La vivienda se encarece un 12,2% mientras sigue pendiente la respuesta política a la crisis habitacional

La vivienda se encarece un 12,2% mientras sigue pendiente la respuesta política a la crisis habitacional
El precio de la vivienda libre aumentó un 12,2% interanual en el segundo trimestre de 2026, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Aunque la tasa se moderó siete décimas respecto al trimestre anterior, los precios volvieron a crecer con fuerza: un 3,4% en apenas tres meses.

La presión se concentra especialmente en la vivienda de segunda mano, cuyo precio aumentó un 12,9% respecto a un año antes, frente al 7,4% de la vivienda nueva. Además, mientras esta última subió un 1% respecto al primer trimestre, la usada lo hizo un 3,7%, dos décimas más que en los tres primeros meses del año.

La evolución de los últimos trimestres muestra que no se trata de un repunte puntual. En el cuarto trimestre de 2025, el precio de la vivienda ya crecía un 12,9% interanual; esa misma tasa se mantuvo en el primer trimestre de 2026 y ahora se sitúa en el 12,2%.

La vivienda usada presenta una evolución todavía más persistente. Su precio subió un 13,1% en el cuarto trimestre de 2025, un 13,5% en el primero de 2026 y un 12,9% en el segundo. En términos trimestrales, además, su ritmo de aumento ha pasado del 1,8% al 3,5% y al 3,7%, respectivamente.

La vivienda nueva, en cambio, sí muestra una desaceleración más clara. Su tasa interanual ha descendido desde el 11,2% del cuarto trimestre de 2025 al 9,1% del primero de 2026 y al 7,4% del segundo.

Subidas en todo el territorio

El encarecimiento continúa extendido por todo el país. Todas las comunidades y ciudades autónomas registraron tasas interanuales positivas en el segundo trimestre. Las mayores subidas se produjeron en Ceuta, con un 15,2%, Asturias, con un 15%, y Castilla y León, con un 14,8%. Las menores correspondieron a Navarra, con un 9,5%, País Vasco, con un 10%, y Cataluña, con un 10,1%.

La amplitud territorial de las subidas ya venía observándose en los trimestres anteriores. En el primero de 2026, Aragón y Murcia encabezaban los incrementos, con un 15,6%, mientras Castilla y León y Ceuta alcanzaban el 14,9%.

La tendencia estaba igualmente consolidada al cierre de 2025. En el cuarto trimestre de ese año, Castilla y León registraba una subida del 15,3%, seguida de Aragón, Murcia y La Rioja, con un 14,4%.

El IPV mide la evolución del precio de compraventa de las viviendas libres adquiridas por los hogares y utiliza registros administrativos. El INE señala que la estadística cubre alrededor del 95% de las compraventas realizadas en el trimestre.

Además, la vivienda de segunda mano tiene un peso determinante en el índice. Para 2026 representa el 87,18% de la ponderación total, frente al 12,82% de la vivienda nueva.

Una respuesta política todavía pendiente

Los nuevos datos llegan mientras el Gobierno y los grupos parlamentarios continúan sin cerrar una respuesta estable a la crisis habitacional.

A finales de julio, el Ejecutivo decidió retirar del orden del día del Consejo de Ministros un nuevo real decreto ley de vivienda al constatar que no disponía de apoyos suficientes para garantizar su posterior convalidación en el Congreso. La aprobación quedó aplazada hasta después del verano para tratar de alcanzar un acuerdo con los grupos de la mayoría de investidura.

El texto pretendía abordar, entre otras cuestiones, la prórroga de determinados contratos de alquiler, la regulación del alquiler de habitaciones y los límites de precios en zonas tensionadas. También contemplaba incentivos fiscales para propietarios que congelasen o redujesen las rentas. Las discrepancias entre los grupos se concentraban precisamente en algunas de estas medidas y en la reforma de la ley del suelo.

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Un día antes de conocerse aquel aplazamiento, CCOO y UGT habían reclamado a las fuerzas políticas que actuasen “con responsabilidad y altura de miras” y antepusieran el interés general a sus diferencias. Los sindicatos advertían de que España atraviesa “una de las mayores crisis de acceso a la vivienda de las últimas décadas” y resumían su posición en una reclamación: “La ciudadanía necesita soluciones, no nuevos bloqueos”.

La publicación del nuevo IPV añade presión a ese debate político. Mientras continúa pendiente el acuerdo sobre nuevas medidas, el precio de la vivienda ha aumentado otro 3,4% en solo tres meses, y la vivienda usada, que concentra la mayor parte del mercado, mantiene una subida anual cercana al 13%.

Vivienda, precariedad y pobreza

El problema trasciende además el mercado inmobiliario. Las dificultades para acceder o mantener una vivienda están condicionando cada vez más las condiciones materiales de vida de los hogares.

Cáritas advertía en junio de que los elevados gastos de vivienda están agravando situaciones de pobreza e incluso de inseguridad alimentaria. La organización eclesial detectó una mayor incidencia de estas situaciones entre hogares en los que, una vez pagada la vivienda, los ingresos disponibles quedan por debajo del umbral de pobreza severa. Su secretaria general, María González Dyne, alertaba de “la losa que suponen hoy en día los gastos de vivienda para las familias vulnerables hasta el punto de incidir en una cuestión tan básica como la garantía alimentaria”.

La organización sociocaritativa situaba además el problema en conexión directa con la precariedad laboral: buena parte de las personas acompañadas se encuentran desempleadas o vinculadas a empleos precarios e inestables, de modo que tener trabajo no garantiza necesariamente escapar de la pobreza.

La vivienda se mantiene igualmente como la principal preocupación cuando la ciudadanía evalúa los problemas generales del país, aunque el coste de la vida adquiere más peso cuando se pregunta por los problemas que afectan personalmente.

La relación entre empleo y vivienda resulta cada vez más difícil de separar. La crisis habitacional se ha convertido en uno de los factores que condicionan la posibilidad de sostener un proyecto de vida, especialmente entre las personas jóvenes, por sus situaciones de precariedad, y los hogares con salarios más ajustados.

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