Sindicatos y entidades sociales defienden la regularización de personas migrantes frente al recurso de Vox y la Comunidad de Madrid
Los sindicatos UGT y CCOO, junto con la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), Coordinadora de Barrios y el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), se han personada como partes demandadas en la causa abierta –a iniciativa de la Comunidad de Madrid gobernada por el PP de Díaz-Ayuso y el partido Vox, comandado por Santiago Abascal–, en el Tribunal Supremo, en defensa de la legalidad de la regularización de personas migrantes.
La regularización extraordinaria, fruto de la Iniciativa Legislativa Popular respaldada por 700.000 firmas, más de 900 organizaciones sociales y la propia jerarquía católica, fue aprobada en el Congreso a pesar de la férrea oposición que desde el inicio ejerció el partido de ultraderecha Vox y del grupo parlamentario del PP, en el momento de las votaciones.
En un intento de frenar su aplicación, los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso y del partido Vox presentaron sendos recursos ante el Supremo contra el Real Decreto que promueve el ejercicio efectivo de los derechos de ciudadanía a personas residentes llegadas de fuera de nuestra fronteras.
Otras colectivos entidades como Hazte Oír, Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y Asociación Libertad y Justicia, que habían denunciado la regularización ante el alto tribunal, finalmente no han sido reconocidos como partes interesadas en la causa abierta en la Sala de lo Contencioso Administrativo.
Procedimiento seguro para las personas migrantes
El Tribunal Supremo ya ha rechazado en dos ocasiones las solicitudes de suspensión cautelarísima y cautelar presentadas por los recurrentes, lo que ha permitido que el procedimiento continúe en marcha con plena seguridad jurídica para las cientos de miles de personas que ya han presentado su solicitud.
Esta doble negativa configura el escenario procesal en el que ahora se incorporan sindicatos y entidades sociales, que comparecen como codemandadas para reforzar la defensa jurídica del decreto y evitar que la causa pueda derivar en un bloqueo del proceso.
Las organizaciones sociales —APDHE, Coordinadora de Barrios y SJM— subrayan que la regularización extraordinaria no es una “concesión improvisada”, sino la culminación de un proceso popular impulsado por personas migradas y racializadas, acompañado por un amplio tejido social y respaldado por una ILP que obtuvo un apoyo ciudadano excepcional. Recuerdan que paralizar el procedimiento habría supuesto “un daño grave e irreparable” para quienes dependen de esta vía para acceder a derechos básicos.
Por su parte, UGT y CCOO han anunciado que su personación busca defender la constitucionalidad del decreto y contribuir a su “aplicación efectiva”. Ambas centrales de personas trabajadores han activado un plan especial de movilización de recursos sindicales para asesorar a las personas migrantes y acompañar la presentación de solicitudes.
Consideran que la medida permite aflorar empleo sumergido, aumentar las cotizaciones a la Seguridad Social y reconocer derechos a miles de personas que ya viven y trabajan en España.
Sindicatos y asociaciones de derechos humanos celebran que el Supremo haya descartado el supuesto perjuicio alegado por los recurrentes y destacan que la resolución devuelve el debate “al terreno de los hechos y del Derecho”, lejos de discursos que buscan generar miedo, división e indefensión.
Derechos frente al odio
En palabras de Patricia Fernández Vicens, letrada de APDHE y de la Coordinadora de Barrios, “el verdadero interés general reside precisamente en garantizar derechos, no en suspenderlos, y el auto devuelve la conversación al terreno de los hechos y del Derecho, lejos del discurso del odio”.
Desde el SJM, Javier Ignacio Moreno Gómez subraya que el auto del Supremo reconoce que la norma “incide directa, íntima y cualificadamente en un sustrato humano que trasciende a la mera consideración económica”, lo que supone “poner en su lugar la idea de dignidad humana” y blindar el esfuerzo de autoorganización de las comunidades migrantes y racializadas.
Redactor jefe de Noticias Obreras
