Aumenta la presión para aprobar la legislación contra los desahucios
El desahucio de Maricarmen Abascal, vecina de 87 años del madrileño barrio de Retiro, ha desencadenado un cruce de acusaciones entre el Gobierno central, sus socios parlamentarios, los partidos de la oposición y los movimientos por el derecho a la vivienda.
La ejecución del desahucio, acompañada de una amplia movilización social y de cargas policiales contra quienes trataban de impedirlo, ha sido utilizada por las distintas formaciones para defender sus posiciones y atribuir responsabilidades a sus adversarios.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reaccionó desde Nueva York, donde participaba en la Asamblea General de Naciones Unidas, responsabilizando culpando a las autoridades regionales y locales. De paso, sacó a relucir la polémica por el inmueble adquirido por la Comunidad de Madrid.
“Hay que decir que hay dos administraciones competentes en la protección de personas vulnerables como Maricarmen, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, que están mas preocupados en comprar aticazos de 200 metros de terraza pero han hecho caso omiso a una tragedia social que debería ser resuelta”.
La presidenta de la comunidad madrileña, como era de esperar ha replicado recordando que que se ejecutan 25.500 desahucios en España y que el de ayer se llevó a cabo “a manos de la Policía Nacional que la gestiona el Gobierno, es decir, Sánchez, por orden judicial, no por otro motivo”, para sentenciar: “no es una decisión nuestra”.
Organizaciones sociales y partidos a la izquierda del PSOE han cuestionado su falta de apoyo a las medidas que vienen proponiendo.
Recuerdan que los socialistas rechazaron la prórroga extraordinaria de cientos de miles de contratos de alquiler, se opusieron a incorporar nuevas medidas de vivienda al denominado escudo social y se abstuvieron recientemente ante una iniciativa parlamentaria destinada a impedir la compra de viviendas por fondos de inversión especulativos.
Igualmente señalan que el Gobierno impulsó una línea de avales para propietarios dotada con 300 millones de euros.
Sumar reclama medidas urgentes y marca distancias
Dentro de la coalición gubernamental, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, calificó de “intolerable” lo sucedido y sostuvo que la responsabilidad política se encuentra en quienes han bloqueado sucesivamente las iniciativas para ampliar la protección frente a los desahucios.
Bustinduy acusó directamente al Partido Popular, Vox y Junts de haber impedido la aprobación de medidas que, según defendió, podrían haber evitado situaciones como la de Maricarmen.
Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, reclamó acelerar la aprobación de un real decreto sobre vivienda que, según afirmó, lleva meses impulsándose dentro del Gobierno. Sus declaraciones fueron interpretadas como una crítica a la lentitud del Ejecutivo para adoptar nuevas medidas.
Los Comuns endurecen la presión sobre el PSOE
La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau elevó el tono de las críticas al sostener que las fuerzas a la izquierda del PSOE deberían reconsiderar su permanencia en el Gobierno si los socialistas continúan bloqueando iniciativas contra los fondos de inversión.
Colau acusó al PSOE de actuar con “cobardía” frente a los grandes propietarios y fondos especulativos y defendió la necesidad de medidas más contundentes para limitar el peso de los actores financieros en el mercado de la vivienda.
Las palabras de la dirigente de los Comuns provocaron una rápida respuesta del ministro de Transportes, Óscar Puente, que reivindicó la gestión socialista y rechazó recibir “lecciones de izquierdismo”.
PP, Vox y Junts señalados
Aunque el Partido Popular no ha protagonizado una respuesta política tan visible al caso concreto de Maricarmen, gran parte de las críticas formuladas desde el Gobierno y desde los movimientos sociales se han dirigido contra las administraciones madrileñas presididas por Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida.
Los sectores progresistas les reprochan haber priorizado políticas favorables al mercado inmobiliario frente a la ampliación del parque público de vivienda y no haber intervenido para ofrecer una solución alternativa al caso de Maricarmen, mientras afean la presencia de los populares en ferias inmobiliarias y sus mensajes a favor de las empresas y fondos de inversión.
Además, tanto el PSOE como Sumar recuerdan que el PP ha votado en contra de diferentes iniciativas destinadas a ampliar las moratorias antidesahucios y reforzar la protección de los inquilinos.
Vox aparece igualmente entre los grupos señalados por los partidos de izquierdas por oponerse a las iniciativas de protección frente a los desahucios y por rechazar una mayor intervención pública en el mercado inmobiliario.
La formación mantiene una línea favorable a reforzar los derechos de propiedad y contraria a nuevas restricciones a propietarios e inversores, una posición que le ha llevado a votar junto al PP contra varias propuestas planteadas desde el bloque progresista.
El partido de Carles Puigdemont se ha convertido en uno de los principales objetivos de las críticas procedentes de Sumar y de los movimientos por el derecho a la vivienda. Bustinduy recordó que Junts ha sido determinante para tumbar iniciativas relacionadas con la moratoria de desahucios y otras medidas de protección residencial.
La formación catalana ha mantenido una posición crítica con las propuestas de intervención estatal en el mercado de la vivienda y suele defender mayores competencias para las instituciones catalanas en esta materia.
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