El Gobierno aplaza a septiembre el registro horario pese al ultimátum sindical
Trabajo y Economía acuerdan posponer una norma que debía aprobarse antes de las vacaciones y que permitirá a la Inspección comprobar a distancia el cumplimiento de la jornada. CCOO y UGT habían fijado el 31 de julio como límite para convertir los acuerdos alcanzados en derechos efectivos
El Gobierno no aprobará antes de las vacaciones la reforma del registro horario. Los ministerios de Trabajo y Economía han acordado retrasar hasta septiembre la tramitación de una norma destinada a impedir la manipulación del control de jornada y facilitar que la Inspección de Trabajo pueda comprobar a distancia las horas realmente realizadas.
El aplazamiento llega después de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, asegurara que la regulación estaba “prácticamente lista”. El objetivo anunciado era llevarla al Consejo de Ministros antes del verano, pero las objeciones jurídicas y las diferencias entre ambos ministerios han terminado desplazando su aprobación.
La decisión supone también rebasar el plazo señalado por CCOO y UGT. Los dos sindicatos habían dado al Ejecutivo hasta el 31 de julio para materializar los compromisos laborales pendientes y habían advertido de que no continuarían firmando acuerdos que después no se convirtieran en normas y derechos efectivos.
Una herramienta contra las horas no registradas
La reforma pretende fortalecer el registro horario introducido en 2019, cuya aplicación ha mostrado importantes limitaciones. El nuevo sistema deberá evitar anotaciones modificables o cumplimentadas con posterioridad y permitir un acceso inmediato de la representación sindical y de la Inspección de Trabajo.
La digitalización del registro debería facilitar la comprobación de la jornada efectiva, los descansos y las horas extraordinarias. No se trata, por tanto, de una cuestión meramente administrativa. Su eficacia condicionará la capacidad pública para detectar prolongaciones de jornada no declaradas, horas extraordinarias no pagadas y prácticas empresariales que dificultan conocer el tiempo realmente trabajado.
La reforma formaba inicialmente parte del proyecto para reducir la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales. Posteriormente, el Ministerio de Trabajo optó por impulsar separadamente el registro mediante un real decreto, una vía que permitiría aprobarlo sin someterlo a los equilibrios parlamentarios.
Las objeciones del Consejo de Estado
El Consejo de Estado emitió a finales de marzo un dictamen desfavorable sobre el proyecto. Aunque sus pronunciamientos no tienen generalmente carácter vinculante, el órgano consultivo cuestionó la ausencia de una adaptación suficiente a los distintos sectores, la carga administrativa que podía representar para las pequeñas y medianas empresas y, especialmente, la elección de un real decreto para regular una materia que, a su juicio, podría requerir una norma con rango de ley.
Economía y Función Pública también habían planteado objeciones a distintos elementos del proyecto. El acuerdo alcanzado ahora entre los departamentos dirigidos por Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo permite aplazar la decisión, pero no aclara qué cambios se introducirán para responder al Consejo de Estado ni si el Gobierno mantendrá la vía del real decreto.
Tampoco se ha concretado todavía en qué fecha de septiembre llegará la norma al Consejo de Ministros, cuándo entrará en vigor o qué periodo tendrán las empresas para adaptar sus sistemas.
Un nuevo incumplimiento
El retraso adquiere una dimensión política porque se produce en medio del creciente malestar sindical por los acuerdos sociales que permanecen pendientes de desarrollo normativo.
CCOO y UGT advirtieron este mes de que “el Gobierno tiene que cumplir lo que firma”. Los dos líderes sindicales, Unai Sordo y Pepe Álvarez, fijaron el 31 de julio como fecha límite para aprobar, entre otras materias, el nuevo registro horario y alertaron de que no participarían en futuros acuerdos sin garantías de aplicación.
El aplazamiento obliga ahora a los sindicatos a decidir si mantienen esa advertencia y qué consecuencias tendrá para su participación en el diálogo social. También queda por conocer si consideran suficiente el compromiso de aprobar la norma en septiembre o si exigirán un calendario cerrado y garantías sobre su contenido.
La cuestión de fondo será comprobar si el retraso sirve para reforzar jurídicamente el registro o si abre la puerta a rebajar su capacidad para controlar los incumplimientos de jornada. Mientras la regulación continúa pendiente, las dificultades para acreditar las horas realmente trabajadas y remuneradas permanecen sin resolver.
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Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)
