Organizaciones valencianas reclaman una financiación justa para garantizar derechos y servicios públicos
La Xarxa d’Entitats per un Finançament Just pide superar cuatro décadas de infrafinanciación, reclama la condonación de la deuda generada por este déficit y defiende que “los recursos públicos deben servir al bien común”
Organizaciones cívicas, sindicales, empresariales y sociales valencianas han reclamado una reforma del sistema de financiación autonómica que garantice la igualdad de derechos y permita reforzar los servicios públicos. Reunidas en la Xarxa d’Entitats per un Finançament Just, de la que forma parte la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) de Valencia, han presentado este miércoles por la mañana ante las Cortes Valencianas un manifiesto para pedir una respuesta definitiva a cuatro décadas de infrafinanciación.
En la presentación pública del manifiesto ha participado la presidenta diocesana de la HOAC, Teresa García, junto a varios militantes del movimiento de trabajadoras y trabajadores cristianos, en un gesto de apoyo a una reivindicación compartida con una amplia representación de la sociedad civil valenciana.
La plataforma considera que la financiación autonómica es una cuestión directamente relacionada con la igualdad de oportunidades y el acceso a derechos básicos. En su manifiesto, recuerda que la Comunitat Valenciana ha sido “históricamente el territorio peor financiado del Estado” y que “cuatro décadas de infrafinanciación crónica han dejado una deuda acumulada por este motivo de 40.000 millones de euros”.
Esta situación, denuncian las entidades, tiene consecuencias sobre los servicios públicos y provoca una “discriminación intolerable por el mero hecho de residir en territorio valenciano”.
Una propuesta que avanza, pero no resuelve el problema
La Xarxa valora positivamente que el Gobierno de España haya presentado una propuesta de reforma del sistema porque supone “un importante paso adelante”, al incrementar los recursos disponibles para el conjunto de las comunidades autónomas y avanzar en la reducción de las diferencias territoriales.
En el caso valenciano, destaca especialmente la incorporación del criterio de población ajustada porque reconoce mejor las necesidades reales del territorio. Según las estimaciones del Ministerio, la Comunitat Valenciana podría disponer en 2027 de unos 3.669 millones de euros adicionales respecto a la liquidación de 2023.
Sin embargo, las entidades consideran que la propuesta todavía es insuficiente para solucionar la infrafinanciación estructural acumulada. Por ello, reclaman que el nuevo modelo incorpore un fondo transitorio de nivelación y el compromiso de condonar la deuda provocada por años de financiación insuficiente.
Respecto a los 11.000 millones de euros de condonación planteados por el Ejecutivo, la Xarxa considera que son “un punto de partida adecuado para iniciar la negociación”.
Los recursos públicos al servicio del bien común
El manifiesto insiste en que el objetivo último de una financiación justa debe ser garantizar unos servicios públicos de calidad para toda la ciudadanía, con independencia del territorio donde viva.
“Reclamamos que todas las personas, vivan donde vivan, tengan acceso a los mismos recursos y a unos servicios públicos de calidad”, señalan las entidades, que piden orientar los nuevos fondos al fortalecimiento de la sanidad, la educación, los servicios sociales, las infraestructuras, las políticas de igualdad, vivienda y una economía social y sostenible.
En este sentido, advierten de que el incremento de recursos debe quedar vinculado al refuerzo de lo público: “No podemos permitir que acaben en manos de empresas privadas. Los recursos públicos deben servir al bien común”.
La Xarxa reclama además que la reforma de la financiación autonómica vaya acompañada de una reforma fiscal progresiva que aumente los recursos disponibles del conjunto del sistema y combata el dumping fiscal entre territorios.
Entre sus demandas plantea una financiación por habitante ajustado que sitúe a la Comunitat Valenciana en la media estatal, la ejecución efectiva de las inversiones comprometidas, la condonación de la deuda generada por la infrafinanciación y garantías para que los nuevos fondos se destinen a mejorar la vida de las personas.
Finalmente, la plataforma pide al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que abra una negociación con el Gobierno de España “sin dilación, sin posiciones maximalistas y anteponiendo el interés general de la ciudadanía valenciana al rédito partidista”.
La declaración concluye apelando a la unidad social lograda en defensa de un trato justo: “Cuatro décadas después de nuestra unidad por el Estatut d’Autonomia, seguimos reclamando el mismo derecho: poder disfrutar plenamente de los servicios y las oportunidades que reconoce la Constitución, sin que el código postal de nadie sea una condena”.
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Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)
