Las víctimas del amianto denuncian trato discriminatorio con respecto a otros colectivos
La Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (FEDAVICA), CCOO y UGT vuelven a reclamar al Gobierno que las indemnizaciones previstas en la Ley 21/2022 reciban la misma exención en el IRPF que ya se ha otorgado a las ayudas para las víctimas de la DANA, los incendios forestales o los abusos en el seno de la Iglesia.
La demanda se mantiene desde hace cuatro años y se suma a la denuncia por de unas cuantías muy por debajo de lo que reconocen los tribunales. El Fondo fija un máximo de 96.621,24 euros para los casos de mesotelioma pleural, mientras que las sentencias judiciales sitúan el daño en cifras muy superiores.
Este mismo mes de mayo, sin ir mas lejos, el Juzgado de lo Social nº 10 de Bilbao ha reconocido 663.933,60 euros a los herederos de un trabajador fallecido por mesotelioma pleural tras su exposición laboral al amianto, más de seis veces la cuantía prevista por el sistema público de compensación.
El Pleno del Congreso convalidó el pasado 20 de mayo el Real Decreto‑ley 10/2026, que incorpora la exención en el IRPF para las ayudas destinadas a las víctimas de la DANA, de los incendios forestales y para las indemnizaciones a víctimas de abusos en el seno de la Iglesia. Sin embargo, el Gobierno vuelve a dejar fuera a las víctimas del amianto, que reclaman este reconocimiento fiscal desde 2022.
La Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (FEDAVICA), junto a CCOO y UGT, lleva años exigiendo que las indemnizaciones previstas en la Ley 21/2022, que creó el Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto, queden igualmente exentas del IRPF.
Una medida lógica teniendo en cuenta que el Estado español retrasó hasta junio de 2002 la prohibición del uso del amianto pese a disponer de evidencia científica sobre su carácter cancerígeno desde décadas antes. Ese retraso generó una responsabilidad pública que, según las organizaciones, justifica plenamente la exención fiscal.
Además, recuerdan que otros colectivos afectados por daños graves a la salud —como las víctimas de la talidomida, del VIH o del accidente ferroviario de Adamuz— sí cuentan con exención, lo que convierte a las víctimas del amianto en “víctimas de segunda categoría” si no se les reconoce el mismo derecho.
La convalidación del Real Decreto‑ley 10/2026 ha reavivado la indignación de las organizaciones. Comparten la necesidad de proteger fiscalmente a las víctimas de la DANA, los incendios o los abusos en la Iglesia, pero consideran incomprensible que el Gobierno no extienda el mismo criterio a quienes han enfermado o fallecido por exposición al amianto.
Mientras algunos colectivos reciben la exención desde el mismo proceso legislativo que reconoce su derecho a indemnización, y otros la obtienen de forma urgente mediante un Real Decreto‑ley, las víctimas del amianto llevan cuatro años esperando una solución que sigue bloqueada.
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