En el Día contra los Centros de Internamiento de Extranjeros denuncian prácticas injustas que impiden la regularización
Este 15 de junio, Día contra los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), llega atravesado por el proceso de regularización extraordinaria que España mantiene abierto hasta finales de mes y las nítidas palabras de León XIV sobre la acogida, protección e integración de personas migrantes
Sin embargo, miles de personas que tratan de hacer valer sus derechos tienen que soportar “identificaciones policiales por perfil racial” en las inmediaciones de consulados, estaciones y espacios públicos, denuncia la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE y el Fin de las Deportaciones, que también detalla otras prácticas igualmente crueles e injustas, como “detenciones exprés para ejecutar deportaciones” o “internamientos que se producen sin valorar adecuadamente la situación personal, sanitaria o de arraigo” de quienes son privados de libertad por una mera infracción administrativa.
De hecho, el internamiento en los CIE, centros de detención arbitrarios, se ha convertido en “una amenaza directa al derecho a la regularización“. Personas que deberían estar tramitando su residencia siguen siendo deportadas desde estas instalaciones, según denuncian infinidad de organizaciones sociales y de inspiración cristiana.
Los casos de Mounir y Oussama en Valencia, o el de Omar en Algeciras, lograron frenarse a tiempo, pero otros, como la deportación de Abdou a Senegal, muestran la fragilidad de un sistema que “no garantiza la tutela judicial efectiva ni el acceso real a la defensa”.
Las organizaciones sociales denuncian también “trabas para acceder a los CIE y acompañar a las personas internas”. La burocracia lenta, las restricciones de acceso y la falta de espacios dignos para las visitas –con mamparas que algunos juzgados han ordenado retirar sin que se haya cumplido en todos los centros– refuerzan “la opacidad de unas instalaciones que deberían estar sometidas a control público y rendición de cuentas”.
Lo mismo ocurre en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), concebidos para la atención humanitaria de personas rescatadas en el mar, pero donde el acceso a la defensa se convierte en un auténtico laberinto legal.
Un Pacto Europeo contrario a derechos fundamentales
La preocupación aumenta ante la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo y del Reglamento de Retorno, que refuerzan la detención como herramienta para incrementar las deportaciones.
La introducción del sistema de triaje convierte a España en un engranaje clave de la llamada “Europa Fortaleza”, reduce garantías para personas vulnerables y menores no acompañados y normaliza un enfoque “punitivo” inspirado en modelos como Immigration and Customs Enforcement (ICE) de la Administración Trump.
La deriva actual alimenta prácticas discriminatorias, como controles policiales desproporcionados, y “criminaliza tanto a las personas migrantes como a quienes las apoyan”, vulnerando derechos tan básicos como la solidaridad y la asistencia humanitaria.
Las organizaciones firmantes instan al Gobierno de España a mantener su oposición a estas medidas y a ofrecer transparencia sobre los centros de detención financiados en Mauritania con fondos españoles y europeos.
También rechazan la inversión de más de 30 millones de euros en el nuevo macro-CIE de Algeciras, símbolo de un modelo fallido que destina recursos a la represión mientras la comarca sufre graves carencias en servicios públicos esenciales.
Internamientos injustificados e inúltiles
Del mismo modo, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ha emitido un comunicado en este día, para reiterar que que la existencia de los CIE “carece de justificación en un Estado de Derecho comprometido con la dignidad humana y los derechos fundamentales”.
La entidad denuncia que persisten graves deficiencias en derechos básicos, especialmente en la atención sanitaria, a lo que se suma el “laberinto legal” que dificulta el acceso real a la defensa y a la tutela judicial efectiva.
El SJM advierte también de la falta de garantías en los procedimientos de expulsión y de episodios de violencia institucional, recordando que “hace apenas una semana un grupo de entidades hacía público el escrito de un amplio número de personas internas en el CIE de Barcelona”, donde se denunciaban “tratos degradantes, falta de notificación previa ante vuelos de deportación, aislamientos injustificados y condiciones indignas en alimentación e higiene”.
Este año, además, la entrada en vigor de la Regularización Extraordinaria ha puesto de manifiesto una contradicción que la entidad considera insostenible: “Mientras el Estado reconoce la necesidad de facilitar la regularización de cientos de miles de personas que forman parte de nuestros barrios y comunidades, los CIE han permanecido prácticamente al margen de este proceso”, pese a que muchas personas internadas podrían cumplir los requisitos para regularizar su situación.
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