinados contratos de alquiler, congelar sus actualizaciones, regular los arrendamientos de temporada y por habitaciones, limitar temporalmente determinadas compras especulativas y facilitar el acceso tanto al alquiler como a la primera vivienda.
Un segundo real decreto-ley incorpora además la renovación automática de los contratos de alquiler, una medida con la que el Ejecutivo pretende proporcionar mayor estabilidad a las personas inquilinas y acercar el sistema español a modelos existentes en otros países europeos.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha presentado las medidas después de meses de negociación, según ha dicho. El primero de los decretos recupera y amplía buena parte del paquete que el Ministerio venía trabajando desde antes del verano. El segundo aborda específicamente la estabilidad de los contratos y llega al Congreso con una negociación política previa menor.
Rodríguez ha relacionado expresamente la aprobación de las medidas con el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años expulsada la pasada semana de la vivienda madrileña en la que había residido durante décadas, y la presión social establecida desde ese momento con manifestaciones que desembocó en la acampada en Sol.
“Lo que hemos vivido en los últimos días en nuestro país como consecuencia de la indignidad de que una persona mayor tenga que ser expulsada de su casa, desahuciada de su casa, creo que nos ha interpelado a todos”, ha afirmado.
La ministra ha reconocido que buena parte de las medidas llevaban tiempo preparadas y ha lamentado que haya sido necesario llegar a una situación como esta para desbloquear políticamente el acuerdo. “La sociedad española no se puede permitir, no debe permitirse episodios como este”, ha sostenido.
Protección hasta 2030 y dos años más de contrato
Uno de los principales bloques del primer real decreto-ley está destinado a impedir los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional. El Gobierno amplía la vigencia del denominado escudo social hasta el 31 de diciembre de 2030 y refuerza los mecanismos de protección de las administraciones públicas.
“Que no vuelva a haber otro caso como el de Maricarmen en nuestro país”, ha resumido Rodríguez al presentar una medida con la que el Ejecutivo pretende “poner pie en pared a la especulación”.
La protección hasta 2030 modifica el horizonte que había aparecido en los borradores manejados durante la negociación. Rodríguez ha explicado que el objetivo del Ministerio continúa siendo avanzar hacia una solución estructural, pero ha defendido la necesidad de alcanzar ahora un acuerdo susceptible de obtener respaldo parlamentario.
A esta protección se suma una prórroga extraordinaria de dos años para los contratos de alquiler en vigor que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028. El paquete congela además las actualizaciones de los alquileres, de manera que no puedan incrementarse por encima del índice establecido para la actualización de las rentas.
La intervención sobre los contratos se completa con la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones. El Gobierno pretende cerrar vías que, según Rodríguez, se están utilizando para eludir las protecciones correspondientes al arrendamiento de vivienda habitual.
“Cuando vamos poniendo protección a los contratos de alquiler residencial, se escapan hacia otras vías y hay que tapar también esas vías”, ha explicado.
El Ejecutivo actuará también sobre las viviendas turísticas. Rodríguez ha señalado que las comunidades autónomas deben clausurar aquellas que operan ilegalmente y ha anunciado la aplicación de un IVA del 10% a este tipo de alojamientos para evitar que la vivienda residencial se desplace hacia usos turísticos.
Renovación automática de los alquileres
El Gobierno ha separado en un segundo real decreto-ley una de las medidas de mayor alcance: la renovación automática de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.
Rodríguez ha explicado que el propósito es modificar progresivamente un modelo en el que el vencimiento periódico del contrato coloca a muchas personas inquilinas ante la incertidumbre de una subida de la renta o la pérdida de su vivienda.
“Vivir de alquiler no sea vivir de segunda, para que vivir de alquiler no sea vivir en vilo, para que vivir de alquiler también sea vivir tranquilo”, ha defendido la ministra.
La norma contempla la renovación automática con determinadas salvaguardas y excepciones. Rodríguez no ha detallado durante su primera intervención cuáles serán esas circunstancias.
El Ejecutivo se ha inspirado, según ha explicado, en legislaciones de otros países europeos con mayor estabilidad contractual, aunque la ministra ha señalado una diferencia importante: esos países disponen también de parques públicos de alquiler más desarrollados.
Rodríguez ha relacionado esta reforma con el modelo que el Gobierno está impulsando mediante Casa 47 —el organismo público que aspira ampliar y proteger la vivienda asequible–, donde los contratos de alquiler público pueden alcanzar hasta 75 años.
Este segundo decreto parte, sin embargo, de una situación parlamentaria diferente. La propia ministra ha reconocido que no ha podido trabajarse previamente con los grupos políticos con “la dedicación, el tiempo” y los debates empleados para construir el primer paquete.
Menos compras especulativas y más parque público
El primer real decreto-ley incorpora también medidas dirigidas a impedir determinadas compras especulativas de vivienda.
Rodríguez ha anunciado que el Ejecutivo identificará las operaciones y empresas afectadas para impedir que determinados fondos continúen adquiriendo inmuebles con fines exclusivamente especulativos.
“No solamente ponemos nombres y apellidos a los especuladores, como ha ocurrido en el caso de Urbagestión –en relación al desahucio de Maricarmen–, sino que además vamos a identificar a esas empresas para prohibirles que sigan mercadeando con un bien esencial”, ha señalado.
La prohibición se extenderá hasta 2028 y atenderá a las características de las operaciones, como determinadas compras de paquetes de viviendas o adquisiciones por debajo del precio de mercado destinadas al lucro inmediato.
El Gobierno reordenará además la fiscalidad de las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (Socimis). El objetivo, según Rodríguez, es orientar sus inversiones hacia la vivienda asequible y evitar que los incentivos fiscales favorezcan operaciones especulativas.
El decreto incorpora igualmente medidas destinadas a aumentar la oferta pública y protegida.
Rodríguez ha considerado la ampliación del parque público la principal herramienta estructural para afrontar la crisis de la vivienda, aunque ha reconocido que necesita más tiempo para producir resultados que las medidas inmediatas sobre alquileres y desahucios.
El Gobierno reforzará el modelo de Casa 47 y activará nuevas vías para incorporar viviendas al parque público estatal. También reducirá el IVA hasta el tipo superreducido del 4% para las viviendas de promoción pública y las viviendas protegidas con el objetivo de favorecer su construcción.
Desgravaciones para inquilinos y préstamos al 0% para comprar
El paquete incorpora también medidas destinadas a reducir el esfuerzo económico de las familias.
Rodríguez ha advertido de que existen hogares que destinan entre el 50% y el 60% de sus salarios al alquiler. El Gobierno permitirá desgravar el alquiler a las personas inquilinas con ingresos inferiores a 33.000 euros anuales. Según las cifras ofrecidas por la ministra, la medida podría alcanzar a alrededor de 1,6 millones de personas.
También habrá incentivos fiscales para propietarios que mantengan sus viviendas en alquiler a precios asequibles. Rodríguez ha defendido acompañar mediante bonificaciones a quienes no participen en dinámicas especulativas y mantengan las rentas por debajo de los precios del mercado.
El Ejecutivo crea además el programa “Tu Casa” para personas y familias con capacidad económica para pagar una hipoteca pero que no han podido ahorrar la cantidad necesaria para afrontar la entrada de su primera vivienda.
El Estado adelantará esa financiación mediante un préstamo al 0% de interés. La medida no estará limitada por la edad de quien solicite la ayuda.
Rodríguez ha explicado que el programa se dirige a personas con empleo e ingresos suficientes para asumir posteriormente un crédito hipotecario, pero cuya carga residencial les ha impedido reunir el ahorro previo necesario.
La ministra ha relacionado estas actuaciones con la necesidad de reducir el peso que está adquiriendo la vivienda sobre los ingresos familiares. “En ocasiones se lleva el 50 o el 60% de sus salarios”, ha advertido.
El Congreso decide ahora la continuidad de las medidas
Los dos reales decretos-leyes deberán pasar ahora por el Congreso de los Diputados para su convalidación. El Gobierno trabaja con la previsión de someterlos a votación en un pleno extraordinario este viernes, apenas tres días después de su aprobación por el Consejo de Ministros.
Los textos llegan, sin embargo, con un grado diferente de negociación previa. El primero, que reúne las medidas sobre desahucios, prórrogas, alquileres de temporada y habitaciones, compras especulativas, fiscalidad y parque público, es fruto de meses de conversaciones con grupos parlamentarios y organizaciones sociales.
Rodríguez ha defendido que el Gobierno ha buscado un acuerdo suficientemente amplio y ha pedido a los grupos “altura de miras y generosidad”. “Este viernes el Congreso tiene una oportunidad”, ha afirmado, vinculando de nuevo la votación con el desahucio de Maricarmen. “Con su lucha hoy van a ganar otras muchas personas que no se van a ver en la situación lamentable en la que ella se ha encontrado”.
El segundo real decreto-ley, destinado a reforzar la estabilidad de los contratos mediante su renovación automática, llega con menos negociación parlamentaria. La propia ministra ha reconocido que este texto no ha podido trabajarse con los grupos con “la dedicación, el tiempo” y los debates empleados para construir el primero.
La convalidación de ambos decretos determinará, por tanto, la continuidad de las medidas aprobadas este martes. Rodríguez ha cerrado su intervención con un reconocimiento a los movimientos sociales que han acompañado las reivindicaciones por el derecho a la vivienda y un nuevo llamamiento a los grupos parlamentarios para respaldar los textos.
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Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)
