El aumento de recursos en Dependencia debe traducirse en mejores cuidados y condiciones laborales
El incremento de la financiación estatal del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) anunciado por el Gobierno ha sido recibido con cautela por UGT y CCOO aunque advierten de que la medida sólo será eficaz si se vincula a mejoras concretas en la calidad de la atención y en las condiciones laborales del sector.
Ambos sindicatos subrayan que la decisión de poner en marcha los compromisos adquiridos en el marco del Plan de Choque 2021-2023 debería haberse abordado en el marco del diálogo y la concertación social, al considerarlo el espacio idóneo para garantizar el cumplimiento de los objetivos del sistema.
A la espera de un análisis detallado del contenido del Real Decreto-ley cuando sea publicado en el BOE, insisten en que el aumento de fondos debe condicionarse al impulso de servicios profesionales frente a las prestaciones económicas y al cumplimiento de estándares laborales y de calidad.
Los datos acumulados desde la puesta en marcha del Plan de Choque evidencian, según las organizaciones sindicales, un impacto significativo en la expansión del sistema.
Desde 2021, la lista de espera se ha reducido a la mitad y más de 570.000 personas han pasado a estar protegidas por el SAAD. En paralelo, el gasto certificado se ha incrementado en 11.949 millones de euros, con una aportación estatal de 8.262 millones, equivalente al 69,1% del total. En 2025, la financiación adicional alcanzó los 2.374 millones de euros anuales sobre la base previa al plan.
Sin embargo, UGT y CCOO alertan de un cambio de tendencia a partir de 2024, coincidiendo con la prórroga de los criterios de reparto entre comunidades autónomas sin una evaluación de resultados ni reorientación hacia los objetivos iniciales. Esta falta de condicionamiento, sostienen, está favoreciendo un crecimiento de las prestaciones de menor coste y menor calidad asistencial.
En concreto, las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar —con cuantías medias de entre 172 y 382 euros mensuales— ya cubren al 44,7% de las personas beneficiarias. A ello se suman las prestaciones vinculadas a servicio, que representan el 14,2% y suponen un “doble copago” para las familias. Este modelo, advierten, está desplazando progresivamente la provisión directa de servicios profesionales, considerada clave para garantizar una atención adecuada.
El impacto de esta evolución comienza a reflejarse también en el empleo. Aunque el SAAD ha generado 395.000 puestos de trabajo desde su creación en 2007 —186.000 de ellos desde 2021—, los sindicatos denuncian que el crecimiento del empleo ha dejado de acompasar el aumento de personas atendidas. De hecho, en el primer trimestre de 2026 se ha registrado una reducción de casi 3.000 afiliados vinculados al sistema respecto al cierre de 2025, un descenso inédito desde los recortes de 2012 y que podríaanticipar un cambio de tendencia.
En este contexto, UGT y CCOO defienden que el objetivo prioritario debe ser garantizar la calidad de la atención, reforzar el empleo y asegurar el reconocimiento profesional y salarial de las trabajadoras del sector. Ambas organizaciones respaldan el compromiso del Ejecutivo de elevar la financiación estatal hasta el 50% del gasto en 2027 —frente al 27% alcanzado en 2025—, pero exigen que este incremento se acompañe de criterios estrictos acordados con las comunidades autónomas.
Entre las condiciones planteadas, destacan la obligación de atender la lista de espera exclusivamente mediante servicios profesionales, el cumplimiento efectivo de las ratios de personal fijadas en el acuerdo de acreditación de 2022 y su progresiva mejora hasta equipararlas a las de los servicios de gestión pública directa. Asimismo, reclaman garantizar equipos multidisciplinares, reforzar el control sobre el cumplimiento de convenios colectivos y evitar la proliferación de empresas que operen con estándares laborales y asistenciales insuficientes.
Los sindicatos también demandan medidas para dignificar el empleo, como el aumento del peso de contratos a jornada completa —especialmente en ayuda a domicilio y centros de día—, la mejora de los salarios y el reconocimiento de la cualificación profesional. Además, plantean vincular la actualización de los precios de concierto al cumplimiento efectivo de la legislación laboral y a la evolución de la inflación, con el fin de asegurar que la mayor financiación repercuta tanto en la calidad del servicio como en las condiciones laborales.
Con este escenario de fondo, UGT y CCOO han anunciado el inicio de una campaña para exigir un acuerdo marco que ligue los nuevos recursos públicos a mejoras tangibles en el empleo y en la atención a la dependencia. A su juicio, el refuerzo financiero debe servir no solo para ampliar la cobertura del sistema, sino también para reequilibrar el peso de la gestión pública directa y consolidar un modelo basado en servicios profesionales de calidad.
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Redactor jefe de Noticias Obreras
