Los sindicatos valoran la subida del salario mínimo del 5,3% aunque piden garantías para que llegue íntegra a las nóminas
CCOO y UGT aprecian la propuesta del Gobierno de incrementar un 5,3% el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2027, hasta situarlo en 1.286 euros mensuales en 14 pagas, pero advierten de que la subida debe trasladarse íntegramente a las nóminas.
Los sindicatos CCOO y UGT han valorado el proyecto de real decreto sometido a audiencia pública por el Ministerio de Trabajo y Economía Social que incluye una subida del salario mínimo interprofesional para 2027 del 5,3%.
Ambas organizaciones reconcen que esta medida “da continuidad” a la política de mejora del salario mínimo de los últimos años que, según recuerdan, ha pasado de 735,90 euros mensuales en 2018 a los 1.286 euros propuestos para 2027, lo que suma aumento cercano al 75%.
Los sindicatos destacan que este avance ha sido compatible con la creación de empleo y ha contribuido a combatir la pobreza laboral y la desigualdad salarial.
En su comunicado subrayan que quienes perciben el salario mínimo son “sobre todo, mujeres, jóvenes y personas trabajadoras de los sectores más precarizados”.
CCOO y UGT expresan su satisfacción por el hecho de que el proyecto mantenga el objetivo de que la retribución mínimo alcance el 60% del salario medio e incorpore garantías específicas para las personas trabajadoras temporeras (60,88 euros por jornada) y para las empleadas y empleados de hogar (10,06 euros por hora).
Tributación, compensaciones y absorción
Sin embargo, las centrales sindicales pider ir más allá y piden una modificación de la Ley del IRPF para que el incremento salarial se perciba íntegramente.
“No es aceptable que cada año dependa de soluciones coyunturales ni que una parte del incremento se pierda por la vía fiscal”, señalan.
En este sentido, consideran necesario adecuar de forma estable la normativa tributaria para evitar que las futuras subidas del salario mínimo se traduzcan en una mayor presión fiscal sobre quienes perciben los salarios más bajos.
Por ello, CCOO y UGT exigen, además, al Gobierno que cumpla los compromisos recogidos en el acuerdo sobre el smi firmado el pasado 29 de enero y apruebe la regulación pendiente sobre compensación y absorción.
Según denuncian, el proyecto conocido mantiene la misma regla aplicada desde 2020, que permite absorber la subida del salario mínimo mediante determinados complementos salariales.
Como consecuencia, “miles de personas con salarios cercanos al mínimo no ven la subida en su nómina”, matizan.
Las organizaciones sindicales rechazan esta práctica y recuerdan que “un plus de convenio retribuye una circunstancia concreta del trabajo; no puede servir para pagar el salario mínimo”.
De ahí su demandan de una futura norma que excluya expresamente la compensación y absorción los complementos personales, los vinculados al puesto de trabajo, los de cantidad o calidad del trabajo y aquellos que los convenios colectivos declaren no compensables.
Registro de jornada
Incluso, reivindican la aprobación del real decreto de registro de jornada, comprometido por el Gobierno y pendiente desde hace meses, dado que, a su juicio, un sistema “digital, objetivo, fiable y accesible para la Inspección de Trabajo” resulta imprescindible para combatir las horas extraordinarias no pagadas y el fraude en la contratación a tiempo parcial.
Así, expresan que el incumplimiento de la jornada también desvirtúa el alcance real del salario mínimo. “Un SMI que se paga sobre horas que no se registran no es un salario mínimo”, sostienen.
CCOO y UGT reclaman que estos compromisos se materialicen al mismo tiempo que la aprobación del real decreto del SMI para 2027 o, en todo caso, antes de su entrada en vigor el próximo 1 de enero.
“Subir el salario mínimo es necesario, pero no suficiente: hay que garantizar que la subida llega neta, que no se la comen los pluses y que se paga por todas las horas trabajadas”, concluyen.
Por su parte, la CEOE y Cepyme han pedido al Gobierno que aplace la decisión y que sea el Ejecutivo que surja de las elecciones generales del 29 de noviembre quien negocie la actualización del salario mínimo para 2027.
“Emplazamos al Gobierno que salga de las elecciones a negociar la actualización del SMI a partir del mes de diciembre”, reclaman.
Desde su punto de vita, la decisión de incrementar el salario mínimo “supone una utilización política de su capacidad legislativa en vísperas de las elecciones generales”.
En un pronunciamiento conjunto, ambas entidades afirman que mantienen su compromiso con la mejora de las retribuciones, pero rechazan que la actualización del SMI se produzca en el actual contexto político.
Las sucesivas subidas del salario mínimo impulsadas por Trabajo bajo la gestión de la vicepresidenta y ministar Yolanda Díaz han salido adelante sin el aval de la patronal. El único precedente de acuerdo con el sector empresarial se remonta al inicio de la legislatura, en 2020, cuando las organizaciones patronales se sumaron al acuerdo sobre el incremento hasta los 950 euros al mes.
“CEOE y CEPYME reiteramos nuestro compromiso con la mejora de los salarios, pero rechazamos su utilización política y reclamamos que cualquier decisión se adopte mediante un diálogo social leal, con criterios económicos objetivos y teniendo en cuenta su impacto sobre el empleo, las empresas y las familias”, sostienen.
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