Mejor formación y servicios públicos de empleo para combatir el paro juvenil y de larga duración
La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) advierte de que el desempleo juvenil y el paro de larga duración siguen siendo dos de los principales problemas estructurales del mercado laboral español, pese a la mejora general del empleo registrada en los últimos años y reclama una verdadera Agencia de Empleo así como reordenar las ayudas públicas hacia la formación.
Así lo recoge el informe Retos de las Políticas de Empleo en España en el marco institucional de la Unión Europea: el empleo de las personas jóvenes y paradas de larga duración, elaborado por la Universidad Carlos III de Madrid por encargo del sindicato.
El estudio, coordinado por el profesor Daniel Pérez del Prado junto a los investigadores Ana García García y Víctor Maneiro Hervell, plantea una reorientación de las bonificaciones a la contratación para destinarlas únicamente a colectivos de alta vulnerabilidad.
La proliferación de bonificaciones a la contratación de carácter generalista o indiscriminado acaban provocando “el efecto de peso muerto”, contrataciones que las empresas habrían realizado igualmente sin necesidad de subvención pública.
En su opinión, los incentivos a la contratación mediante cuotas o subsidios deben restringirse de forma estricta a colectivos vulnerables (como jóvenes en riesgo de exclusión, mayores de 45 años y parados de muy larga duración) y vincularse a un diagnóstico o perfilado previo de los demandantes.
Campeón europeo en paro juvenil
Según el estudio, la tasa de paro juvenil se situó en el 24,5% en 2025, una cifra que, aunque supone una reducción de más de la mitad respecto al 57% registrado en 2013, continúa siendo diez puntos superior a la media de la Unión Europea, cifrada en el 14,9%.
España encabeza además la clasificación comunitaria de desempleo juvenil, por delante de Suecia (24,3%), Rumanía (23,9%) y Grecia (22,5%).
El informe también alerta sobre el desempleo de larga duración. España registra una tasa del 3,8%, el doble de la media europea (1,9%), y es el segundo país de la UE con peores resultados en este indicador, solo superado por Grecia.
Además, el 38,8% de las personas desempleadas llevan un año o más buscando trabajo, una proporción que asciende al 43,3% en el caso de las mujeres.
La investigación subraya que aunque España ha incrementado de forma significativa la inversión en políticas activas de empleo, persisten importantes déficits en su aplicación.
Entre 2018 y 2022 el gasto en estas políticas aumentó un 20%, al pasar de 8.500 millones a 10.200 millones de euros. En 2022 la inversión alcanzó el 0,76% del PIB, situando al país en la mitad superior de la clasificación europea.
Sin embargo, el elevado volumen de personas desempleadas reduce el gasto por parado hasta 3.331 euros, lejos de países como Dinamarca o Irlanda.
El documento identifica la formación como el principal punto débil de las políticas de empleo. Solo en 2024 quedaron sin ejecutar 616 millones de euros del presupuestp del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) destinados a acciones formativas.
Presupuesto sin gastar
Mientras la mayoría de programas alcanzaron niveles de ejecución cercanos al 100%, la formación para personas desempleadas apenas ejecutó el 74% de su presupuesto y la dirigida a trabajadores ocupados el 65%.
Para los investigadores, esta situación resulta especialmente preocupante porque “la formación, combinada con la tutorización individual y los itinerarios personalizados de inserción, genera los mayores incrementos en las tasas de inserción laboral”. Por ello, consideran que debe convertirse en la política activa prioritaria para la población joven.
El informe también llama la atención sobre la falta de recursos humanos en los servicios públicos de empleo. Aunque las relaciones de puestos de trabajo contemplan más de 26.700 empleados entre el SEPE y los servicios autonómicos, el organismo estatal mantiene cerca del 30% de sus plazas vacantes, con 3.507 puestos sin cubrir de un total de 11.811.
Las diferencias territoriales son otro de los aspectos destacados. País Vasco, Galicia y Castilla y León presentan las mejores ratios de atención, con entre 76 y 103 personas desempleadas por cada empleado público dedicado al empleo.
En el extremo contrario figuran Madrid, Canarias y Andalucía, donde cada trabajador atiende entre 240 y 316 personas desempleadas. Los autores vinculan esta situación a la elevada presión asistencial derivada de mayores tasas de paro y, en el caso madrileño, a una planificación insuficiente de efectivos.
Entre sus conclusiones, el estudio defiende que las políticas de empleo deben orientarse prioritariamente hacia jóvenes, mujeres y personas desempleadas de larga duración.
También apuesta por reforzar los servicios públicos de empleo, mejorar la ejecución de los recursos destinados a formación y avanzar hacia un modelo basado en derechos exigibles para las personas usuarias, en línea con la Ley de Empleo de 2023, donde se contempla ya creación de la Agencia Española de Empleo.
Los autores consideran además que existe un amplio margen de mejora en la evaluación de las políticas activas. Aunque la normativa obliga a medir su impacto y publicar resultados, señalan que persiste una escasez de estudios empíricos sobre la eficacia real de los programas y reclaman sistemas de evaluación más rigurosos para identificar qué medidas funcionan mejor y para qué colectivos.
“Hay margen para mejorar la formación tanto de personas ocupadas como desempleadas simplemente elevando la ejecución del presupuesto actual, sin necesidad de aumentar el gasto”, concluye el informe, que subraya la necesidad de fortalecer el Sistema Nacional de Empleo para afrontar los desafíos del paro juvenil y de larga duración en España.
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