Sin vivienda accesible, tampoco hay trabajo decente
Iglesia por el Trabajo Decente sitúa la crisis habitacional en el centro de la Jornada Mundial del 7 de octubre y reclama vivienda pública, regulación de alquileres y freno a la especulación
Tener empleo ya no garantiza poder acceder a una vivienda ni sostener un proyecto de vida autónomo. Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) sitúa esta realidad en el centro de su manifiesto para la Jornada Mundial por el Trabajo Decente del próximo 7 de octubre y vincula directamente la precariedad laboral con una crisis habitacional que considera uno de los principales rostros actuales de la exclusión.
El pronunciamiento llega en mientras el Congreso celebra este viernes un pleno extraordinario para decidir sobre la convalidación de los dos reales decretos-ley aprobados por el Gobierno en materia de vivienda, con medidas sobre desahucios, alquileres y estabilidad de los contratos.
“Ante la exclusión, trabajo decente” es el lema elegido este año por las entidades que forman ITD. Su manifiesto parte de una constatación que desborda la tradicional relación entre empleo y pobreza: “Tener empleo ya no garantiza acceder a una vivienda digna”.
La iniciativa eclesial sostiene que los alquileres elevados y unos precios de compra inasumibles están obligando a muchas personas trabajadoras a compartir vivienda, endeudarse o renunciar a su emancipación. Cuando el derecho a la vivienda queda subordinado a la especulación, advierte, “el trabajo pierde su capacidad de sostener una vida digna”.
Cuando el salario deja de alcanzar para vivir
El manifiesto introduce así la vivienda dentro de la propia definición de trabajo decente. No basta con disponer de empleo si los ingresos obtenidos no permiten satisfacer una necesidad básica como disponer de un hogar.
“Sin vivienda accesible, la exclusión se perpetúa, aunque exista empleo”, afirma ITD. La iniciativa llama además la atención sobre una consecuencia que empieza a alcanzar al propio funcionamiento de la economía: empresas que encuentran dificultades para cubrir determinados puestos porque las personas trabajadoras no pueden asumir el coste de vivir cerca del lugar de trabajo.
La relación entre salario y vivienda lleva a ITD a reclamar condiciones laborales que permitan sostener realmente una vida digna: contratos indefinidos y a tiempo completo, salarios acordes con el coste de la vida y políticas que favorezcan la conciliación personal y familiar.
La vivienda deja así de aparecer únicamente como una política social y pasa a formar parte de la discusión sobre qué significa hoy un salario suficiente y un empleo digno.
Una juventud que no puede emanciparse
El manifiesto dedica una atención especial a las generaciones jóvenes, afectadas simultáneamente por empleos precarios y por el encarecimiento de la vivienda.
ITD contrapone las expectativas asociadas durante décadas a la formación y el empleo con una realidad en la que muchas personas jóvenes encuentran enormes dificultades para llegar a fin de mes y deben prolongar durante años la convivencia familiar o compartir vivienda porque no pueden asumir un alquiler ni plantearse la compra de una casa.
La iniciativa denuncia además el contraste entre esas dificultades cotidianas y una cultura digital que presenta como normales el enriquecimiento rápido, el rentismo, la inversión especulativa o estilos de vida inaccesibles para la mayoría.
En su diagnóstico, esta situación no responde simplemente a una falta de oferta. El manifiesto señala expresamente la especulación inmobiliaria, los fondos buitre, las viviendas turísticas, los pisos no declarados y determinados abusos de propietarios, mientras las capas con mayor capacidad económica continúan acumulando inmuebles.
Vivienda pública y regulación de los alquileres
Las demandas de Iglesia por el Trabajo Decente coinciden este viernes con un pleno extraordinario del Congreso que, a partir de las 11:00 horas, debe pronunciarse sobre la convalidación o derogación de los dos reales decretos-ley aprobados por el Gobierno en materia de vivienda. El primero refuerza la protección frente a determinados desahucios y otras medidas vinculadas a la función social de la vivienda; el segundo busca reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento habitual.
PP, Vox y Junts han anunciado su rechazo, lo que deja ambos textos sin los apoyos suficientes para salir adelante si esas posiciones se mantienen. El Gobierno ha decidido mantenerlos para su votación.
En este contexto, ITD reclama políticas públicas que garanticen el derecho a una vivienda digna y asequible, la ampliación del parque público, la regulación de los precios del alquiler y el “cese de la especulación que expulsa a familias enteras de sus barrios”.
Su planteamiento es reclamar respuestas estructurales capaces de hacer efectivo el derecho a la vivienda. Esa posición coincide con una creciente presencia de esta cuestión en la agenda social de la Iglesia española. Este jueves, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán, definió la vivienda como un derecho y no como un privilegio, reclamó un pacto de Estado y pidió superar las respuestas “de parche”.
El manifiesto de ITD sitúa además esta reflexión en continuidad con León XIV. Recupera una llamada del Papa realizada este año para que la respuesta ante la falta de vivienda digna no quede reducida a “acciones aisladas” frente a cada emergencia, sino que contribuya a generar una conciencia y una responsabilidad permanentes.
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Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)
