La regularización administrativa no es suficiente para promover la inserción laboral plena
La regularización administrativa a través del arraigo continúa siendo una vía clave para la incorporación de personas migrantes al mercado de trabajo en España, pero no garantiza por sí sola condiciones laborales dignas.
Así lo advierte un reciente informe de UGT que indica que los procesos actuales de inserción están profundamente condicionados por la urgencia de salir de la irregularidad y por un mercado laboral segmentado.
“El acceso al mercado de trabajo desde una previa situación de irregularidad está condicionado por varios factores”, recoge el documento, que señala entre ellos la presión por regularizarse, las dificultades para obtener una oferta de empleo y la necesidad inmediata de ingresos. Esta situación, añade, limita la capacidad de elección y dirige a muchas personas hacia ocupaciones precarias desde el primer momento.
Aunque la regularización mejora las posibilidades de integración en buenas condiciones en el mercado de trabajo al ampliar las opciones, pero no se traduce automáticamente en un abandono de la precariedad.
El estudio apunta, después de todo, a que la mejora de la inserción pasa por garantizar trayectorias laborales que permitan salir de los sectores más precarizados. “Cuando se accede a una autorización de residencia y trabajo, estas ocupaciones se van abandonando”, señala el texto, lo que evidencia que existen alternativas cuando las condiciones de acceso son menos restrictivas.
Regularización sin derechos efectivos
Según UGT, “la salida de la irregularidad no va acompañada del abandono de la precariedad laboral, especialmente para las mujeres”. De este modo, la regularización mejora el estatus administrativo, pero no implica automáticamente una inserción con derechos.
Los datos lo evidencian. A finales de 2025 había 394.110 personas con autorización de arraigo en vigor, pero solo el 55,3% estaba afiliado a la Seguridad Social. En el caso de las mujeres, la tasa de afiliación se reducía al 47,2%, frente al 61,9% de los hombres.
Para el sindicato, estas cifras reflejan que el acceso al empleo no se produce en igualdad de condiciones y que la regularización se traduce, en muchos casos, en una continuidad de la precariedad previa.
El informe identifica una fuerte concentración del empleo en determinados sectores. Según la organización sindical, “las actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico y los servicios de comidas y bebidas son las actividades con mayor número de titulares de autorizaciones de arraigo”.
En el caso de las mujeres, esta concentración es especialmente acusada: el 50,4% trabaja en el empleo doméstico y, junto a la hostelería, ambas actividades concentran el 74,7% de su inserción laboral.
El sindicato advierte de que estos sectores están marcados por condiciones laborales más inestables y salarios más bajos. “Ambas actividades están caracterizadas por la precariedad”, señala el informe, que relaciona esta situación con el descenso de su peso cuando se accede a autorizaciones ordinarias de trabajo.
Dependencia del empleo para mantener los derechos
Otro de los elementos que, según UGT, dificulta una inserción con derechos es la vinculación entre empleo y situación administrativa. Para renovar permisos o consolidar la regularidad, es necesario mantener la actividad laboral o acreditar cotizaciones suficientes.
En este sentido, el informe subraya que conservar un empleo “no es solo una cuestión de tener un salario, sino de asegurar la situación de regularidad”. Esta dependencia, advierte, refuerza la permanencia en puestos precarios y limita la posibilidad de mejorar las condiciones laborales.
La precariedad se combina con otros factores estructurales, por lo que la inserción laboral de las personas migrantes está limitada por la discriminación y por las dificultades para homologar títulos y reconocer cualificaciones.
Esta situación se traduce en un desajuste entre formación y empleo. El informe destaca que las mujeres, pese a tener en muchos casos niveles educativos elevados, se concentran en ocupaciones de menor cualificación: el 72% de las titulares de arraigo se encuentran en el grupo de ocupaciones elementales, asociado a los salarios más bajos.
Si bien este informe tiene un enfoque analítico y descriptivo, se pueden inferir claramente las medidas correctoras necesaria, como reducir la dependencia de la autorización administrativa del empleo y facilitar el reconocimiento de cualificaciones y la homologación de títulos para que la población migrante trabajadora accede a ocupaciones de mayor calidad. Pero también parece oportuno incorporar una perspectiva de género a la hora de diseñar también planes de inserción laboral de la población migrante.
El estudio apunta, después de todo, a que la mejora de la inserción pasa por garantizar trayectorias laborales que permitan salir de los sectores más precarizados. “Cuando se accede a una autorización de residencia y trabajo, estas ocupaciones se van abandonando”, señala el texto, lo que evidencia que existen alternativas cuando las condiciones de acceso son menos restrictivas.
En última instancia, el análisis concluye que la situación de las personas migrantes no depende únicamente de su estatus administrativo. Según la organización de trabajadoras y trabajadores, el modelo de inserción está determinado también por las características del propio mercado laboral, que reproduce desigualdades y segmentación.
Por ello, el sindicato insiste en que la regularización debe acompañarse de políticas públicas y laborales que garanticen derechos efectivos. Sin estos cambios, advierte el informe, la incorporación al empleo seguirá produciéndose en condiciones de vulnerabilidad, prolongando la precariedad incluso después de haber accedido a la legalidad.
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