El Papa en el Congreso: “Todo ser humano debe ser reconocido como sujeto de derechos y deberes”
El Papa León XIV, en la primera intervención de un pontífice en la sede de la soberanía popular de España, ha hecho una cerrada defensa de la política como servicio a “la cultura del encuentro, la solidaridad y la esperanza”, recibiendo un larguísimo, y nada habitual aplauso, de quienes abarrotaban los escaños y las tribuna.
Ha comenzado valorando la rica herencia de España, en particular, la contribución de la Escuela de Salamanca al surgimiento del derecho internacional y la teoría de la limitación del poder, cuyo legado impulsa a proclamar también en nuestros días que “la autoridad lleva siempre consigo una responsabilidad y que todo ser humano debe ser reconocido como sujeto de derechos y deberes”.
Sabedor del clima política del país, ha abogado en repetidos momentos por fomentar el respeto a las diferencias y tratar de canalizar adecuadamente los inevitables conflictos para poder, en lo posible, alcanzar acuerdos que promuevan el bien común.
No solo ha pedido desarmar el lenguaje, sino que ha exhortado a los representantes políticos a preservar la dignidad humana y orientar sus decisiones hacia el bien común, que es “más que la suma de intereses particulares”.
Igualmente, les ha animado a combatir “la cultura del descarte” de la que tanto habló su predecesor, el papa Francisco.
Ante los “nuevos mundos” que abre el progreso técnico, el Papa se ha preguntado, una vez más, por el “lugar que ocupa la persona humana” en la decisiones políticas y su impacto en “la dignidad del trabajo, la solidaridad, la política social y el bien común”.
Así, ha subrayado, “toda sociedad auténticamente justa se edifica sobre el reconocimiento de la dignidad inviolable de la persona humana”.
Una afirmación, ha advertido, que no puede quedar en abstracto, cuando “tantas personas se ven obligadas a dejarlo todo para buscar paz, seguridad y futuro”, por lo que ha reclamado superar la lectura puramente demográfica o económica ante “el drama migratorio” para entender que se trata de “una cuestión eminentemente moral y jurídica”.
“Allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica o social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos”, ha sentenciado.
En este sentido, ha vuelto a reclamar a los Estados y las instituciones internacionales que ofrezcan “vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración”; pero también medidas para garantizar “el derecho a permanecer en la propia tierra, trabajando para que nadie tenga que abandonar su hogar por falta de paz, seguridad o condiciones dignas de vida, entre ellas las desigualdades económicas y los efectos de la crisis climática”.
Como era de esperar, ha remarcado además la necesidad de trabajar por la paz, como “una aspiración política”, pero también una “exigencia moral” frente a las “múltiples formas de violencia, polarización y desconfianza recíproca”.
En este momento, ha pedido no solo instituciones al servicio del encuentro, sino también “una memoria histórica que busque la verdad y la reconciliación”, así como acrecentar “la amistad cívica” y el “respeto mutuo en medio de la discrepancia”.
Ampliando la mira al mundo, ha resaltado “la obligación de los Estados de resolver sus controversias por los caminos pacíficos que ofrece el derecho internacional”.
“Toda guerra constituye, en última instancia, una dolorosa derrota de la capacidad de negociar y también de aquella conciencia común de la humanidad”, ha afirmado.
El santo padre, más que otra cosa, ha querido recordar los fundamentos éticos inspirados en la visión cristiana que aseguran la convivencia y el respeto a los derechos inalienables de todas las personas.
León XIV ha alentado a la clase política a “hacer que lo posible sea justo, que lo legal sea verdaderamente humano y que la voluntad de la mayoría custodie aquellos bienes que pertenecen a todos”, respetando “aquello que ninguna mayoría puede legítimamente vulnerar”.
Por eso, ha planteado la defensa de la vida humana como “una meta de civilización” y la protección a los más vulnerable como el sentido más profundo de la acción legislativa.
También ha tenido sentidas afirmaciones sobre la familia como primera escuela de humanidad y ha mencionado el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos e hijas en coherencia con sus propias convicciones.
Ya en la parte final ha proclamado que “toda decisión de las autoridades públicas toca personas de carne y hueso, especialmente a quienes tienen menos fuerza para hacerse oír”.
El santo padre había mostrado anteriormente su respeto por la autonomía del poder político y había justificado su presencia por el deseo de la Iglesia de servir al bien común y velar por lo que “hace verdaderamente humana la convivencia”, para explicar que “toda labor legislativa se mide por la concepción de la persona humana que inspira las leyes”.
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