Trabajo propone subir el salario mínimo un 5,3%, lejos de la reivindicación sindical y con una rapidez que no gusta a la patronal

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha sacado a audiencia pública el borrador del real decreto que fija una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 5,3% para 2027, hasta los 1.286 euros brutos mensuales en catorce pagas, equivalente a 18.004 euros anuales, una cifra alejada del incremento del 7% que reclaman CCOO y UGT y cuestionada por la patronal por los plazos de tramitación.
El departamento que dirige Yolanda Díaz ha abierto el plazo de alegaciones hasta el próximo 16 de noviembre y mantiene su objetivo de aprobar la nueva cuantía antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
Según la memoria que acompaña al borrador, el incremento busca garantizar una remuneración “equitativa y suficiente” y mantener el salario mínimo en el entorno del 60% del salario medio, en línea con la Carta Social Europea y la interpretación del Comité Europeo de Derechos Sociales.
El texto establece que la subida no obligará a revisar los salarios que, en cómputo anual, ya superen los 18.004 euros fijados como mínimo legal. Además, incorpora una cláusula para evitar que el nuevo SMI repercuta automáticamente en ayudas públicas, prestaciones o contratos privados que utilicen esta referencia, salvo previsión expresa en la normativa o en los acuerdos correspondientes.
La propuesta también fija una remuneración mínima de 60,88 euros por jornada para trabajadores con contratos temporales de hasta 120 días de duración y de 10,06 euros por hora para las empleadas de hogar que presten servicios por horas en régimen externo. El borrador precisa asimismo que el salario en especie no podrá utilizarse para reducir las cuantías mínimas establecidas legalmente.
Durante la reunión de la Mesa de Diálogo Social celebrada este miércoles, el Ministerio de Trabajo no concretó la cuantía de la subida que propondrá finalmente para el smi de 2027, aunque lo esperado era que se inclinara por asumir la recomendación de la comisión asesora. Finalmente, se ha decantado por aumentar en 4 décimas la recomendación experta.
La comisión asesora del salario mínimo constituida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social había recomendado elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) un 4,9% en 2027.
El informe señalaba que una subida del 2,7%, hasta unos 1.254 euros mensuales, bastaría para mantener el salario mínimo en el 60% del salario medio neto, referencia recogida por la Carta Social Europea. Sin embargo, consideran “razonable” un incremento equivalente a la inflación para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos.
Los autores destacan que las sucesivas revalorizaciones del smi han contribuido a reducir la desigualdad salarial. Entre 2021 y 2024, los salarios del 10% de trabajadores con menores ingresos crecieron un 25,4%, frente al 14,9% del salario medio y al 12,9% registrado entre quienes perciben las remuneraciones más elevadas. Al tiempo, advierten de una creciente concentración de salarios en niveles próximos al mínimo legal, al no trasladarse con la misma intensidad los incrementos al resto de categorías profesionales.
Por ello, la comisión asesora reclama reforzar la negociación colectiva y el diálogo social, al considerar que el salario mínimo “no es ni debe ser la única herramienta de mejora de las condiciones de trabajo”.
Discrepancias con los agentes sociales
Los sindicatos insisten en un incremento mayor que el barajado por el Ministerio de Trabajo. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, aseguró que la organización mantendrá su demanda de un incremento del 7% y emplazó al Ejecutivo a decidir entre el criterio de los expertos y las reivindicaciones sindicales.
“Nos vamos a mantener firmes en la reivindicación del 7%. El Gobierno tiene su informe y el Gobierno tendrá que decidir si finalmente hay una subida antes de las elecciones del SMI, si se acoge a ese informe o si se aviene a las posiciones de los sindicatos”, afirmó.
En la misma línea, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, vinculó el debate sobre el salario mínimo al bloqueo de la negociación colectiva y acusó a la patronal de impedir avances en las conversaciones. “No nos hemos reunido porque no se han querido reunir. No quieren negociar los convenios, ni hablar de reducción de jornada ni de vivienda”, aseguró.
Por su parte, las organizaciones empresariales han cuestionado la rapidez con la que el Ministerio de Trabajo pretende tramitar la actualización del smi y defienden que el debate se aborde una vez celebradas las elecciones generales del 29 de noviembre.
El obstruccionismo patronal no es nuevo. El empresariado no ha respaldado las revalorizaciones impulsadas desde la llegada de Yolanda Díaz al Ministerio de Trabajo, salvo la acometida en 2020, cuando pasó a 950 euros mensuales.
Además, CCOO y UGT habían advertido de que condicionaban futuros acuerdos con el Gobierno al refuerzo del control horario en las empresas y a una reforma que impida compensar las subidas del salario mínimo mediante la absorción o eliminación de determinados complementos salariales.
El Ejecutivo estudia aprobar la nueva cuantía mediante real decreto antes de las elecciones generales, una decisión que aceleraría de forma inédita los plazos habituales de actualización. De hecho, el Ministerio ha iniciado el proceso de audiencia pública para que la medida pueda llegar a un Consejo de Ministros antes de las elecciones.
Este calendario reduce el margen para la negociación y hace cada vez más probable que la subida salga adelante sin un acuerdo formal con los sindicatos. De confirmarse este escenario, sería la primera vez en los casi siete años de Yolanda Díaz al frente del Ministerio de Trabajo que una revalorización del salario mínimo no contaría con el respaldo de CCOO y UGT.
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