10 claves sobre el Plan de Choque 2021-2024 del Sistema de Atención a la Dependencia
El Plan de Choque para el Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) 2021-2024 es una iniciativa del Gobierno de España con el objetivo de reforzar la financiación del sistema, reducir la lista de espera y mejorar la calidad del empleo en el sector de los cuidados
El informe de evaluación elaborado por Comisiones Obreras (CCOO), a partir de datos oficiales del IMSERSO y análisis propios del sindicato, examina el impacto de las medidas implementadas y los retos pendientes. Estas son sus 10 principales claves:
1. ¿Qué ha logrado este plan?
El Plan de Choque ha logrado incrementar la financiación estatal, aumentar la cobertura en un 35% (+390.194 personas atendidas) y reducir en un 50,9% la lista de espera de personas con derecho reconocido a una prestación. Además:
- Personas beneficiarias: 1,5 millones de personas atendidas.
- Servicios profesionales: 60% de los beneficiarios reciben atención mediante estos servicios.
- Gasto total del sistema: 11.500 millones de euros (0,77% del PIB).
- Empleo en el sector: 525.000 profesionales, de los cuales 446.250 son mujeres (85%) y 78.750 son hombres (15%)
2. ¿Cuáles son las principales deficiencias detectadas?
- Persistencia de la lista de espera: 246.212 personas siguen esperando una prestación.
- Tiempos de gestión excesivos: La media es de 329 días (Andalucía y Canarias superan los 560 días).
- Desigualdad territorial: Cataluña y Andalucía concentran casi el 50% de la lista de espera total.
- El crecimiento de la prestación económica de cuidado familiar (PECF), que implica que personas dependientes no reciban servicios profesionales y el crecimiento de la prestación económica vinculada a un servicio (PEVS), que implica un doble copago y una mayor externalización del servicio.
- Falta de transparencia en el copago: Se estima que los beneficiarios aportan el 20% del gasto total, pero no hay cifras claras.
- La precariedad laboral y alta parcialidad.
3. ¿Cómo ha evolucionado la financiación del sistema?
El Estado ha duplicado su financiación desde 2020, pasando de 1.390 millones € a 3.190 millones € en 2023, lo que ha permitido reforzar el sistema de atención.
Sin embargo, algunas comunidades autónomas han reducido su aportación, utilizando parte de los fondos estatales para ajustar su propio gasto en dependencia.
4. ¿Qué comunidades autónomas han aumentado su aportación al sistema?
Varias comunidades autónomas han incrementado su inversión en dependencia, sumando fondos propios al refuerzo estatal y logrando impactos positivos en la reducción de la lista de espera y la mejora del acceso a servicios:
- Comunidad Valenciana: Ha aumentado su financiación autonómica en un 35%, permitiendo una reducción del 50% en la lista de espera.
- Canarias: Su inversión creció un 28%, lo que ha disminuido en más de 200 días los tiempos de espera.
- Extremadura: Incrementó su aportación en un 23%, aunque parte de este esfuerzo se destinó a prestaciones económicas en lugar de servicios profesionales.
5. ¿Y cuáles la han reducido?
En contraste, tres comunidades han reducido su inversión autonómica en el SAAD, amortiguando el impacto positivo del incremento estatal:
- Castilla y León: Retuvo un 38,58% de los fondos adicionales recibidos.
- Galicia: No destinó al SAAD el 18,48% de la financiación estatal extra.
- Aragón: Se quedó con un 16,11% de los fondos sin trasladarlos al gasto real en dependencia.
Esto ha supuesto un menor impacto del Plan de Choque en estos territorios, lo que ha afectado a la reducción de listas de espera y la mejora en la calidad de los servicios, con una mayor carga para los beneficiarios, al mantenerse o aumentar el copago en algunos casos.
6. ¿Cómo han evolucionado los tiempos de espera?
- La media nacional se ha reducido en 71 días (-17,6%).
- Comunidades con mayor reducción: Extremadura (-330 días), Aragón (-214 días), Cataluña (-237 días).
- Comunidades donde ha empeorado: Melilla (+101 días), Galicia (+49 días), Murcia (+43 días).
A pesar de la mejora general, el tiempo medio sigue siendo alto (329 días) y solo tres comunidades (Castilla y León, Ceuta y País Vasco) cumplen el plazo legal de 180 días.
7. ¿Cómo ha evolucionado el empleo?
Aunque el empleo ha crecido, las mejoras han sido insuficientes. Se han generado 25.000 nuevos empleos, pero CCOO reclamaba al menos 40.000. Además, se suprimió la exigencia de personal médico en residencias, afectando a la calidad asistencial. El empleo en el sector es de 525.000 profesionales, de los cuales 446.250 son mujeres (85%) y 78.750 son hombres (15%).
8 ¿Cómo son las condiciones laborales?
El empleo en el sector sigue marcado por precariedad laboral y alta parcialidad, a pesar de su importancia en la sociedad.
- Más del 40% de los contratos son a tiempo parcial, lo que impide la estabilidad laboral.
- Los salarios son bajos, con muchas trabajadoras cobrando apenas el salario mínimo interprofesional (SMI).
- Alta temporalidad y subcontratación, especialmente en ayuda a domicilio y residencias.
- Ratios de personal insuficientes, lo que genera sobrecarga de trabajo.
9. ¿Qué tipos de prestaciones existen y cuáles son las más utilizadas?
- Teleasistencia: Ha crecido un 38,6% (segunda prestación más utilizada). Se trata de un servicio complementario, pero en algunos territorios se está utilizando como única prestación. En Castilla-La Mancha y La Rioja, más del 16% de los beneficiarios dependen solo de Teleasistencia.
- Prestación Económica de Cuidado Familiar (PECF): Representa el 41,88% de las atenciones, aunque debería ser excepcional. En algunas comunidades como Illes Balears (75,79%) y Comunidad Valenciana (66,91%) es la principal forma de atención, lo que significa que muchos dependientes no reciben servicios profesionales.
- Prestación Vinculada a un Servicio (PEVS): Supone el 10,48% del total, con picos del 45% en Extremadura, donde hay mayor externalización a servicios privados en lugar de fortalecer los servicios públicos.
10. ¿Qué propone el sindicato para mejorar el sistema?
- Condicionar la financiación estatal a que las comunidades autónomas mantengan o aumenten su inversión en dependencia.
- Redirigir la financiación a servicios profesionales y reducir la dependencia de ayudas económicas.
- Reducir la lista de espera y los tiempos de gestión.
- Aumentar las ratios de personal en residencias y ayuda a domicilio.
- Garantizar contratos a jornada completa y reducir la parcialidad. Mejorar los salarios y el reconocimiento profesional de las personas trabajadoras. Regular los tiempos de traslado en ayuda a domicilio para evitar jornadas encubiertas.
- Recuperar la exigencia de personal médico en residencias.
- Limitar el uso de la Teleasistencia como única prestación.
- Asegurar la transparencia en el copago.
Redacción de Noticias Obreras.
