El abandono estructural de los servicios sociales en Valencia favorece una nueva agresión a una educadora

La Plataforma de Profesionales del Sector Social ha denunciado una nueva agresión a una educadora social en Valencia que pone en evidencia “el deterioro estructural” que atraviesa el sistema de atención social y anuncia que se plantea convocar movilizaciones contra la falta crónica de medios humanos y materiales.
En su comunicado advierten que la violencia contra las profesionales “ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en un problema estructural”, recordando que, según el Informe Estatal sobre Violencia y Desprotección en el Sector Social (2025), el 50% de las trabajadoras ha sufrido agresiones verbales, el 25% amenazas y el 10% agresiones físicas.
La Plataforma sostiene que estos episodios no son incidentes puntuales, sino la consecuencia directa de un sector “al límite”, marcado por el colapso administrativo, la falta de recursos, la precariedad laboral —con un 70% del personal sin estabilidad— y el aumento de la vulnerabilidad social.
Todo ello, afirman, está incrementando la conflictividad en los servicios de atención directa.
En el ámbito de la infancia y la adolescencia, la situación en el País Valenciano es especialmente preocupante.
El comunicado señala que en 2024 se registró “un repunte histórico de agresiones” en centros de recepción y acogida, muchos de los cuales están desbordados, con las dificultudades de convivencia y atención individualizada establecida por la legislación.
Por ejemplo, en el dispositivo de Torre de Alborache (Valencia) la ocupación llega a 120 plazas cuando las autorizadas inicialmente son 84 y en el Centro “Alacant”, previsto para 24 plazas, la media de personas atendidas llega a 54. El centro de Verge de Lledó I (Castellón) atiende a 24 personas, exactamente el doble de lo establecido.
La Plataforma denuncia que la masificación dificulta la convivencia, impide el trabajo educativo y hace imposible la atención individualizada que exige la normativa. La creación de macrocentros, subrayan, “no ha resuelto el problema”.
Los centros de menores se han convertido en espacios de alta tensión debido a la llegada de perfiles de elevada complejidad, la falta de personal especializado —“especialmente en salud mental”—, el hacinamiento y los retrasos administrativos en la gestión de menores extranjeros no acompañados, indican desde la Plataforma.
A ello se suma la situación de las residencias públicas de la Generalitat Valenciana, donde “no se respetan las ratios” y se trabaja en condiciones precarias, lo que ha provocado un aumento de bajas laborales por estrés. Las bolsas de trabajo, denuncian, “no están sirviendo para cubrir sustituciones”, lo que compromete el funcionamiento de los centros.
La Plataforma califica de “especialmente grave” la situación en las residencias de menores, diversidad funcional y mayores de la provincia de Alicante, que acumulan meses de impagos de complementos salariales, trienios y carrera profesional.
Esta asfixia económica, advierten, está empujando a la privatización de recursos públicos, “como ya están haciendo en Valencia y Castellón”. También alertan del bloqueo de los pliegos en los centros concertados, algunos sin renovar desde 2019, lo que impide mejoras salariales, la cobertura de bajas y la dotación adecuada de recursos.
Ante este escenario, las y los profesionales del sector han iniciado conversaciones para promover una huelga general del sector social como respuesta a la falta de soluciones. La Plataforma exige medidas urgentes: refuerzo de plantillas, ratios dignas, recursos especializados, actualización de los conciertos, protocolos eficaces frente a agresiones y garantías reales de seguridad y protección jurídica.
El comunicado concluye con un mensaje contundente: “Lo que ocurre en los centros de Valencia, Alicante y Castellón es reflejo de un abandono institucional sostenido. La violencia no puede normalizarse como parte del trabajo”. Y reivindican: “Por dignidad profesional y por justicia social, exigimos un sector social seguro, digno y respetado. Porque lo social es esencial”.
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Redactor jefe de Noticias Obreras



