Las medidas de Ayuso y Almeida contra personas sin hogar y sin empadronar, “contrarias a los valores” defendidos por el Papa
El Gobierno de Ayuso en la Comunidad de Madrid pretende que solo las personas empadronadas puedan acceder al abono transporte, mientras que Almeida en el ayuntamiento ha optado por incautar las pertenencias de quienes viven en la calle. Desde el Servicio Capuchino para el Desarrollo y la Solidaridad (SERCADE) califican estas medidas como “políticas de descarte”
La visita del santo padre a la ciudad, recibido con honores por las autoridades autonómicas y municipales, cuyas palabras fueron respaldadas con entusiasmo, hizo pensar que valores como la solidaridad, la acogida y la esperanza resonaban verdaderamente en la sociedad.
Sin embargo, a la luz de estas decisiones –que evocan la “prioridad nacional” defendida por el partido de ultraderecha Vox–, la entidad considera que aquello quizá no fue más que “un espejismo”.
La frase con la que León XIV abrió su mensaje en el centro de atención a personas sin hogar de Cáritas –“quien viene a Madrid, es de Madrid”– parece haber perdido su sentido. Las medidas adoptadas apuntan a que, para los actuales gobiernos regional y local, priman algunos madrileños, y ni siquiera todos.
Por ahora, solo quienes logren empadronarse y dispongan de un lugar donde residir o guardar sus pertenencias. No se descarta que en el futuro se establezcan más requisitos para determinar quién será reconocido como madrileño o madrileña.
Según la organización de atención social de los frailes capuchinos, estas decisiones de las instituciones madrileñas son “contrarias a los valores inspirados por León XIV”.
Además, subrayan que “profundizan en la vulnerabilidad de personas migrantes y sin hogar”. A quienes viven en la calle se les “despoja, sin previo aviso”, de sus escasas pertenencias, incluida en ocasiones su documentación o medicación.
La entidad recuerda que lleva años reclamando la instalación de “taquillas solidarias para que quienes duermen en la calle dispongan de un lugar seguro donde guardar sus cosas”, una medida que aún no se ha puesto en marcha. En su lugar, la actuación adoptada pasa por “retirar de la vía pública todos sus enseres”.
Por otra parte, “impedir el acceso al abono transporte a las personas no empadronadas reduce aún más las posibilidades de integración de un colectivo especialmente vulnerable”, añaden.
Dificultar el acceso al transporte público implica negar “una herramienta esencial para acceder a distintos recursos” a quienes más apoyo necesitan.
Más aún cuando a muchas personas se les niega el empadronamiento por la “voluntad de los propietarios que les alquilan —a menudo a precios cercanos a la usura— viviendas o infraviviendas”, recuerda este servicio eclesial.
En numerosos municipios se está endureciendo el acceso al padrón, “la puerta de entrada a derechos básicos como la atención social, la educación o la sanidad”, ya sea por cálculo electoral o por un ahorro mal entendido.
Al final, concluyen, “son las personas vulnerables las que, una vez más, quedan excluidas del sistema de acceso a derechos fundamentales por causas ajenas a su voluntad”.
Desde SERCADE reclaman tanto al Gobierno regional como al municipal que “abandonen estas políticas de exclusión y reviertan las últimas medidas, que sitúan a las personas vulnerables en una situación de mayor restricción de derechos”.
Para ello recuperan las palabras del papa León XIV dirigidas a la clase política, durante su reciente visita a España: “Les invito a alzar la mirada porque cada decisión pública toca a personas de carne y hueso”.
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