Dependencia, discapacidad, presupuestos, RTVE y libertad de expresión marcan una semana clave en el Congreso
El Congreso concentra entre este lunes y el martes una actividad extraordinaria con decisiones sobre financiación pública, derechos sociales, cuidados, inclusión laboral, libertad de expresión y servicio público de radiotelevisión
El Congreso de los Diputados afronta una semana parlamentaria breve, pero cargada de asuntos directamente relacionados con el desarrollo del Estado social y la protección de derechos fundamentales.
La actividad comienza este lunes con dos sesiones dedicadas a Radio Televisión Española y culminará el martes, desde las 12 horas, con un Pleno extraordinario que abordará los objetivos presupuestarios, la dependencia, la discapacidad, la financiación de RTVE y los límites penales de la libertad de expresión.
Al término del Pleno está prevista, además, una reunión de la ponencia que estudia la inclusión laboral de las personas con discapacidad mediante la cuota de reserva de empleo.
El marco económico para sostener las políticas sociales
El primer punto del Pleno será el debate sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de las administraciones durante el periodo 2027-2029, junto con el límite de gasto no financiero del Estado para 2027.
Aunque suele presentarse como un debate macroeconómico, su alcance es fundamentalmente político y social. Los objetivos de déficit y deuda condicionarán los recursos disponibles para dependencia, sanidad, educación, vivienda, empleo y protección social, además del margen presupuestario de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
La votación permitirá conocer también los apoyos con los que cuenta el Gobierno para avanzar hacia unas futuras cuentas públicas y hará visible la tensión entre el cumplimiento de las reglas fiscales y la necesidad de consolidar derechos cuya financiación no puede depender permanentemente de medidas extraordinarias.
Más recursos y nuevos derechos para la dependencia
Uno de los asuntos con efectos más inmediatos será la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 17/2026, destinado a fortalecer el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
La norma incorpora 2.097,6 millones de euros para aumentar el nivel mínimo financiado por el Estado y otros 121 millones para el nivel acordado con las comunidades autónomas. La aportación estatal al sistema alcanzará en 2026 los 5.513 millones de euros.
El decreto eleva las cantidades que el Estado transfiere a las comunidades por cada persona atendida y según su grado de dependencia. No son prestaciones entregadas directamente a las personas beneficiarias, sino financiación destinada a sostener los servicios y ayudas gestionados por las autonomías. Las nuevas cuantías se aplican desde el 1 de julio.
El sistema atiende actualmente a casi 1,7 millones de personas y emplea a más de 500.000, el 80% mujeres. El propio Gobierno calcula que será necesario incorporar entre 261.400 y 639.400 profesionales antes de 2030, dependiendo de la extensión de la cobertura y de los servicios.
La votación determinará si la financiación extraordinaria se mantiene y si el decreto se tramita posteriormente como proyecto de ley, lo que permitiría presentar enmiendas.
Los sindicatos reclaman que los recursos dejen de tener carácter excepcional, se conviertan en un compromiso estable y repercutan en la reducción de las listas de espera, el aumento de las plantillas y la mejora de las condiciones laborales.
Una reforma amplia de la discapacidad y los cuidados
El Pleno votará también el proyecto que modifica la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia.
La reforma desarrolla el nuevo artículo 49 de la Constitución y pretende superar el enfoque asistencial para situar en el centro la autonomía, la accesibilidad y la capacidad de cada persona para decidir cómo, dónde y con quién vivir.
Entre sus medidas, reconoce la accesibilidad universal como un derecho, amplía la asistencia personal, configura la teleasistencia como un servicio garantizado e incorpora nuevas modalidades de cuidados y apoyos en viviendas. También busca transformar la ayuda a domicilio, los centros de día y las residencias para avanzar hacia una atención personalizada y conectada con la comunidad.
Una de sus novedades más importantes es la incorporación de garantías sobre la calidad del empleo. Los futuros criterios comunes deberán tener en cuenta la suficiencia de las plantillas, la cualificación, la jornada, la temporalidad, la salud laboral, las retribuciones y los convenios colectivos.
La reforma establece así una relación directa entre la calidad de vida de quienes reciben cuidados y las condiciones de quienes los prestan. Su efectividad dependerá, sin embargo, del desarrollo normativo posterior, la financiación autonómica y la participación de sindicatos y organizaciones sociales.
La inclusión laboral de las personas con discapacidad
Una vez concluya el Pleno, se reunirá la ponencia de la Comisión de Trabajo encargada de estudiar la proposición de ley sobre inclusión laboral de las personas con discapacidad mediante la cuota de reserva de empleo.
La reunión añade otra dimensión a una jornada marcada por los derechos de este colectivo: el acceso efectivo al trabajo. La cuestión de fondo será comprobar si la legislación permite avanzar desde el cumplimiento formal de las cuotas hacia una inclusión real, con empleos estables, accesibles y acordes con la formación y las capacidades de cada persona.
RTVE: control, mandato-marco y financiación
Radio Televisión Española ocupa también un lugar destacado. Este lunes comparece ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario el presidente de la corporación para responder a los grupos. Posteriormente se reúne la subcomisión encargada de redactar el nuevo mandato-marco, que deberá definir los objetivos generales del servicio público audiovisual.
El martes, el Congreso votará además la convalidación del Real Decreto-ley 16/2026. La norma establece que los impuestos no deducibles soportados por RTVE formen parte del coste del servicio público y generen un derecho a compensación del Estado.
La coincidencia de estas tres convocatorias permitirá abordar el modelo, el control y la financiación de la radiotelevisión pública: qué servicio debe prestar, con qué garantías de independencia y pluralismo y con qué recursos para cumplir unas funciones que la ley considera esenciales para la cohesión democrática.
Los límites penales de la libertad de expresión
El último punto del Pleno será el debate de totalidad de una proposición de Sumar para reformar el Código Penal en materia de libertad de expresión.
La iniciativa plantea derogar los delitos de escarnio de los sentimientos religiosos, injurias a la Corona, ultrajes a España y sus símbolos e injurias a determinadas instituciones. También propone modificar el delito de enaltecimiento del terrorismo para exigir una incitación directa a cometer delitos.
El debate afecta al equilibrio entre libertad de expresión, libertad religiosa, protección del honor, crítica a las instituciones y prevención de los discursos de odio. La votación de las enmiendas a la totalidad determinará si la iniciativa continúa su tramitación.
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Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)
