La regularización extraordinaria: “Una venta para salir de la oscuridad”
La regularización extraordinaria de personas migrantes, en vigor desde el 16 de abril de 2026, ha abierto un periodo de enorme intensidad para las entidades sociales que acompañan a quienes buscan acreditar su residencia en España como el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) o el Servicio Capuchino al Desarrollo (SERCADE).
La manzana de la Basílica de Jesús de Medinaceli en Madrid acoge la sede del Servicio Capuchino al Desarrollo (SERCADE), que en estos días se ha convertido en un entrar y salir de personas migrantes con carpetas y papeles bajo el brazo y una mochila invisible llena de sueños y temores.
Laura, de 44 años, natural de Nicaragua, está esperando a ser atendida por María Seco, abogada dedicada a tiempo completo a atender a personas migrantes que tratan de regularizar su situación a través del proceso extraordinario en curso.
En un mes, han pasado por esta vieja aula reconvertida en un despacho informal con dos puestos de atención, más de mil personas. Sueñan con ver sus derechos de ciudadanía reconocidos por un Estado en el que viven desde hace tiempo, algunos incluso décadas.
“Un día, a las siete de la mañana, ya había veinte personas esperando”, recuerda Seco. Para organizar la atención, reparten números cada día, aunque quienes lograron cita previa semanas atrás mantienen la prioridad.
SERCADE fue una de las pocas entidades que comenzó a trabajar desde el primer día. “Entregamos el registro de entidades colaboradoras desde el primer día. Somos así, a pecho descubierto”, explica Seco. El proyecto Afrique que coordina funciona habitualmente como puerta de entrada para personas recién llegadas y en situación de calle, especialmente de África Occidental.
Allí encuentran intérpretes, acompañamiento, clases de español, apoyo sanitario y un equipo de más de setenta voluntarios.
Seco llegó a este trabajo tras casi dos décadas como abogada especializada en violencia de género. “Para mí el Derecho es justicia social, no solo para mi cliente”, afirma. Su llegada a SERCADE supuso también una reconciliación con la Iglesia: “Vi la diferencia entre lo social desde lo laico y lo social desde lo religioso. Desde lo cristiano hay un paso más”.
Sin información oficial previa
Cuando el Gobierno publicó el real decreto que regula la regularización, el 15 de marzo, las entidades colaboradoras descubrieron que debían emitir el informe de vulnerabilidad sin haber recibido instrucciones previas.
“Atendemos a todas las personas, las miramos a la cara, les hacemos preguntas para valorar su situación”, relata Seco. “Podríamos haber puesto una mesa y darlos como churros, pero preferimos atenderlos, preguntamos, hacemos el informe de vulnerabilidad. Si necesitan más información”, se la damos completa.
“Para pedir la cita necesitan a alguien que lo haga por ellos, y les cobran. Hemos visto precios desde 80 hasta 500 euros”, explica.
Armando, venezolano, obtuvo la tarjeta roja de refugiado que, según parece, el Gobierno va a dejar de otorgar a sus compatriotas. Trabaja de conserje y ha logrado el permiso de residencia. En realidad, como voluntario de una asociación que ayuda a inmigrantes, ha acudido a acompañar a una pareja a la que le ha llegado el turno y entra con sus papeles bajo el brazo.
Ve bien el proceso, porque entiende que es necesario “registrar a las personas que llegan tanto por “vías normales como por las otras”, para que puedan hacer su vida y contribuir a que este país “avance”, aunque sospecha que la decisión del Gobierno tiene también mucho de “cálculo político”.
Aunque para voluntarios y técnicos de SERCADE, la regularización les está dando muchos quebraderos de cabeza, sobre todo por la falta de recursos e información de la Administración Central y la negativa de la mayoría de los Ayuntamientos a colaborar con los trámites, María está viviendo estas semanas con “emoción”.
“La gente con la que hablamos, que lleva aquí mucho tiempo, está viendo una ventana abierta para salir de la oscuridad”, explica. Cientos de miles de personas que ya habitan este país tiene la “posibilidad de salir de la absoluta precariedad”.
Eso es mucho para quienes salen a la calle con miedo a las deportaciones, aceptan empleos sin saber si les pagarán siquiera, y posponen una y otra vez el viaje pendiente a sus familiares por si no pueden volver a entrar.
Derecho a tener derechos
Una vez obtenida la documentación que reconoce “el derecho a tener derechos” podrán alquilar una vivienda sin miedo a que de buenas a primeras les echen, tener empleos reglados, llevar a sus hijos al cole o al médico… y tratar de reagrupar a sus familiares.
“Muchos son explotados en sus trabajos por no tener los papeles, incluso por sus compatriotas”, lamenta Armando, aunque donde peores condiciones se dan sin lugar a dudas, razona es en el servicio doméstico. “Las empleadas de hogar internas están mal pagadas, no tienen tiempo libro y a veces hasta les pegan y maltratan”, explica.
También se queja de los problemas de acceso a la vivienda. “Están cobrando por una habitación compartida casi 400 euros. “Los precios son una locura, incluso en los pueblos alrededor de las ciudades”, insiste.
El proceso extraordinario también ha obligado al equipo de SERCADE a enfrentarse a su “propio poder”. “Tienes veinte números y decides si das quince o cinco. Estás negando atención porque quieres irte a casa a las ocho de la tarde. Eso hay que trabajarlo, también hay que entender que ni somos los único ni podemos todo”, reflexiona.
Con todo, tiene claro que la mala organización administrativa ha trasladado a las entidades un poder que no buscaban y que no tienen más remedio que gestionar con cuidado.
Aun así, la respuesta de las personas atendidas ha sido ejemplar. “Nunca he tenido problemas. Si venía una mujer embarazada o alguien vulnerable, la dejaba pasar. Ellos mismos se organizaban en la cola”, cuenta.
No es de extrañar la mezcla de esperanza y angustia que reflejan las caras de quienes hacen cola. Una equivocación, un descuido o la falta de alguno de los papeles exigidos puede cerrar la puerta a la regularización deseada.
Vulnerabilidad, penales y citas
“Hay que superar muchos obstáculos. Primero fue el informe de vulnerabilidad que estamos haciendo las entidades registradas como colaboradora, luego está el atasco en las oficinas donde hay que presentar la documentación o sacar un número con un certifico digital que las personas sin documentación no pueden conseguir”.
Por su fuera poco, hacen falta también “los antecedentes penales, que hay que pedir a los Estados de origen, llevar a las embajadas, algunas directamente no los legalizan, y luego enviarlos a España”, comenta Seco.
Ante la complejidad y el desconocimiento de los procedimientos, están surgiendo, una vez más, gente que se aprovecha. Gestorías y despachos de abogados que cobran honorarios excesivos, gente que vende documentos falsificados y aprovechados que a cambio de dinero prometen lo que no piensan cumplir.
Los ojos de Laura se llenan de lágrimas mientras cuenta su peripecia vital: “Salí de mi país por la dictadura que tenemos, pero también huyendo de mi marido, que era un maltratador”, confiesa.
“Vine a España por el idioma, sola, con unos ahorros y sin conocer a nadie. Acabé en una casa de Mairena del Aljarafe en Sevilla”, sigue esta mujer que ha tenido malas experiencia como interna.
Ahora sueña con vivir legalmente en España y montar un alojamiento turístico en Torres de la Alameda donde reside actualmente, que le permita extender un plato que representa la mezcla entre su cultura de origen y la de acogida, el “Nacatamal”.
“Quiero algo propio, poder dejar algo a mis hijos y aportar a este país”, proclama mientras sus ojos se encienden de nuevo.
Pruebas de humanidad
En Almería, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) describe estos días como un torrente de carpetas, justificantes y relatos de vida que desbordan lo puramente administrativo.
“Las mesas del SJM-Almería […] se han llenado de carpetas, justificantes, recibos, facturas, certificados, sellos y fotocopias”, señala la entidad en su reflexión pública del 14 de mayo de 2026. Cada expediente, añaden, contiene “pequeñas huellas de una vida sostenida a pulso”.
El SJM denuncia una contradicción estructural del proceso: “El sistema exige a las personas en situación irregular que demuestren, con precisión quirúrgica, su visibilidad documental durante años, años en los que ese mismo sistema las ha forzado a una invisibilidad sistemática”. Esta paradoja convierte cada documento en algo más que un requisito: en una prueba de existencia.
La entidad lo resume con contundencia: “Se les pide ‘existir’ en el papel a quienes se les ha negado el derecho a existir en la estructura formal de la sociedad”. Así hablan del caso de la utilización de simples “documentos bancarios”,que para la entidad representan “la prueba del sacrificio personal”.
Detrás de cada envío hay personas que trabajan por “cinco o seis euros la hora” en la agricultura intensiva, y aun así logran enviar “80 o 100 euros cada mes” a sus familias. Este esfuerzo de las personas migrantes que mandan parte de lo obtenido a sus países supera la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) global y la inversión extranjera directa (IED) combinadas, subrayando su impacto económico y humano.
Otro documento revelador es una factura de apenas ocho euros emitida por un chatarrero de “quien no se rinde”. Cumple con el marco fiscal, a pesar de que “el Estado le mantiene en la alegalidad residencial”.
Quizás la prueba de existencia prolongada dentro de nuestra fronteras no puede ser más significativa, el certificado de donante de sangre.
En un sistema que a menudo precariza a quienes no tienen papeles, este gesto revela una humanidad radical: “Mientras el sistema les da la espalda, ellos ofrecen su propia sangre para salvar la vida de ciudadanos que sí tienen ‘papeles’”.
Toda una metáfora de la inhumanidad e irracionalidad del trato que las naciones prósperas dispensan a quienes huyen de sus países de origen. “¿Cómo puede ser ‘invisible’ alguien cuyas venas alimentan la salud pública de este país?”
Sin embargo, la regularización, reclamada por buena parte de la comunidad cristiana, con sus jerarcas a la cabeza no está siendo fácil. Al contrario, se asemeja más a una carrera de atletismo: “una carrera de fondo”, una “maratón”, con tramos al “sprint” (prisas, citas que se abren y se cierran, colas presenciales, colapsos telemáticos).
Cada trámite es una valla, cada cambio de criterio, otra más. Y la caída puede llegar en cualquier momento: “Esa sensación de hundirse cuando algo falla, cuando un papel se pierde, cuando la cita no llega”.
Por eso, desde SJM valoran el acompañamiento: “Si intentas correrla completamente solo, es fácil caer, romperte o quedarte atrapado en la fosa”. La entidad describe su propio rol como un “heptatlón”: abogacía, trabajo social, mediación, logística, secretaría, voluntariado y coordinación.
Un esfuerzo interdisciplinar sostenido mayoritariamente por mujeres: “Son equipos profundamente feminizados […] muchísimas mujeres sosteniendo, organizando, pensando y cuidando”.
De aquí al 30 de junio, el ritmo es el de los “400 metros lisos”: un sprint prolongado que “quema piernas” y también puede quemar emocionalmente.
Para el SJM, la regularización extraordinaria es, ante todo, “una prueba colectiva”. No solo jurídica, sino ética: “Los derechos se conquistan zancada a zancada, y solo el esfuerzo continuado nos permite alcanzar esa meta donde la dignidad no es una excepción, sino la regla”.
Y añade una aspiración que resume su mirada: “Ojalá esta carrera nos haga mejores. Más altos en aspiraciones, más rápidos en justicia, más fuertes en humanidad”.
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Redactor jefe de Noticias Obreras
