Un “IPCC de la desigualdad” busca situar la concentración de riqueza y poder en la agenda mundial

Un “IPCC de la desigualdad” busca situar la concentración de riqueza y poder en la agenda mundial
Sudáfrica, Brasil, Noruega y España impulsan la creación de un Panel Internacional sobre la Desigualdad que mediría sus causas y consecuencias y evaluaría las políticas para combatirla. Tres investigadores españoles, entre ellos el presidente de Cáritas Española, Luis Ayala, promueven una movilización académica antes de la reunión de alto nivel convocada para el 23 de septiembre en Naciones Unidas

La desigualdad de ingresos y riqueza, pero también la que atraviesa el empleo, la salud, la educación, el acceso a la justicia o la capacidad de hacerse escuchar, podría contar próximamente con un organismo científico internacional encargado de medirla, analizar sus causas y evaluar las políticas capaces de reducirla.

Sudáfrica, Brasil, Noruega y España impulsan la creación de un Panel Internacional sobre la Desigualdad (IPI, por sus siglas en inglés), concebido como un organismo científico independiente e inspirado expresamente en el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

La iniciativa parte de una premisa política clara: los actuales niveles de desigualdad no son inevitables. La declaración fundacional sostiene que las diferentes trayectorias observadas incluso entre países con niveles semejantes de desarrollo demuestran que “las políticas importan” y que reducir las desigualdades es posible.

El proyecto pretende convertirse en el organismo mundial de referencia para ordenar y evaluar el conocimiento científico disponible sobre la desigualdad. Su misión sería vigilar sistemáticamente las tendencias, estudiar sus causas y consecuencias y analizar las respuestas políticas aplicadas tanto a escala nacional como internacional.

Una “crisis de desigualdad”

La propuesta procede del informe sobre desigualdad encargado durante la presidencia sudafricana del G20 a un grupo de especialistas presidido por el economista y premio Nobel Joseph Stiglitz.

A partir de aquel trabajo, investigadores de distintas disciplinas consideran que los elevados niveles de desigualdad existentes dentro de los países y entre ellos contribuyen a algunos de los principales problemas económicos, sociales, políticos y ambientales actuales.

La carta abierta dirigida a los líderes mundiales utiliza una expresión especialmente significativa: existe una “crisis de desigualdad”, del mismo modo que existe una crisis climática.

La preocupación va más allá de la distribución de los ingresos. Los académicos advierten de que la concentración extrema de renta y riqueza puede transformarse en una “concentración antidemocrática de poder”, debilitando la confianza de la ciudadanía en las instituciones y alimentando la polarización política.

“Estos altos niveles de desigualdad son el resultado de decisiones políticas que pueden revertirse”, sostiene la carta. De ahí la necesidad, argumentan sus promotores, de generar un consenso científico suficientemente sólido sobre sus causas y sobre las herramientas disponibles para combatirla.

Empleo, derechos, salud o cambio climático

El Panel Internacional sobre la Desigualdad tendría un campo de análisis considerablemente más amplio que los ingresos o el patrimonio.

Sus informes estudiarían las relaciones estructurales entre estas diferencias económicas y otras formas de desigualdad relacionadas con el empleo, la capacidad de participación y voz, el acceso a la justicia, las oportunidades, la satisfacción de necesidades básicas, la salud, la educación o el cambio climático.

También analizaría las desigualdades multidimensionales e interrelacionadas que atraviesan factores como la clase social, el género, el origen, la edad o el territorio.

Uno de sus objetivos fundamentales sería además evaluar científicamente las políticas existentes y las propuestas por los gobiernos para determinar cuáles resultan eficaces para reducir las desigualdades y cuáles pueden contribuir a incrementarlas.

El Panel pretende así proporcionar a responsables políticos, organizaciones internacionales, empresas y sociedad civil información accesible y rigurosa sobre las tendencias de desigualdad, sus causas e impactos, identificar las lagunas existentes en el conocimiento y evaluar las opciones disponibles para actuar.

Cuarenta especialistas y un informe cada tres años

El proyecto institucional está ya bastante definido. El futuro organismo estaría formado por 40 especialistas independientes, que actuarían a título personal y contarían con plena autonomía académica.

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Sus promotores pretenden garantizar además un equilibrio entre hombres y mujeres y entre especialistas procedentes del Norte y del Sur global, junto con diversidad generacional, racial y académica. El propio documento advierte de que el Panel debe evitar reproducir en su composición las desigualdades que pretende estudiar.

El IPI publicaría un gran informe sobre el estado de la desigualdad cada tres años, además de otros documentos y actualizaciones que pudiera decidir. Sus conclusiones serían presentadas ante organismos y foros de Naciones Unidas y otras instituciones internacionales y regionales.

El presupuesto estimado asciende hasta los 15 millones de dólares por cada ciclo de tres años, unos cinco millones anuales. Su financiación se sustentaría fundamentalmente en aportaciones voluntarias de gobiernos, aunque también admitiría fondos filantrópicos.

La intención es que el Panel quede inicialmente acogido por la Universidad de las Naciones Unidas, aprovechando su estatuto de independencia académica. Los países promotores aspiran además a conseguir una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que reconozca el organismo y establezca mecanismos para que sus informes sean debatidos por los Estados miembros.

Una movilización antes del 23 de septiembre

En España, los investigadores Luis Ayala, catedrático de Economía Aplicada en la UNED y recientemente designado presidente de Cáritas Española; Elena Bárcena, catedrática de Economía Aplicada en la Universidad de Málaga, y Olga Cantó, catedrática de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Alcalá, han difundido una carta abierta para recabar apoyos académicos y sociales a la iniciativa.

La movilización pretende reforzar una carta internacional dirigida directamente a los líderes mundiales. El documento les reclama tres compromisos concretos: participar en la reunión de alto nivel convocada para el 23 de septiembre junto al secretario general de Naciones Unidas, respaldar la declaración que define la visión del futuro Panel y sumarse a la creciente coalición de gobiernos que promueve su creación.

Para sus impulsores, disponer de un conocimiento científico compartido y sistemático sobre la desigualdad permitiría mejorar las políticas públicas, reforzar la rendición de cuentas y determinar con mayor precisión qué decisiones contribuyen a reducir o, por el contrario, a agravar las brechas económicas y sociales.

El próximo 23 de septiembre será, por tanto, una primera prueba para conocer hasta dónde llega el respaldo político internacional a una iniciativa que pretende situar la desigualdad, sus causas y la concentración de poder que genera en el centro de la agenda multilateral.

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