Sindicatos exigen que la financiación extraordinaria de la dependencia se traduzca en más cobertura, mejores salarios y mayor control
Las organizaciones sindicales UGT y CCOO han coincidido en valorar el incremento de financiación estatal para el Sistema de Atención a la Dependencia aprobado por el Gobierno, si bien han reclamado que su desarrollo se concrete mediante el diálogo social y garantice tanto la mejora del servicio como de las condiciones laborales en el sector.
CCOO ha propuesto la firma de un acuerdo marco entre el Gobierno, las organizaciones empresariales y los agentes sociales para realizar el seguimiento y la evaluación de las políticas de dependencia en este nuevo escenario presupuestario.
A juicio de Bravo, la llegada de más recursos representa una “magnífica oportunidad” para reforzar tanto la calidad de la atención prestada a las personas dependientes como la calidad del empleo de quienes trabajan en el sistema de cuidados.
En la antesala de la mesa de diálogo social convocada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, había subrayado que la convocatoria responde a una “petición expresa” de los sindicatos en el último Consejo General del IMSERSO.
Sin diálogo social previo
Este encuentro se produce tras conocerse “lo que había sido imposible durante toda la legislatura”, en referencia al incremento de la aportación del Estado con el objetivo de avanzar hacia el 50% de financiación previsto en la Ley de Dependencia de 2006, hizo notar Bravo, quien ha calificado la decisión como “una buena noticia” que el sindicato “saluda”, aunque ha lamentado que no haya estado precedida por un proceso de negociación.
“El incremento de financiación tiene un objetivo concreto, que es completar y mejorar la cobertura del sistema, y hubiera sido bueno que hubiera sido objeto de diálogo y concertación social, como lo fue la propia ley o el plan de choque 2021-2023”, ha señalado.
Según ha explicado, el aumento de la aportación estatal —especialmente a través del denominado nivel mínimo— implica una mayor transferencia de recursos a las comunidades autónomas en función del número de personas dependientes y su grado de reconocimiento.
En este contexto, el sindicato ha advertido de la necesidad de que este refuerzo presupuestario vaya acompañado de un mantenimiento o incremento de la financiación autonómica, así como de mayores niveles de transparencia.
“No conocemos los precios de concierto ni los copagos en ninguna comunidad autónoma”, ha denunciado Bravo, reclamando que se hagan públicos estos datos para evaluar el sistema.
En concreto, ha pedido que se tengan en cuenta los tres criterios previstos en la ley: número de personas atendidas, grado de dependencia y tipo de prestación, y no solo parcialmente como ocurre en la actualidad.
Ampliar y mejorar el servicio y las condiciones laborales
CCOO considera que este aumento de recursos debe aprovecharse para mejorar la calidad de los servicios y del empleo. Entre sus prioridades figuran incrementar la intensidad de la ayuda a domicilio, reducir la parcialidad —favoreciendo jornadas completas— y reforzar los servicios residenciales, centros de día y prestaciones profesionales.
Desde el sindicato muestra su preocupación por la evolución del sistema hacia modelos de cuidados informales. Según los datos citados por CCOO, el 44,7% de las personas beneficiarias recibe una prestación económica para cuidados familiares y el 14,2% percibe una prestación vinculada a servicios que exige asumir un doble copago para acceder a la red asistencial
Así mismo, ha advertido del riesgo de apostar por cuidados familiares no profesionales, que “tienen un impacto de género evidente” al recaer mayoritariamente en las mujeres y limitar su participación en el mercado laboral.
Su organización reclama medidas para impedir que las comunidades autónomas reduzcan su aportación al sistema tras la llegada de los nuevos fondos estatales.
Entre sus propuestas figuran la publicación de los datos de copago, el refuerzo de la provisión pública de servicios profesionales y la vinculación de los incrementos en los precios de concierto a mejoras efectivas en salarios, empleo y condiciones laborales.
Así mismo, el sindicato pide flexibilizar la aplicación de la Ley de Desindexación y revisar los contratos y pliegos de prestación de servicios para facilitar la implantación de estas mejoras en el sector de los cuidados.
En paralelo, la vicesecretaria general de UGT, Lola Navarro, ha puesto el acento en la necesidad de vincular “de forma indisoluble” el sistema de dependencia con las condiciones laborales.
La dirigente sindical ha reiterado la demanda de que el Ministerio concrete, junto a los interlocutores sociales, cómo se desplegará la financiación extraordinaria aprobada por Real Decreto-ley.
Fiscalización de los recursos
UGT también ha reclamado la apertura de mesas de diálogo social en las comunidades autónomas para garantizar que parte de los fondos se destine a las licitaciones públicas, incorporando mecanismos que permitan asumir las subidas salariales derivadas de la negociación colectiva.
Navarro ha destacado que el sector de la dependencia está altamente feminizado y presenta elevadas tasas de parcialidad, en muchos casos involuntaria. “Las trabajadoras tienen que hacer un sobreesfuerzo extraordinario”, ha señalado, defendiendo que los nuevos recursos deben contribuir a mejorar la estabilidad y calidad del empleo.
La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores ha insistido en la necesidad de garantizar un seguimiento continuado de la financiación extraordinaria. “Esperamos que esta mesa de diálogo tenga continuidad para poder controlar y fiscalizar estos recursos”, ha afirmado Lola Navarro.
Para las centrales sindicales, el incremento de financiación abre una oportunidad “histórica” para fortalecer el sistema de dependencia, cuya eficacia depende de la participación de los agentes sociales, la coordinación entre administraciones y la orientación de los recursos hacia la mejora real de la atención y del empleo en el sector.
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