Aprobada una subida salarial del 4,5% para tres millones de personas empleadas públicas en 2027

Aprobada una subida salarial del 4,5% para tres millones de personas empleadas públicas en 2027
El Gobierno cumple el tramo del acuerdo sindical previsto para el próximo año. Función Pública anticipa además un 0,5% adicional correspondiente a 2026, condicionado al dato definitivo de inflación

Las retribuciones de las personas empleadas públicas subirán un 4,5% en 2027. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto ley que recoge el incremento pactado con las organizaciones sindicales para el próximo ejercicio, con efectos desde el 1 de enero y un alcance de alrededor de tres millones de personas trabajadoras de las distintas administraciones.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido que se trata de la mayor subida salarial del colectivo desde 1992. Ha vinculado la decisión al cumplimiento del acuerdo firmado en noviembre de 2025 y a la necesidad de responder al encarecimiento de la vida.

“Si coincidimos todos en que el principal problema es el coste de la vida, lo que tiene que hacer el Gobierno es dar ejemplo”, ha afirmado. El ministro ha relacionado la mejora de las retribuciones con la dignificación del trabajo de quienes sostienen los servicios públicos.

El 4,5% corresponde al tramo previsto para 2027 dentro del acuerdo plurianual, que contempla un incremento global del 11% entre 2025 y 2028. López ha insistido en que el porcentaje responde a ese calendario pactado y ha destacado el papel de las organizaciones sindicales en su negociación.

El complemento pendiente de 2026

Además de la subida del próximo año, el ministro ha anticipado la aplicación de un incremento adicional del 0,5% correspondiente a 2026, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este ejercicio, si el dato definitivo de inflación confirma el cumplimiento de la condición establecida en el acuerdo.

López da por hecho que se superará el umbral del 1,5%, aunque ha situado la concreción de ese complemento en el momento en que se conozca el dato final. Se trata de dos actuaciones correspondientes a ejercicios distintos: una revisa las retribuciones de 2026 y la otra fija el aumento para 2027.

Esta distinción permite entender por qué el ministro ha señalado que el efecto de las mejoras será superior al porcentaje anunciado para el próximo año. El complemento pendiente deberá incorporarse en los términos que correspondan y genera atrasos por su carácter retroactivo.

El incremento del 4,5% alcanza al personal de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales. Según ha explicado López, el Gobierno lo aplicará directamente al personal estatal desde enero, mientras que las demás administraciones deberán concretar su aplicación y el momento del abono en sus respectivos ámbitos.

La distribución del empleo público hace especialmente relevante su desarrollo autonómico y local. El ministro ha recordado que una parte mayoritaria del personal trabaja en las comunidades autónomas y ha insistido en que la subida afecta al conjunto de administraciones.

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Financiación y trámite parlamentario

López ha relacionado la aplicación del acuerdo con el aumento de los recursos que recibirán las administraciones territoriales. Hacienda ha anunciado un incremento del 9,1% de la financiación autonómica para 2027, sumando las entregas a cuenta y la liquidación del sistema.

El ministro de Función Pública ha defendido que esos recursos deben servir para mejorar los servicios y las condiciones laborales de quienes los prestan. La subida salarial afecta así a las economías de los hogares del personal público y a la política de empleo de las administraciones.

El real decreto ley deberá superar su tramitación parlamentaria. López ha explicado que la aprobación en noviembre permite disponer del tiempo necesario para completar los trámites y habilitar la financiación con la que hacer efectiva la mejora desde el 1 de enero.

“Para que sea efectivo el 1 de enero hay que aprobarlo ahora”, ha señalado. El ministro ha situado el paso por la Diputación Permanente dentro de ese procedimiento y ha expresado su confianza en que las fuerzas parlamentarias respalden la medida.

En su comunicado conjunto sobre las decisiones del Consejo de Ministros, CCOO y UGT también han destacado la importancia de esta revisión salarial. Recuerdan que fue pactada en noviembre de 2025 y consideran que permite mantener el poder adquisitivo de un colectivo de tres millones de personas trabajadoras.

La aprobación cumple, por tanto, el tramo del acuerdo previsto para 2027. Quedan por concretar la aplicación del complemento ligado a la inflación de 2026 y los calendarios de abono en los distintos ámbitos de la Administración.

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