Puente anuncia doble control y mejores condiciones laborales para reforzar la seguridad tras el accidente de Urda

El Gobierno plantea nuevas garantías cuando falle la protección automática y una revisión de la línea Madrid-Sevilla. Aprueba ayudas a las víctimas y un mecanismo para limitar los precios de los transportes alternativos durante la emergencia
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado este martes un plan extraordinario de seguridad ferroviaria que incorpora la validación de decisiones por dos controladores cuando fallen los sistemas automáticos, cambios en los descansos y la formación y nuevas herramientas tecnológicas. Las medidas llegan después del accidente de Urda y pretenden reforzar las protecciones durante las situaciones de circulación degradada, cuando los profesionales deben gestionar el tráfico sin la asistencia habitual.
El Consejo de Ministros también ha aprobado ayudas económicas y protección social para las víctimas, junto a un mecanismo para intervenir ante subidas abusivas de precios durante las emergencias.
El anuncio supone concretar parte de la revisión que Puente había comprometido el viernes. Sin embargo, el ministro ha rechazado que modificar los protocolos implique asumir responsabilidades políticas por el siniestro. Presenta los cambios como una respuesta necesaria para recuperar la confianza en la alta velocidad. Mantiene que la información disponible sitúa su origen fundamentalmente en la operativa y remite a la investigación para esclarecer las decisiones adoptadas.
La comparecencia posterior al Consejo de Ministros —la tercera desde el trágico accidente ferroviario— ha servido también para explicar las ayudas aprobadas para las víctimas y las condiciones previstas para recuperar el servicio. Puente estima que la reparación podrá completarse en un máximo de diez días naturales desde la autorización judicial, todavía pendiente en el momento de su intervención. No ha fijado, por tanto, una fecha de reapertura. La reapertura comenzaría con menos frecuencias.
“Los dos asumirán la firma”
El cambio principal en los centros de control afecta a quién decide y quién responde por las autorizaciones cuando dejan de funcionar el LZB o el ERTMS. El ministro ha explicado que actualmente una sola persona del centro de control firma la orden transmitida al maquinista mediante un telefonema, una comunicación cuyo contenido ambos profesionales repiten y registran.
La modificación anunciada introduce una segunda validación dentro del centro de control. No se limita a que haya otra persona disponible para ayudar: ambos operadores deberán compartir la decisión y su comunicación.
“Los dos asumirán la firma”, ha señalado. Según su explicación, los profesionales ya presentes no podrán limitarse a repartirse llamadas y otras tareas, sino que tendrán que intervenir conjuntamente en las decisiones de circulación durante esas situaciones excepcionales.
Preguntado por si ello exige duplicar el personal, ha respondido que supone dar atribuciones distintas a quienes ya están trabajando. El ministro recuerda que, la mañana del accidente, el operador contó con apoyo de otro profesional. La novedad sería convertir esa presencia en una obligación expresa de validación compartida.
El plan incluye además mejoras laborales: adaptar los descansos de los reguladores de tráfico a los periodos de mayor exigencia, extender los protocolos de control de fatiga a otros perfiles críticos y ampliar la formación continua mediante mentorías, acreditaciones y simulacros de situaciones no habituales.

“Vamos a mejorar las condiciones laborales de los controladores y a reforzar las plantillas”, ha afirmado, vinculándolo a los planes acordados con los sindicatos.
En tecnología, anuncia alertas automáticas, registros electrónicos de telefonemas, listas de comprobación y pantallas que faciliten la interpretación de la posición de los trenes. También plantea desarrollar un agente de inteligencia artificial y una réplica digital de la red para detectar anomalías, anticipar escenarios y supervisar comunicaciones. Son proyectos futuros: el propio ministro reconoce que se trata de un terreno nuevo.
La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria realizará una revisión extraordinaria de los sistemas de seguridad de la línea Madrid-Sevilla. Hasta completar esa revisión y el despliegue del ERTMS de nivel 2, Puente prevé reducir las frecuencias tras la reapertura. Intentará mantener el número de plazas mediante trenes en doble composición, aunque habrá menos opciones horarias. No ha cuantificado la reducción ni concretado su duración.
El plan contempla también un estudio con expertos independientes sobre la seguridad en el interior de los coches: compartimentos cerrados para evitar la proyección del equipaje, disposición de los asientos y materiales. Son actuaciones pendientes de evaluación técnica.
“Estamos tratando de comprobarlo”
El ministro ha reconocido que se está examinando si en otras incidencias del LZB se autorizaron circulaciones con normalidad en condiciones similares. “Estamos tratando de comprobarlo”, ha respondido. Afirma que no dispone de constancia de una práctica sistemática, pero no descarta instrucciones anteriores de ese tipo y admite que habrá que cruzar datos.
La revisión de esos antecedentes permanece, por tanto, abierta. También continúa pendiente explicar por qué se adoptaron las decisiones que precedieron al choque.
Puente sostiene que las pantallas permitían identificar los sectores ocupados y los trenes presentes. Defiende que mejorar su diseño no significa que antes faltara información suficiente. Asimismo, afirma que, hasta donde conoce, no hay indicios de que un problema de la vía contribuyera al accidente.
Sobre las responsabilidades políticas, ha rechazado que el plan equivalga a reconocerlas: “Lo que significa es la actuación responsable con lo que te has encontrado”. Sin embargo, al explicar la necesidad de cambiar los protocolos, también ha reconocido que se consideraban suficientes y que “a la luz de lo sucedido está claro que no lo eran”.
El ministro mantiene su continuidad y defiende que no ha adoptado ni omitido decisiones políticas que hayan contribuido al daño. Ha remitido el debate sobre las responsabilidades a su comparecencia de esta tarde ante la Diputación Permanente, a petición propia, “para explicar la gestión del Gobierno ante el grave accidente ferroviario ocurrido en Urda“.
El Consejo de Ministros ha aprobado, además, un régimen extraordinario de ayudas directas y anticipos de indemnizaciones. Puente ha anunciado 72.121,46 euros de ayuda directa por fallecimiento, junto a un anticipo por responsabilidad civil de igual cuantía, y cantidades por lesiones según su gravedad. La ayuda directa y el anticipo son instrumentos distintos. Según ha explicado, las ayudas directas serán no reembolsables, estarán exentas de IRPF y serán compatibles con otras ayudas e indemnizaciones.
Las bajas laborales derivadas del accidente tendrán excepcionalmente consideración de accidente de trabajo a efectos de la prestación económica. Según el ministro, esa protección permitirá percibir la prestación desde el primer día de baja y con una cuantía superior a la correspondiente por contingencias comunes. También se aplicará ese tratamiento al cálculo de determinadas prestaciones de incapacidad, muerte y supervivencia cuando resulte más favorable.
La atención se canalizará mediante oficinas en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, con asistencia domiciliaria para quienes no puedan desplazarse. Las condiciones de acceso y aplicación de estas medidas quedarán recogidas en el texto que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El Gobierno también ha aprobado un mecanismo que permitirá limitar los precios de bienes y servicios en situaciones de emergencia. Puente lo ha relacionado con el encarecimiento de los transportes alternativos mientras permanece cortada la línea. Según ha denunciado, algunos precios se han multiplicado por ocho o nueve respecto a las fechas anteriores al accidente. El ministro ha reprochado a PP, Vox y Junts que rechazaran anteriormente una propuesta para disponer de ese instrumento: “Si hoy nos vemos en la necesidad de arbitrar un mecanismo es porque no lo tenemos y no lo tenemos porque el Parlamento lo rechazó”.
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Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)



