La vivienda, la inflación y la precariedad laboral agravan la pobreza, según Cáritas

La vivienda, la inflación y la precariedad laboral agravan la pobreza, según Cáritas
La vivienda se ha convertido en un factor determinante de la inseguridad alimentaria entre las familias más vulnerables.

Según la Memoria Confederal 2025 de Cáritas, presentada hoy, la mayoría de los hogares con necesidades alimentarias acompañados por la organización estaban encabezados por mujeres o por personas en búsqueda de empleo, con trabajos inestables o en situación de precariedad laboral.

La entidad detecta una mayor incidencia de la inseguridad alimentaria en aquellos hogares cuyos gastos de vivienda son tan elevados que, una vez descontados de sus ingresos, quedan por debajo del umbral de pobreza severa.

“Estos hogares tienen mayor prevalencia de inseguridad alimentaria, lo que manifiesta la losa que suponen hoy en día los gastos de vivienda para las familias vulnerables hasta el punto de incidir en una cuestión tan básica como la garantía alimentaria”, explicó la secretaria general de Cáritas Española, María González Dyne.

La organización advierte además de que vivienda y alimentación, los dos principales capítulos de gasto de los hogares, son también los que registran mayores incrementos de precios.

Durante el último año, el coste de adquirir una vivienda aumentó un 13% y el alquiler un 4%, mientras que los alimentos básicos siguieron encareciéndose: las legumbres subieron un 16%, las hortalizas un 15%, los huevos un 14% y el pescado un 10%.

Según Cáritas, esta combinación entre el encarecimiento de la vivienda y el aumento del coste de la vida está tensionando hasta el límite los presupuestos familiares.

“Las familias intentan reducir otros gastos o pedir ayuda antes de tener que tomar la decisión de cambiar de domicilio o la configuración de la convivencia familiar, ya que estas estrategias impactan de manera mucho más duradera e incluso pueden ser irreversibles en su contexto vital, y por ello, las dejan para cuando ya no hay más opciones”, señaló González Dyne.

La memoria pone asimismo el foco en la situación del empleo. Buena parte de las personas atendidas por la organización se encuentran desempleadas o vinculadas a trabajos precarios e inestables, una realidad que evidencia que disponer de un empleo no siempre garantiza escapar de la pobreza.

Apuesta por la economía social

Ante este escenario, Cáritas reforzó durante 2025 su apuesta por la economía social y la inserción sociolaboral, el programa que concentró la mayor inversión de toda la organización, con 157,3 millones de euros. A través de estos proyectos participaron 68.285 personas y 14.639 lograron incorporarse al mercado laboral, elevando la tasa de inserción al 21,44%.

“Recientes estudios demuestran que a medio y largo plazo el retorno económico de los programas de capacitación profesional y de acceso al empleo llegan a triplicar la inversión realizada. Se trata de proyectos que no solo generan empleo, sino que también promueven procesos de acompañamiento personal y social, facilitando la integración progresiva de las personas vulnerables en el mercado laboral ordinario”, afirmó la secretaria general.

Actualmente, las iniciativas de economía social impulsadas por Cáritas suman 3.158 puestos de trabajo y 271 líneas de negocio, consolidándose como una de las principales herramientas de inclusión frente a una realidad marcada por el elevado coste de la vivienda, la subida de los precios y la precariedad laboral.

Con todo, como vienen confirmando los sucesivos informe FOESSA, la vulnerabilidad surge en muchas ocasiones de un puñado de factores.

“La pobreza se consolida como un fenómeno profundo, multidimensional y sostenido en el tiempo”, advirtió la secretaria general de Cáritas Española, María González Dyne, quien añadió que la exclusión “se ha ido cronificando por una sucesión de crisis encadenada”.

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La entidad eclesial de solidaridad atendió a  2.132.112 personas dentro y fuera de España, según los datos de la memoria, gracias a la “suma de fidelidades pequeñas y tenaces” y de la “respuesta fiel y perseverante de voluntarios y trabajadores, además de los donantes”.

Cáritas Española invirtió durante 2025 un total de 529,9 millones de euros, la cifra más alta de su historia, para acompañar. La inversión, un 8,1% superior a la del ejercicio anterior.

Respuestas a la movilidad humana

La atención a las personas migrantes siguió creciendo durante 2025 y ya representa el 57% del total de las personas acompañadas por Cáritas. La memoria refleja un incremento del 35,8% en el número de participantes en los programas relacionados con movilidad humana, muchos de ellos en situación administrativa irregular.

Ante una realidad marcada por la falta de acceso a derechos y por múltiples formas de discriminación, la organización despliega recursos de acogida, vivienda, empleo, educación, atención a víctimas de trata y asesoramiento jurídico. Se trata de procesos de acompañamiento integral que suelen prolongarse entre uno y dos años. “Nos encontramos con personas en situaciones de grave vulnerabilidad, ya que no tienen acceso a derechos y están expuestas a múltiples formas de discriminación.

Por ello, nuestra labor va desde la acogida y el acceso a recursos y servicios hasta el trabajo orientado a la integración”, explicó la secretaria general de Cáritas Española, María González Dyne.

El presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, valoró también el cierre del proceso extraordinario impulsado por el Gobierno, que ha registrado cifras que, según señaló, duplican las previsiones iniciales.

“Ojalá el millón de migrantes consiga regularizarse”, confesó Bretón, que será sustituido como presidente de la entidad el por el catedrático de Economía Luis Ayala, y recordó el compromiso de la organización con esta medida desde sus comienzos:

“Defendimos a ultranza la Iniciativa Legislativa Popular, logramos que nos hicieran caso y nos hemos adherido al decreto”.

La labor de incidencia política no acabó aquí, sino que también se concretó en la interlocución con las administraciones para mejorar la reforma del Reglamento de Extranjería, en vigor desde mayo de 2025 y el apoyo a la demanda ante el Tribunal Supremo para recurrir la incompatibilidad entre la protección internacional y las distintas fórmulas de arraigo.

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