La transparencia salarial entra en una negociación marcada por el retraso y el riesgo de una transposición parcial
Los sindicatos reclaman al Gobierno que incorpore íntegramente la directiva europea y advierten de que un real decreto solo permitiría regular una parte de su contenido. La negociación avanza fuera de plazo y en plena crisis de confianza por los acuerdos sociales todavía pendientes de convertirse en derechos
La negociación para incorporar al ordenamiento jurídico español la directiva europea de transparencia salarial avanza bajo dos advertencias sindicales: el retraso acumulado no puede justificar una transposición incompleta y la fórmula elegida por el Gobierno debe garantizar que las nuevas obligaciones se conviertan en derechos efectivos.
Los agentes sociales volvieron a reunirse este miércoles con el Ministerio de Trabajo para abordar la transposición de la Directiva (UE) 2023/970, destinada a reforzar la igualdad de retribución entre mujeres y hombres por un mismo trabajo o por un trabajo de igual valor.
El encuentro se produjo con el plazo europeo ya incumplido. Los Estados miembros debían haber incorporado la directiva antes del 7 de junio, pero el Gobierno español no abrió formalmente las conversaciones con CCOO, UGT y patronales hasta el pasado 1 de julio.
Un real decreto no permitiría incorporar toda la directiva
Las centrales sindicales han insistido en que la norma europea debe trasladarse íntegramente a la legislación española, aunque el plazo haya vencido. La vía de un real decreto permitiría desarrollar algunas materias reglamentarias relacionadas con la transparencia retributiva, pero no sería suficiente para incorporar todos los mecanismos legales previstos para garantizar el cumplimiento de la igualdad salarial.
“A pesar de que estamos fuera de plazo”, es necesario que “se haga una transposición completa de todas las materias”, ha defendido Cristina Torre, adjunta a la Secretaría de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, a la conclusión de la reunión en el Ministerio.
La directiva amplía las obligaciones de las empresas para facilitar información sobre los salarios y los criterios utilizados para determinar las retribuciones. También establece que, cuando exista una diferencia salarial de al menos un 5% entre mujeres y hombres y la empresa no pueda justificarla mediante criterios objetivos y neutros, deberá analizar sus causas junto con la representación de las personas trabajadoras y adoptar medidas correctoras.
La representación sindical considera que el alcance de la norma europea no puede quedar reducido a mejorar la información disponible. Su objetivo debe ser convertir la transparencia retributiva en una herramienta efectiva para detectar, corregir ty sancionar las diferencias salariales injustificadas.
La igualdad salarial también dependerá del Congreso
La posición defendida por los sindicatos obliga a plantear una doble vía normativa. Junto al desarrollo reglamentario que puede aprobar directamente el Ejecutivo, será necesario modificar el marco legal mediante una norma con rango de ley.
Esta segunda parte requerirá el respaldo de los grupos parlamentarios. Los sindicatos han anunciado que reclamarán a las formaciones políticas que asuman su responsabilidad y se tomen en serio la igualdad entre mujeres y hombres.
La negociación deja así de depender exclusivamente del Ministerio de Trabajo y Economía Social que lidera Yolanda Díaz. Si el Gobierno opta únicamente por aquello que puede aprobar mediante un real decreto, la transposición podría limitarse a determinadas obligaciones de transparencia y dejar fuera parte de los instrumentos destinados a garantizar su cumplimiento.
Una nueva prueba para el diálogo social
La mesa sobre transparencia salarial se reúne, además, en un momento de creciente desconfianza sindical hacia el Ejecutivo. CCOO y UGT han advertido de que no firmarán nuevos acuerdos si los compromisos ya alcanzados en el diálogo social no se traducen en normas y derechos efectivos.
Ambas organizaciones han fijado el 31 de julio como fecha límite para que el Gobierno desbloquee medidas pendientes relacionadas con el registro horario, la regulación para impedir que determinados complementos absorban las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) y la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
La advertencia afecta directamente a las negociaciones abiertas por Trabajo. Los sindicatos sostienen que no resulta suficiente alcanzar acuerdos o presentar el diálogo social como una fortaleza institucional si posteriormente lo pactado no llega al Boletín Oficial del Estado.
La transposición de la directiva de transparencia salarial se convierte, por tanto, en una nueva prueba para el Gobierno. El resultado no se medirá únicamente por el cierre formal de la mesa, sino por la capacidad del Ejecutivo para articular un marco normativo completo que permita pasar de conocer las diferencias salariales a corregirlas y garantizar una igualdad retributiva efectiva.
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Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)
