Una nueva Responsabilidad Social Empresarial para frenar abusos laborales, sociales y ambientales
El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha presentado un informe con cien medidas para reforzar la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) mediante obligaciones verificables, sanciones y mecanismos públicos de control sobre los impactos laborales, sociales y ambientales de las empresas. El documento plantea crear una autoridad independiente de supervisión, reforzar la diligencia debida en las cadenas de valor y combatir prácticas de ecoimpostura (greenwashing) y lavado social (socialwashing).
La propuesta, elaborada por una Comisión de personas expertas constituida por el Ministerio en 2025, defiende superar el enfoque voluntario de la RSE para avanzar hacia “estándares mínimos obligatorios” que garanticen el respeto efectivo de los derechos humanos, el trabajo decente y la sostenibilidad ambiental.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, calificó en la jornada donde se presentó el informe como “riguroso, valiente y oportuno” y aseguró que supone “un paso decisivo” para avanzar en las políticas públicas de RSE. Durante la presentación defendió que las empresas deben asumir “responsabilidades reales, exigibles y verificables” y criticó las recientes reformas europeas de simplificación normativa, al considerar que favorecen la “impunidad” en nombre de la competitividad.
El informe reclama restaurar un régimen sancionador “proporcional al daño causado y a la capacidad económica de la empresa” y advierte de que “sin sanciones creíbles, la responsabilidad empresarial sigue siendo voluntaria”. También propone reforzar la transparencia y la verificación independiente de la información social y ambiental que publican las compañías.
Trabajo decente y derechos humanos en las cadenas de valor
El documento sitúa en el centro la protección de las personas trabajadoras más vulnerables, especialmente en contextos de subcontratación y cadenas globales de suministro. Entre las prioridades figuran la vigilancia frente al trabajo infantil, la trata de personas, el trabajo forzoso y la explotación de personas migrantes.
La Comisión sostiene que las empresas no solo deben respetar los derechos humanos, sino contribuir activamente a su realización. El informe advierte de que la fragmentación de las cadenas de valor facilita situaciones de impunidad y dificulta la protección efectiva de los derechos laborales y ambientales, especialmente en terceros países.
En este contexto, se propone una transposición “plena” de la directiva europea sobre diligencia debida en sostenibilidad, con obligaciones de identificación, prevención y reparación de impactos negativos sobre derechos humanos y medio ambiente.
El texto cuestiona además el reciente paquete normativo Ómnibus impulsado por la Unión Europea, al considerar que reduce el alcance de las obligaciones empresariales y rebaja estándares de control sobre sostenibilidad y derechos humanos. Frente a ello, el informe defiende que la competitividad europea debe apoyarse “en la innovación y la justicia social, y no en una carrera a la baja mediante la reducción de costes o el deterioro de los niveles de bienestar y los derechos humanos”.
Igualdad, clima y supervisión pública
La nueva agenda de RSE impulsada por Trabajo incluye también medidas orientadas a reforzar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y las personas LGTBIQ+, así como mecanismos frente a la discriminación, el acoso y las distintas formas de violencia en el trabajo.
El informe plantea asimismo integrar de manera transversal la sostenibilidad ambiental en la gestión empresarial y reconoce que los daños ambientales afectan directamente a derechos fundamentales como la salud, la vivienda, el trabajo o el acceso al agua.
La Comisión apuesta por reforzar el papel de sindicatos, representantes de las personas trabajadoras y otros grupos de interés en los procesos de información, consulta y evaluación de riesgos empresariales. También propone que las Administraciones públicas incorporen criterios sociales, ambientales y de gobernanza en la contratación pública y en las ayudas económicas.
El Ministerio enmarca este informe en la reactivación reciente del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE), paralizado durante casi una década, y en la futura Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas.
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Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)
