UGT critica la falta de ambición social de la UE ante la incertidumbre económica y la transformación laboral

UGT critica la falta de ambición social de la UE ante la incertidumbre económica y la transformación laboral
La Comisión Europea ha presentado una nueva Comunicación sobre la aplicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales que el sindicato UGT ha criticado por su falta de ambición y escasa concreción a pesar de que en su diagnóstico reconoce la desigualdad creciente y la precarización del empleo.

El informe que debe orientar la política social de la Unión Europea para el resto de legislatura llega con con retraso respecto al calendario inicialmente previsto para revisar el Plan de Acción del Pilar y no incorpora nuevas propuestas legislativas de gran alcance, limitándose principalmente a definir orientaciones políticas para futuras actuaciones.

En su evaluación, el Ejecutivo comunitario identifica como principales desafíos sociales el aumento del coste de la vida, las dificultades de acceso a la vivienda, el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral y el aumento de las desigualdades.

Así mismo, confirma la presentación de una futura Ley de Empleos de Calidad (Quality Jobs Act), prevista para finales de 2026, la creación de un grupo de alto nivel sobre inteligencia artificial y empleo, y la apertura de una consulta con los interlocutores sociales para estudiar medidas destinadas a facilitar la inserción laboral de las personas con mayores dificultades de acceso al empleo.

La propia Comisión reconoce que el avance hacia los objetivos sociales fijados para 2030 presenta resultados desiguales. Apenas ha habido avances para sacar a 15 millones de personas de la pobreza, mientras que la tasa de riesgo de pobreza en el trabajo aumentó 0,1 puntos porcentuales hasta el 8,3% en 2025.

Otro de los datos recogidos apunta a que solo el 39,5% de las personas pudieron participar en formación, en comparación con el objetivo del 60%. La ocupación alcanza al 76% de las personas trabajadoras activas, a dos puntos del objetivo del 78%, pero no ha mejorado sustancialmente la calidad del empleo.

La reacción de UGT ha sido crítica con el alcance de la Comunicación. El sindicato considera que las medidas anunciadas no responden con la ambición necesaria al diagnóstico realizado por la propia Comisión Europea.

“La respuesta de la Comisión no está a la altura de los problemas que identifica”, señala la organización sindical, que lamenta que, frente a desafíos estructurales como la pobreza laboral, el encarecimiento de la vivienda o los efectos de la digitalización sobre el trabajo, el documento se limite fundamentalmente a anunciar consultas, grupos de expertos e iniciativas futuras cuyo contenido aún no ha sido concretado.

Necesidades sociales olvidadas

UGT también critica que, más allá del anuncio de la futura Ley de Empleos de Calidad, Bruselas no plantee nuevas iniciativas legislativas para desarrollar los principios recogidos en el Pilar Europeo de Derechos Sociales, lo que, a su juicio, supone una oportunidad perdida para reforzar la dimensión social de la Unión en un contexto marcado por la incertidumbre económica y las transformaciones del mercado laboral.

El sindicato defiende que los compromisos recogidos en el Pilar deben traducirse en una legislación europea “ambiciosa y vinculante” que fortalezca la negociación colectiva, garantice una transición digital y ecológica justa y refuerce los derechos de las personas trabajadoras ante fenómenos como la precariedad, la gestión algorítmica del trabajo, la subcontratación abusiva y las nuevas formas de organización laboral.

En este contexto, UGT considera que la futura Ley de Empleos de Calidad constituirá una prueba decisiva para evaluar el compromiso real de la Comisión Europea con la agenda social. “Será el primer test para comprobar si los compromisos políticos se convierten en avances concretos para la ciudadanía europea”, sostiene la organización.

La comunicación se enmarca en el seguimiento del Pilar Europeo de Derechos Sociales, proclamado en 2017 y articulado en torno a 20 principios destinados a promover unas condiciones de vida y trabajo más justas en la Unión Europea. La revisión presentada por la Comisión busca orientar la acción comunitaria durante los próximos años, aunque deja para futuras iniciativas la concreción de buena parte de las medidas anunciadas.

La Confederación Europea de Sindicatos (CES) afirma que es por eso que la Comisión debe ofrecer medidas más ambiciosas en su Ley de Empleos de Calidad e inversiones a través del próximo presupuesto a largo plazo, para proteger y crear empleos de calidad.

La propuesta presupuestaria de la Comisión elimina el Fondo Social Europeo como política independiente, poniendo en riesgo la financiación social, y su consulta sobre la Ley de Empleos de Calidad no incluye las medidas necesarias para mejorar la vida de los trabajadores, como el derecho a la formación durante el horario laboral y la regulación de la IA en el trabajo.

El persistente nivel de pobreza también muestra la necesidad de reforzar la protección social a nivel de la UE, como los pagos de transición laboral para los trabajadores afectados por la IA, y por qué el Fondo Social Europeo debe ser blindado y aumentado en el próximo presupuesto a largo plazo de la UE.

La Secretaria General de la CES, Esther Lynch, declaró:

“Europa debe cambiar de rumbo urgentemente para tener alguna posibilidad de cumplir sus objetivos sociales. La aparición de nuevos retos como la IA desde que se establecieron estos objetivos hace que sean más importantes los nuevos recursos y la legislación de la UE sobre los derechos en el trabajo.

“La Comisión no puede seguir distraída por las demandas de los grupos de presión corporativos a favor de la desregulación cuando la evidencia muestra que la economía se está viendo frenada por la baja inversión y los malos empleos.

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“Un buen trabajo es la mejor manera de escapar de la pobreza, pero millones de personas están atrapadas en trabajos precarios sin los beneficios de la negociación colectiva y a la mayoría de los trabajadores ni siquiera se les da la oportunidad de formarse, lo cual es crucial para garantizar una transición justa hacia una economía digital.

“Es hora de que la Comisión alinee sus acciones con su análisis. Eso debe empezar con una Ley de Empleos de Calidad que haga honor a su nombre”.

La Secretaria Confederal de la CES, Tea Jarc, dijo:

“Este informe muestra exactamente por qué el Fondo Social Europeo debe ser blindado y reforzado en el próximo presupuesto a largo plazo de la UE.

“El Fondo Social Europeo es la principal herramienta de Europa para combatir la pobreza, crear empleos de calidad y proporcionar formación. No debería haber debate sobre si mantenerlo en el contexto expuesto por la Comisión hoy.

“No podría estar más claro que necesitamos poner a la Europa social de nuevo en la vanguardia de la agenda de la UE. El fracaso a la hora de sacar a millones de personas de la pobreza debería encabezar la agenda de la Comisión, no ser lo último que se trata antes de las vacaciones de verano.

Reforzar la solidaridad intergeneracional

Con anterioridad, la secretaria de Políticas Europeas de UGT, Mari Carmen Barrera, ponente del dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE) sobre la Estrategia Europea de Equidad Intergeneracional, había defendido la equidad entre generaciones como principio transversal de las políticas de la Unión Europea, con el objetivo de garantizar que las decisiones actuales no comprometan el bienestar de las generaciones futuras.

Durante la segunda reunión del Grupo de Estudio encargado de elaborar el dictamen, Barrera sostuvo que el bienestar de una generación “no puede construirse a costa de la siguiente” y apostó por un nuevo contrato intergeneracional basado en la solidaridad, la justicia social y el diálogo entre generaciones.

“Las decisiones que tomamos hoy deben evaluarse también por su capacidad para mejorar, o al menos no deteriorar, las condiciones de vida de quienes vendrán después”, afirmó.

Barrera advirtió de que la futura estrategia europea no debe limitarse a identificar los retos demográficos ni a fomentar una mayor participación de la juventud en la vida pública, sino que debe convertirse en una herramienta efectiva para combatir las desigualdades sociales, económicas, territoriales y de género existentes en Europa.

“La equidad intergeneracional debe servir para reducir desigualdades y garantizar oportunidades reales para todas las personas, independientemente de su edad o del territorio en el que vivan”, defendió.

Empleo de calidad, vivienda asequible, salud mental

Entre las propuestas incluidas en el debate figura la creación de un Paquete Europeo de Empoderamiento de la Juventud, que contemple medidas destinadas a garantizar empleo de calidad, salarios dignos, acceso a una vivienda asequible, atención a la salud mental, protección social y actuaciones contra la precariedad laboral.

Así mismo, la dirigente sindical reclamó que la estrategia incorpore una referencia explícita a la justicia intergeneracional en las transiciones ecológica y digital. En este sentido, alertó de que la falta de acciones eficaces frente al cambio climático supone también una forma de injusticia hacia las generaciones futuras.

La ponente del CESE defendió igualmente la necesidad de coordinar y reforzar los instrumentos ya existentes en la UE, entre ellos el Fondo Social Europeo Plus, la Política de Cohesión, el Pilar Europeo de Derechos Sociales y las distintas estrategias comunitarias en materia de igualdad y juventud, orientándolas hacia objetivos comunes a largo plazo.

Además, reclamó un aumento de los recursos presupuestarios destinados a financiar políticas de educación, vivienda, salud y protección social, al tiempo que reivindicó el mantenimiento de la Política de Cohesión como una herramienta clave de solidaridad entre territorios y generaciones.

Por último, Barrera propuso la creación de un mecanismo permanente de diálogo social europeo sobre equidad intergeneracional que reúna a sindicatos, organizaciones empresariales y representantes de la sociedad civil. También planteó la puesta en marcha de un Observatorio Europeo de Desigualdades Intergeneracionales, encargado de evaluar mediante indicadores vinculantes el impacto de las políticas comunitarias sobre las generaciones presentes y futuras.

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