La movilización por la vivienda encuentra un país que desconfía de la garantía de este derecho
El adelanto del CIS sobre el Estado de bienestar muestra que un 86,6% considera que el acceso a una vivienda digna no está garantizado para todas las personas. Dos de cada tres creen que el acceso a la primera vivienda empeorará, en pleno debate sobre los “decretos Maricarmen”
El 86,6% de la población considera que el acceso a una vivienda digna y adecuada no está garantizado para todas las personas en España. El adelanto del estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre Actitudes hacia el Estado de bienestar muestra que el 68,4% cree que este derecho solo está garantizado para algunas personas, mientras que el 18,2% sostiene que no lo está para nadie. Solo el 11,9% considera que está garantizado para todas.
Los resultados se conocen en un momento de intensa movilización social y debate político sobre la vivienda. El desahucio de Maricarmen, la protesta que desembocó en la acampada de la Puerta del Sol y la aprobación de dos reales decretos-leyes (I y II) por el Gobierno han situado en el centro de la actualidad la protección frente a la pérdida del hogar y la estabilidad de los alquileres.
El movimiento inquilino mantiene la presión. Los Sindicatos de Inquilinas han llamado a movilizarse este fin de semana para exigir reformas profundas. “Se ha abierto una ventana de oportunidad histórica para revertir décadas de mercantilización de la vivienda”, sostienen las organizaciones. También solicitan a todo el arco parlamentario que voten a favor de los dos reales-decretos.
Las entrevistas del CIS se realizaron entre el 10 y el 17 de septiembre, antes de estos acontecimientos. El estudio no mide, por tanto, una reacción a las protestas o a los decretos, pero aporta una fotografía previa del alcance de la desconfianza ciudadana: la vivienda obtiene la menor percepción de garantía universal entre los ocho derechos sociales consultados y la peor expectativa de futuro entre los seis ámbitos de protección social analizados.
Los nuevos resultados dan continuidad a lo que los barómetros del CIS venían señalando: la vivienda ocupa un lugar central entre las preocupaciones ciudadanas y condiciona la vida cotidiana. El adelanto añade ahora una dimensión especialmente relevante en pleno debate sobre cómo afrontar la crisis: una amplia mayoría percibe que el acceso a una vivienda digna solo está garantizado para algunas personas o no lo está para nadie.
Una garantía que solo alcanza a algunas personas
El estudio, que mide percepciones, pregunta si los derechos sociales están garantizados “para todas las personas, solo para algunas o no están garantizados para nadie”. En el caso del acceso a una vivienda digna y adecuada, más de dos tercios eligen la segunda respuesta.
El 68,4% percibe así una garantía limitada a una parte de la población. Otro 18,2% ofrece una valoración todavía más negativa y considera que este derecho no está garantizado para nadie. La suma de ambas respuestas alcanza el 86,6%.
El contraste con los demás derechos consultados es considerable. El 60,7% considera que la protección de la salud está garantizada para todas las personas; el 60,6% piensa lo mismo del acceso a una educación pública de calidad, y el 56% de la protección de la infancia.
Incluso los derechos con una valoración menos favorable obtienen porcentajes superiores al de la vivienda: el 37,6% percibe una garantía universal de la inclusión social y plena autonomía de las personas con discapacidad, y el 28,8% de vivir en un medioambiente adecuado. En vivienda, ese reconocimiento se reduce al 11,9%.
Dos de cada tres personas esperan que el acceso empeore
La valoración del presente se acompaña de una expectativa mayoritaria de deterioro. El 65,9% cree que el acceso a la primera vivienda empeorará, frente al 14,3% que espera una mejora y el 17,2% que considera que seguirá igual.
Es la previsión más negativa entre los ámbitos de protección social incluidos en esta pregunta. Supera al sistema público de pensiones, cuyo empeoramiento anticipa el 57,5%, y a la atención sanitaria, con un 51,1%. También queda por encima de la protección frente al desempleo (46,2%), el sistema educativo público (44,7%) y el cuidado de las personas mayores (43,8%).
Este organismo público se refiere expresamente al “acceso a la primera vivienda”, sin distinguir entre compra y alquiler ni fijar un plazo concreto. Las respuestas corresponden al conjunto de la población adulta entrevistada.
La actual movilización y el debate sobre las nuevas medidas se desarrollan, por tanto, sobre un malestar que ya estaba registrado antes del desahucio de Maricarmen: la vivienda encabezaba las preocupaciones del país y una amplia mayoría percibía que su acceso carecía de garantía universal. El nuevo estudio añade que casi dos de cada tres personas tampoco confían en que el acceso a la primera vivienda vaya a mejorar.
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Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)
