Entidades de derechos humanos rechazan la creación de un centro de retorno de migrantes en Ruanda

Medio centenar de organizaciones de derechos humanos, ayuda humanitaria, acción social y representación sindical de 15 países han expresado su rechazo a la creación de los denominados “centros de retorno” fuera de la Unión Europea, tras el anunció de negociaciones enre Austria, Dinamarca, Alemania, Grecia y Países Bajos para establecer una de estas instalaciones en Ruanda.
La declaración conjunta, difundida por el International Rescue Committee (IRC), responde a la presentación formal realizada el 16 de noviembre de 2026 del proyecto de estos cuatro países comunitarios, con gobiernos de diferentes tendencias, para establecer un centro de retorno en Ruanda, al que podrían trasladar a personas sin autorización de residencia en la UE a terceros países con los que no mantienen vínculos personales, familiares o sociales.
Las entidades denunciantes sostienen que estas medidas desplazan fuera del territorio europeo tanto a las personas afectadas como la responsabilidad sobre su protección. Además, cuestionan que los mecanismos de supervisión previstos puedan garantizar de manera efectiva el respeto de los derechos fundamentales.
En su comunicado, las organizaciones denuncian que algunos gobiernos presentan estos centros como espacios de acogida o de oportunidades para las personas migrantes. Sin embargo, consideran que se trata de traslados forzosos que pueden afectar a personas que han vivido o trabajado durante años en Europa y que serían enviadas a países donde carecen de redes familiares o de apoyo.
Dudas sobre las garantías de protección en Ruanda
La declaración señala que el nuevo Reglamento europeo sobre retornos exige que los acuerdos con terceros países respeten los estándares internacionales de derechos humanos y el principio de no devolución, que prohíbe enviar a una persona a un lugar donde pueda sufrir persecución o daños graves.
Tambimen cuestionan que Ruanda reúna estas condiciones. Como argumentos citan informes de las autoridades de asilo austríacas sobre torturas, detenciones arbitrarias e impunidad en el país, así como la sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido de 2023 que apreció riesgos de devolución indirecta de personas a países donde podían enfrentarse a persecución o graves vulneraciones de derechos.
Al tiempo, expresan su preocupación por la falta de independencia judicial, las denuncias sobre actuaciones de las fuerzas de seguridad y la ausencia de mecanismos de supervisión que, a su juicio, puedan intervenir de forma efectiva cuando se produzcan vulneraciones de derechos.
Críticas al papel previsto para Frontex
Otro de los aspectos criticados es la propuesta presentada por la Comisión Europea para modificar el marco de actuación de Frontex. Según las organizaciones, la reforma permitiría a la agencia participar en operaciones de retorno desarrolladas en terceros países, incluidos los posibles centros de retorno establecidos fuera de la Unión.
Las entidades humanitarias recuerdan que la agencia europea sigue arrastrando problemas de rendición de cuentas y afirman que la nueva propuesta ampliaría sus competencias sin reforzar suficientemente los mecanismos de control y supervisión de los derechos fundamentales.
Petición a los Estados miembros
Las organizaciones firmantes piden a los gobiernos de Austria, Dinamarca, Alemania, Grecia y Países Bajos que renuncien a la creación del centro previsto en Ruanda y reclaman que la Unión Europea impulse alternativas centradas en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de protección.
A su juicio, los Estados miembros deben promover soluciones estables y dotadas de recursos suficientes para favorecer la integración social de las personas migrantes y refugiadas, en coherencia con los valores fundacionales de la Unión Europea.
Entre las organizaciones que suscriben la declaración figuran entidades de referencia en la defensa de los derechos humanos, la protección de las personas refugiadas y migrantes, la acción sindical y la justicia social, como Human Rights Watch (Observatorio de los Derechos Humanos), European Public Service Unions (EPSU) (Federación Sindical Europea de Servicios Públicos), Jesuit Refugee Service Europe (Servicio Jesuita a Refugiados Europa), PRO ASYL, Sea-Watch, EuroMed Rights (Red Euromediterránea de Derechos Humanos), WeMove Europe y el International Rescue Committee (Comité Internacional de Rescate). Desde España, respaldan el pronunciamiento Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans, la Red ACOGE, y NOVACT – Instituto de Noviolencia
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