El juicio contra activistas climáticos por la protesta ante el Congreso abre una nueva oleada de procesos penales
Este jueves arranca en el Juzgado de lo Penal nº 10 de Madrid el juicio contra nueve activistas vinculados a Rebelión Científica, Extinction Rebellion y Futuro Vegetal por la acción en la que, el 30 de marzo de 2023, lanzaron pintura roja biodegradable sobre la fachada del Congreso de los Diputados. Se enfrentan a un año y nueve meses de prisión por un presunto delito contra el patrimonio histórico, una petición que consideran “totalmente desproporcionada”.
Entre las personas acusadas se encuentra la ambientóloga Marta García Pallarés, el filósofo y matemático Jorge Riechmann, el director del Observatorio de Sostenibilidad Fernando Prieto y la propia Belén Díaz.
Belén Díaz Collante, ambientóloga, portavoz del grupo y una de las detenidas, subraya que la protesta se enmarca en el derecho a la desobediencia civil reconocido por Naciones Unidas. “Tenemos derecho a la libertad de expresión y estamos en nuestro derecho a la desobediencia civil. Nos acusan de un delito de daños, pero el daño que estamos intentando evitar es muchísimo mayor”.
La Fiscalía reclama además 5.863,98 euros por limpieza y restauración, al tratarse de un edificio catalogado como Bien de Interés Cultural. Aunque el líquido era inocuo y eliminable con agua, las activistas han decidido pagar la cantidad por adelantado para dejar claro que no buscaban causar perjuicio. Díaz explica que asumir las consecuencias forma parte de los criterios de una acción de desobediencia civil pacífica definidos por la ONU.
La acción de 2023 pretendía denunciar la inacción del Gobierno ante la emergencia climática, en un momento en que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) alertaba de la necesidad de medidas urgentes y estructurales. También buscaba visibilizar la criminalización del movimiento científico, ya que ese mismo día declaraban 15 investigadores por una acción similar realizada en 2022.
El 6 de abril de ese año, decenas de personas con batas blancas arrojaron agua con jugo de remolacha sobre las escalinatas del Congreso. La Fiscalía pide para ellas 21 meses de prisión y el pago de 2.592,29 euros al Estado y 713,57 euros al Ayuntamiento de Madrid. La acción formó parte de la Semana de la Rebelión Científica, con movilizaciones en 25 países y coincidiendo con la publicación del tercer capítulo del Sexto Informe del IPCC.
Como recordaba entonces la investigadora Marta Rivera Ferre: “La sensación que tengo es la necesidad de pasar a la acción. Estoy cansada de estar repitiendo durante 12 años prácticamente lo mismo”.
Belén Díaz, que ha investigado los impactos climáticos en Suecia y en ecosistemas del sur de España, relata que participó en la acción de 2022 movida por un “deber ciudadano”. Un año después, asegura que la sensación era de parálisis institucional. “Decir que no se ha hecho nada es generoso. Se sigue con los objetivos de crecimiento, el turismo masivo, la dependencia del coche y cadenas de consumo global que son un despropósito”.
Nueva oleada de juicios climáticos
El de este jueves no será el único proceso del mes. El martes 26 de mayo tendrá lugar la vista oral contra tres personas detenidas durante el corte del puente de Raimundo Fernández Villaverde en octubre de 2019, una acción convocada por 2020 Rebelión por el Clima y Extinction Rebellion.
Entre las personas acusadas están la activista Marina M. Martínez, el responsable de Energía y Cambio Climático de Greenpeace Francisco del Pozo, y también el profesor Jorge Riechmann. Se enfrentan a un delito de resistencia grave a la autoridad, con penas de tres meses a un año de prisión.
Riechmann y Belén Díaz podrían ver agravada su situación: ambos acumulan procesos que, de resultar condenatorios, podrían superar los 24 meses de prisión, umbral que permitiría su ingreso efectivo en la cárcel.
Aun así, el grupo confía en que no se llegue a ese escenario. “Considero que fue mi deber como ciudadana”, concluye Díaz.
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