Los sindicatos advierten de que sin registro horario no habrá avances hacia la igualdad salarial
El diálogo social entre Gobierno, patronal y sindicato ha abierto una nueva mesa sobre la obligada transposición de la directiva europea de transparencia salarial, en un proceso marcado tanto por el retraso acumulado como por la complejidad técnica y política de las medidas a adoptar. Los sindicatos demandan la implantación del registro horario para avanzar en esta materia.
El encuentro, convocado por el Ministerio de Trabajo con la participación de sindicatos y organizaciones empresariales, ha servido para iniciar el análisis del borrador normativo que el Ejecutivo prepara para adaptar el ordenamiento jurídico español a las exigencias comunitarias.
Al término de la reunión, el secretario de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, Javier Pacheco, ha subrayado la relevancia del compromiso de la Comisión Europea para garantizar la aplicación de la directiva en todos los Estados miembros, incluso frente a las presiones de las patronales.
En este sentido, ha defendido la necesidad de que España culmine “la transposición del conjunto de normas que modifica el ordenamiento jurídico” con el fin de asegurar una implementación efectiva.
Según ha explicado, el Gobierno ha planteado abordar inicialmente una propuesta mediante real decreto que permita una transposición parcial de la directiva, mientras se identifican aquellas modificaciones que requieren rango de ley.
Este enfoque mixto obligará, previsiblemente, a combinar distintas herramientas legislativas para completar el proceso.
“Analizaremos el listado de modificaciones que requieren un rango de ley para poder garantizar en el acuerdo el vehículo necesario para poder modificar la ley”, ha indicado Pacheco.
Desde UGT, su secretaria de Salud Laboral, Patricia Ruiz, ha insistido en la urgencia de avanzar tras el incumplimiento del plazo europeo.
“La transparencia salarial que exige Europa a través de esa directiva, aprobada hace tres años, hace unas semanas que cumplió su límite de aplicación”, ha recordado.
En este contexto, ha subrayado que la reducción de la brecha salarial –que en España “supera el 15%”– debe ser el eje central de la negociación.
Ruiz ha señalado que el texto entregado por el Gobierno será analizado en detalle por el sindicato, que presentará propuestas para reforzar la eficacia de las auditorías retributivas.
“Incorporaremos las condiciones necesarias para que se hagan de una manera eficaz y transparente”, ha afirmado, en referencia a uno de los instrumentos clave previstos en la directiva europea.
Sin registro horario, no habrá transparencia
Ambas organizaciones de trabajadoras y trabajadores ha situado el registro horario en el centro del debate. La dirigente sindical ha advertido de que su situación actual impide disponer de datos fiables sobre la realidad salarial.
“Necesitamos saber cuántas horas trabajan las mujeres en este país y cómo se retribuye el valor de la hora. Estos datos son imposibles de conseguir si el registro horario no es efectivo”, ha señalado, reclamando que el sistema sea “digital, interoperable y claro”.
En la misma línea, Javier Pacheco ha defendido que el control del tiempo de trabajo resulta determinante para garantizar la transparencia retributiva y avanzar en la reducción de la brecha de género. Por ello, CCOO ha reiterado que la aprobación del registro horario es “una condición sine qua non” para culminar la transposición de la directiva.
Ambos sindicatos han exigido al Gobierno que acelere su puesta en marcha. “Hemos exigido que se apruebe el registro horario comprometido desde hace meses, porque es una herramienta necesaria para acabar con la desigualdad salarial entre hombres y mujeres”, ha remarcado Ruiz.
La directiva comunitaria tiene como objetivo principal reforzar la igualdad retributiva entre mujeres y hombres para trabajos de igual valor.
Entre sus principales novedades, establece que las empresas deberán analizar las diferencias salariales cuando superen el umbral del 5% y adoptar medidas correctoras si no están justificadas.
Además, introduce mayores obligaciones de transparencia, como la comunicación de los criterios salariales y la facilitación de información a las plantillas.
Desde el Ministerio de Trabajo sostienen que España parte de una posición relativamente avanzada en esta materia, gracias a desarrollos normativos previos en igualdad retributiva. No obstante, reconocen la necesidad de completar la transposición para adecuarse plenamente al marco europeo y evitar posibles sanciones.
El proceso negociador se prevé complejo, tanto por los plazos incumplidos como por las implicaciones que tendrá para el tejido empresarial. Las posiciones entre sindicatos y patronales han sido tradicionalmente divergentes en este terreno, especialmente en lo relativo a las obligaciones de información y control.
A pesar de ello, la participación de CEOE y Cepyme en la reunión abre la puerta a un diálogo que será determinante para definir el alcance final de la normativa.
Según ha avanzado UGT, se elaborará un informe con propuestas de mejora de cara a una nueva reunión prevista para mediados de julio, en la que se abordarán los ajustes necesarios para garantizar una aplicación efectiva de la norma y avanzar hacia la reducción de la brecha salarial.
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