Indignación en víctimas del amianto y sindicatos ante la negativa del Gobierno a modificar el fondo de compensación
Las asociaciones de víctimas del amianto y los sindicatos UGT y CCOO han mostrado su indignación tras conocer que el Gobierno no tiene intención de modificar el Real Decreto que regula el fondo de compensación de las víctimas del amianto.
“Es un portazo en la cara de las víctimas”, denunciaron las organizaciones al término de la reunión celebrada el 10 de junio con el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez.
“Nos están tratando como víctimas de segunda categoría”, añadieron, visiblemente molestos por una decisión que consideran injustificable y que, según advierten, condena a muchas personas afectadas a morir sin ver reconocido un derecho que ya está recogido en la ley.
La reunión había sido convocada para responder a las reivindicaciones planteadas por FEDAVICA, UGT y CCOO el pasado 22 de abril, aunque el resultado final no pudo ser más decepcionante.
Suárez presentó los datos de los primeros nueve meses de funcionamiento del fondo, en los que solo se han aprobado 91 indemnizaciones por un total de 5,57 millones de euros, muy lejos de los 25 millones previstos en los Presupuestos Generales del Estado.
Además, informó de que 181 solicitudes han sido inadmitidas pese a que sus titulares tienen reconocido por la Ley 21/2022 el derecho a recibir la indemnización.
Según explicó, el propio Real Decreto pospone la aplicación de ese derecho hasta una futura regulación a través de la Ley de Presupuestos.
Las organizaciones consideran que estos datos desmontan cualquier argumento económico. “No existe ninguna avalancha de solicitudes ni riesgo de agotar la partida”, señalaron, recordando que incluso indemnizando las 181 solicitudes inadmitidas, el fondo seguiría disponiendo de recursos suficientes.
Por ello, interpretan la negativa del Gobierno como una decisión política orientada a trasladar la responsabilidad a los grupos parlamentarios que previsiblemente votarán en contra de los Presupuestos Generales del Estado.
“El Gobierno tiene instrumentos legislativos para corregir ya este problema, pero ha decidido no utilizarlos”, lamentaron.
El malestar aumentó cuando Suárez confirmó que tampoco se aprobará un Real Decreto-ley para eximir del IRPF las indemnizaciones del fondo, una medida que sí se ha aplicado recientemente a las ayudas por la DANA, los incendios forestales o las indemnizaciones a víctimas de abusos en la Iglesia.
“No entendemos por qué las víctimas del amianto quedan fuera de un criterio que el propio Gobierno ha considerado justo en otros casos”, afirmaron.
El secretario de Estado señaló que el proyecto de Ley de Presupuestos se presentará “en breve” y que ese sería el momento para intentar incluir las reivindicaciones, aunque sin concretar cuáles podrían aceptarse ni en qué términos.
Para las organizaciones, esta respuesta es insuficiente y llega tarde. “En todos estos meses, el Gobierno no ha dado la más mínima señal de querer solucionar el problema creado por el actual texto del Real Decreto”, denunciaron, recordando además la responsabilidad histórica del Estado por el retraso en prohibir un material cancerígeno cuya peligrosidad estaba ampliamente documentada.
FEDAVICA, UGT y CCOO insisten en que la opinión pública debe conocer la situación real del fondo y el impacto que esta decisión tendrá sobre las personas afectadas.
“Una parte de las víctimas va a fallecer sin ver compensado el daño sufrido, a pesar de existir una ley que reconoce ese derecho”, advirtieron, reclamando al Gobierno que rectifique y actúe con la urgencia que exige la gravedad de las enfermedades causadas por el amianto.
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