Ante la crisis de Ceuta, Cáritas pide proteger los derechos humanos y la dignidad de las personas
Cáritas Española expresó este martes su “profunda preocupación y consternación” por la situación vivida en los últimos días en Ceuta, marcada por la llegada de decenas de miles de personas migrantes y por la muerte, al menos, de más de un centenar de personas, que intentaban alcanzar a nado la ciudad autónoma, y reclamó una respuesta centrada en la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas.
En un comunicado, la organización lamentó la pérdida de vidas humanas en la frontera y subrayó que “ninguna persona debería verse obligada a arriesgar su vida para buscar protección, seguridad o un futuro mejor”.
“La muerte de personas en nuestras fronteras constituye una tragedia que interpela la conciencia colectiva de nuestra sociedad”, señaló la entidad, que se sumó así a los pronunciamientos realizados por la Iglesia en España y por la Iglesia local de Ceuta.
Cáritas también aludió al impacto que la llegada masiva de personas en un corto espacio de tiempo ha tenido sobre la población ceutí. Según indicó, la presión sobre los servicios públicos y las dificultades para gestionar la emergencia alteraron la vida cotidiana de la ciudad y obligaron a instituciones y vecinos a afrontar una situación de especial complejidad.
No obstante, la organización quiso agradecer la respuesta de la ciudadanía de Ceuta, destacando su “extraordinaria capacidad de solidaridad, acogida y compromiso con las personas más vulnerables”.
De igual manera, reconoció el trabajo desarrollado por entidades sociales, organizaciones humanitarias, comunidades religiosas y voluntarios que prestan asistencia sobre el terreno.
La entidad recordó especialmente la obligación de proteger a los colectivos más vulnerables, entre ellos los menores de edad y las personas que buscan protección internacional.
En este sentido, insistió en que el respeto a la dignidad humana, el interés superior del menor y las garantías jurídicas vigentes no pueden quedar relegados en contextos de presión fronteriza.
Ante la situación, la Iglesia local y las Cáritas presentes en Ceuta han puesto a disposición recursos de acogida y han reiterado su disposición a colaborar con las administraciones para atender las necesidades derivadas de la emergencia desde la coordinación institucional y la solidaridad.
En su comunicado, Cáritas denunció, también, “la instrumentalización de las personas migrantes como herramienta al servicio de intereses políticos o estratégicos” y rechazó el uso de los movimientos de población como elemento de presión geopolítica.
“Ningún ser humano debe ser utilizado como medio de presión o confrontación. Las personas migrantes son sujetos de derechos y merecen ser tratadas con respeto, humanidad y justicia”, afirmó.
La organización apeló también a las palabras pronunciadas recientemente por el papa León XIV durante su visita a España, cuando recordó que las personas migrantes “no son números ni expedientes, sino personas con una dignidad que nadie tiene derecho a despreciar”.
Finalmente, Cáritas hizo un llamamiento a las administraciones públicas, responsables políticos y comunidad internacional para impulsar soluciones basadas en la cooperación entre países, el respeto a la legalidad, la defensa de los derechos humanos y la creación de vías seguras para la movilidad humana.
La entidad concluyó invitando a la comunidad cristiana y al conjunto de la sociedad a no permanecer indiferentes ante el sufrimiento de quienes migran y a promover respuestas orientadas a la convivencia, la igualdad de trato y la esperanza.
La Red contra la Pobreza reclama la implicación del Estado y la Unión Europea
Igualmente, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) ha expresado su “profundo dolor” por la muerte del centenar de personas que intentaban llegar a Ceuta, una tragedia que considera una consecuencia de un modelo migratorio centrado en la contención y la externalización de fronteras, sin vías legales y seguras para las personas migrantes.
La organización ha señalado que lo ocurrido se suma a la larga lista de víctimas registradas en la frontera sur de Europa y ha reclamado una investigación “independiente, exhaustiva y transparente” para esclarecer los hechos y depurar posibles responsabilidades.
EAPN-ES también ha mostrado su preocupación por determinadas reacciones públicas surgidas tras la tragedia. La entidad advierte de que las personas en situación de vulnerabilidad no pueden convertirse en objeto de discursos xenófobos, racistas, islamófobos o aporófobos, ya que estas narrativas aumentan su desprotección, alimentan la exclusión social y dificultan la convivencia.
La organización considera que, junto a la investigación de los hechos, la prioridad inmediata debe ser garantizar la atención humanitaria y la protección de las personas afectadas, con especial atención a la infancia y la adolescencia.
La red defiende que Ceuta no puede afrontar en solitario una situación de estas dimensiones y reclama una mayor implicación tanto del Gobierno central como de la Unión Europea.
A su juicio, las instituciones deben reforzar los servicios públicos y dotar de recursos humanos y materiales suficientes a la ciudad para garantizar la atención de quienes llegan y preservar el bienestar del conjunto de la población.
Más allá de la emergencia inmediata, EAPN-ES subraya que los movimientos migratorios actuales están vinculados a factores estructurales como las desigualdades económicas, los conflictos armados o la crisis climática, que obligan a millones de personas a abandonar sus hogares en busca de protección y oportunidades.
Por ello, la organización recuerda que la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho de toda persona a salir de cualquier país y a solicitar protección internacional, y pide que las políticas migratorias y de asilo de la Unión Europea se orienten desde la igualdad, la solidaridad y el respeto a la dignidad humana.
Finalmente, EAPN-ES insta a las instituciones europeas a aplicar de forma efectiva los mecanismos de corresponsabilidad y solidaridad previstos en el marco comunitario para evitar que los territorios fronterizos afronten en solitario situaciones extraordinarias como la vivida en Ceuta, situando los derechos humanos en el centro de la respuesta política.
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