Pospuesta la votación del real decreto de vivienda en el Congreso ante la falta de apoyos parlamentarios
El Gobierno ha decidido retirar del orden del día del Consejo de Ministros de este martes el real decreto ley de vivienda, una de las principales apuestas con las que pretendía cerrar el curso político, ante la falta de apoyos suficientes para garantizar su convalidación en el Congreso.
La aprobación del texto se pospone así hasta después del verano, con el objetivo de ganar tiempo para la negociación con los grupos que apoyaron la investidura. La decisión responde a las discrepancias existentes entre los socios parlamentarios sobre cuestiones clave del borrador, especialmente la reforma de la ley del suelo y los incentivos fiscales vinculados al mercado del alquiler.
El decreto había sido presentado la pasada semana por Sumar como fruto de un acuerdo con el PSOE para afrontar la crisis de acceso a la vivienda, uno de los problemas que más preocupan actualmente a la ciudadanía según diversos sondeos. Entre las medidas contempladas figuraba la posibilidad de prorrogar durante dos años la congelación de los alquileres, una medida que podría solicitarse hasta el 30 de junio de 2028.
Sin embargo, el anuncio aceleró el posicionamiento de los distintos grupos del bloque de investidura en vísperas del último pleno antes del parón estival, dejando en evidencia la ausencia de una mayoría suficiente. Desde el primer momento, tanto Podemos como Junts expresaron reservas sobre el contenido del acuerdo.
Pese al aplazamiento, desde el Ministerio de Vivienda sostienen que sigue siendo posible alcanzar un acuerdo “amplio y transversal” para sacar adelante un paquete de medidas que proporcione estabilidad a los inquilinos e impulse la oferta de vivienda asequible.
No era la primera vez que el Gobierno intentaba aprobar una medida de estas características. La prórroga de los alquileres, considerada una de las propuestas emblemáticas de Sumar, ya fue rechazada el pasado 28 de abril por los votos de Junts, PP y Vox. Con el nuevo decreto, el Ejecutivo había tratado de ampliar el contenido para atraer el respaldo de formaciones con posiciones muy diferentes.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, impulsó un texto que buscaba conciliar las demandas de PNV, Junts, ERC, EH Bildu y Podemos. Entre las novedades figuraba la equiparación del alquiler de habitaciones al arrendamiento de vivienda habitual, una reivindicación defendida por el PNV, lo que implicaría contratos mínimos de cinco años —o siete cuando el propietario sea una persona jurídica— y la aplicación de límites de precio en zonas declaradas tensionadas.
La principal dificultad seguía siendo, no obstante, la moratoria de alquileres. Para facilitar un acuerdo, el Gobierno incorporó incentivos fiscales en el IRPF para los propietarios que congelaran o redujeran las rentas, una propuesta impulsada por Junts que no terminó de convencer a Podemos.
“Se dan unos días más para poder cerrar un texto que cuando llegue al Congreso tenga el consenso y salga adelante”, justificó la portavoz de la Ejecutiva socialista, Montse Mínguez.
Podemos había advertido además de que no negociaría el paquete de vivienda si el Ejecutivo mantenía en el decreto los artículos relativos a la reforma de la ley del suelo.
En sentido contrario, el PNV defendió la necesidad de incorporar cambios legislativos para reforzar la seguridad jurídica de los planeamientos urbanísticos, agilizar su tramitación y evitar bloqueos administrativos, además de regular el alquiler de temporada y garantizar el respeto a las competencias autonómicas.
Las diferencias entre socios han llevado finalmente al Gobierno a retrasar la aprobación de la norma para evitar una derrota parlamentaria al inicio del que será el último curso político de la legislatura.
El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, aseguró este lunes que las conversaciones continúan avanzando y se mostró convencido de que será posible alcanzar un acuerdo amplio tras el verano. “Nos han pedido un poco más de tiempo para terminar de alcanzar un gran acuerdo, y estamos dispuestos a darlo”, afirmó, al tiempo que subrayó la urgencia de aprobar medidas que den respuesta a las familias afectadas por la crisis de vivienda.
“Las conversaciones avanzan bien”, añadió el ministro, que agradeció la disposición mostrada por los grupos parlamentarios y defendió que la propuesta aborda “el conjunto de problemáticas más importantes” en materia de vivienda. Urtasun también reclamó que el próximo curso político arranque con este asunto como prioridad.
Durante su comparecencia, el dirigente de Sumar dirigió sus críticas al PP, al que acusó de no aplicar la ley estatal de vivienda en las comunidades autónomas que gobierna ni declarar zonas tensionadas de mercado residencial. A su juicio, esa actitud dificulta cualquier posibilidad de acuerdo con los populares para sacar adelante el decreto.
Mientras tanto, el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones estivales centrará su atención en otras prioridades, entre ellas el refuerzo de las medidas de lucha contra los incendios forestales, una cuestión que el Ejecutivo considera urgente ante la gravedad de la campaña de verano.
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