CCOO pide medios “dimensionados” para resolver la regularización extraordinaria y denuncia las políticas europeas de deportación
La secretaria confederal de Migraciones y Atención a las Personas de CCOO, Sofía Castillo, ha destacado en rueda de prensa convocada para analizar el proceso de regularización de personas migrantes el “importante esfuerzo organizativo” desplegado por el sindicato y ha reclamado a las Administraciones públicas que refuercen los medios para garantizar una resolución ágil de los expedientes
El proceso extraordinario de regularización de migrantes en España cierra este martes el plazo para presentar solicitudes tras desbordar ampliamente las previsiones iniciales del Gobierno.
A mediados de junio, las cifras oficiales situaban en 900.000 las peticiones registradas, de las cuales unas 360.000 ya habían sido admitidas a trámite, lo que concede un permiso provisional de trabajo y residencia. La tramitación, que arrancó el 15 de abril, pretendía aflorar a alrededor de medio millón de trabajadores en situación irregular, un cálculo que ha quedado muy por debajo de la respuesta real.
Aunque el Ejecutivo no ha actualizado todavía los datos definitivos y prevé hacerlo en los próximos días, registros de la plataforma Mercurio —utilizada para tramitar los expedientes— evidencian el crecimiento constante de solicitudes en todo el país.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) fijó el pasado lunes 15 de junio en un millón las solicitudes a la regularización, aunque también avisó de la
posibilidad de duplicidades.
“El proceso de regularización, según las últimas noticias que tenemos, están ya dando como solicitudes presentadas alrededor del millón. Seguramente, en ese millón va a haber bastantes duplicados porque la gente ha presentado por distintas vías, pero, en cualquier caso, todavía faltan dos semanas para que finalice el proceso y ya están hablando de un millón”, asegura la directora general de CEAR, Mónica López, en declaraciones recogidas por Europa Press.
“Los 15 días de los que se hablaron en un primer momento, en la mayoría de los casos no se están cumpliendo”, apunta la directora de CEAR, quien además avisa de que el número final de solicitudes podría superar las cifras actuales, puesto que hay personas que tienen dificultades para obtener y legalizar la documentación exigida por las autoridades españolas.
“Probablemente serán más”, destacó, al mismo tiempo que detalló que, en los últimos días del plazo, podría producirse un nuevo repunte de solicitudes, especialmente entre personas procedentes de países donde la obtención y legalización de documentos resulta más lenta y compleja.
Igualmente, reclamó flexibilidad en caso de que los retrasos burocráticos impidan a algunas personas completar su expediente dentro del plazo establecido. En ese
escenario, planteó la posibilidad de ampliar los plazos o adoptar medidas extraordinarias que permitan garantizar el acceso efectivo a la regularización.
Infinidad de entidades de la sociedad civil han trabajado para tramitar el elevado volumen de expedientes, en muchos casos sin contar aún con toda la documentación exigida.
La dirigente sindical ha recordado que CCOO ha participado como agente colaborador de la Administración, en lo que ha supuesto “un despliegue de recursos humanos y técnicos sin precedentes” para la organización.
Cerca de 200 personas han trabajado en sedes del sindicato en todo el país con el objetivo de acompañar, asesorar y tramitar solicitudes.
En total, la organización de trabajadores y trabajadoras ha respaldado directamente la presentación de más de 7.500 expedientes, lo que se traduce en miles de personas beneficiadas, dado que muchas solicitudes incluían también a hijos e hijas.
La mayoría de las personas atendidas proceden de países latinoamericanos, especialmente Colombia, Perú y Venezuela, aunque también se ha trabajado con personas de Marruecos y Argelia en menor proporción. Castillo ha destacado además el alto porcentaje de mujeres, que alcanzan cerca del 50% del total.
El sindicato ha colaborado asimismo con organizaciones como Médicos del Mundo y SOS Racismo, tanto en la preparación de expedientes como en su tramitación.
Además de las solicitudes gestionadas directamente, la organización de trabajadoras y trabajadores ha prestado apoyo a otras personas que habían iniciado sus trámites por otras vías, ayudándoles a subsanar errores administrativos, como el pago de tasas o la corrección de datos en el padrón.
Para llegar a colectivos con mayores dificultades de acceso, como trabajadores agrícolas en asentamientos de Almería o Murcia, o mujeres empleadas en el hogar con jornadas intensivas, el sindicato habilitó un teléfono gratuito y un servicio de WhatsApp.
Estos canales seguirán activos durante los próximos meses, ya que la Administración dispone de un plazo de tres meses para resolver las solicitudes.
Castillo ha subrayado que la coordinación entre la Secretaría Confederal, los territorios y las federaciones sectoriales ha sido clave para el desarrollo de la campaña, que ha calificado como “un ejercicio de responsabilidad política”.
“Esta regularización ha permitido corregir disfunciones de un sistema que, en demasiados casos, condenaba a la población extranjera a la exclusión social y a la explotación laboral”, ha afirmado. Muchas de las personas regularizadas ya trabajaban en la economía informal y, a partir de ahora, podrán hacerlo con plenos derechos y acceso a la protección social.
No han faltado las quejas por las dificultades burocráticas y la escasez de oficinas de atención. De hecho, el movimiento Regularización Ya llevó al Congreso el 10 de junio una proposición no de ley para ampliar el plazo del procedimiento, con el respaldo de Podemos, Sumar, EH Bildu, ERC y BNG.
Entre los requisitos figuran haber llegado a España antes del 1 de enero de 2026, acreditar al menos cinco meses de estancia continuada y aportar documentación como certificados de antecedentes penales del país de origen, cuya obtención ha causado retrasos generalizados.
Las oficinas de servicios sociales también se han visto saturadas por la demanda de certificados de vulnerabilidad y en numerosos municipios las corporaciones municipales han dado órdenes de negar las citas.
Retos pendientes
Pese al cierre formal del proceso, CCOO ha reiterado su compromiso de continuar acompañando a las personas migrantes en las siguientes fases, desde la resolución de expedientes hasta su integración laboral. Entre las prioridades, el sindicato señala la formación, la homologación de títulos y el acceso a empleos más cualificados y con mejores condiciones.
Finalmente, Castillo ha instado al Gobierno a dotar a las administraciones de “medios suficientes y dimensionados a la realidad demográfica” y a impulsar políticas públicas de inclusión que combinen formación y acompañamiento.
“El trabajo no termina el 30 de junio”, ha concluido, “sino que empieza una nueva etapa en la que debemos garantizar que estas personas puedan ejercer plenamente sus derechos en el mercado laboral y en la sociedad”.
Críticas al Pacto Europeo
Antes de abordar el objeto principal de la comparecencia y después de expresar su solidaridad con Venezuela, Castillo ha denunciado lo que ha calificado como “situaciones gravísimas” en materia migratoria y de derechos humanos a nivel internacional y europeo.
En primer lugar, ha criticado la reunión mantenida a puerta cerrada entre representantes de la Unión Europea y el régimen talibán en Bruselas, cuyo objetivo, según ha señalado, sería la aplicación del nuevo reglamento europeo de deportaciones.
“Este tipo de decisiones supone un grave riesgo para miles de personas, en su inmensa mayoría mujeres, que podrían ser devueltas a un país donde sus vidas corren peligro real”, ha afirmado. Desde CCOO, ha subrayado, no pueden permanecer “ajenos al apartheid de género que sufren las mujeres en Afganistán”.
Asimismo, ha denunciado la orden de expulsión de 85 personas migrantes llegadas en cayuco a la isla de El Hierro, una decisión judicial basada directamente en el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, apoyado, como han recordado, por la derecha y la ultraderecha.
Castillo ha cuestionado el destino de estas personas, entre las que habría menores de edad, y ha alertado de posibles vulneraciones del derecho a un juicio justo y a una defensa digna.
¿A dónde van a llevar a estas personas, muchas de ellas son menores?, ¿Se les va a escuchar en un juicio justo? ¿Se les deja sin derecho a una defensa digna?
Nos preguntamos si esta es la Europa que queremos construir”, ha señalado, criticando el respaldo de la derecha y la ultraderecha a estas políticas migratorias.
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Redactor jefe de Noticias Obreras
