Los sindicatos claman por el cumplimiento real del derecho a la salud y seguridad laboral
Tras el impacto de la pandemia, España está atravesando un periodo de incremento de la incidencia de accidentes de trabajo por lo que CCOO y UGT piden garantizar el derecho a la salud laboral, ante el Día Internacional de la Seguridad en el Trabajo
En 2023 coinciden, por un lado, el vigésimo aniversario de la declaración oficial del 28 de abril como día internacional por la salud de las personas trabajadoras y la aprobación como uno de los cinco principios y derechos fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de los entornos laborales seguros y saludables, y por otro, un momento crítico de la prevención de riesgos en España.
UGT y CCOO hacen público el manifiesto por el 28 de abril de 2023 con el lema “Por un derecho a la seguridad y la salud en el trabajo, real y efectivo”, en recuerdo de todas aquellas personas trabajadoras que han muerto o han sufrido las consecuencias de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, y apoyo y solidaridad con sus familias y compañeros, para evitar que la sociedad siga normalizando las muertes en el trabajo”.
El manifiesto reivindica el cumplimiento efectivo en las empresas de la legislación de prevención de riesgos laborales y la puesta en marcha por parte de los poderes públicos de políticas públicas de salud laboral, empezando por la aprobación de los planes de acción de la recientemente firmada Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022-2027.
Los sindicatos que firman una declaración conjunta denuncian que se han cumplido sus previsiones acerca del repunte de la siniestralidad asociado a la recuperación productivam sin una mejora sustancial de las condiciones de trabajo. “La seguridad y la salud en el trabajo siguen sin ser una prioridad para los distintos Gobiernos”, se quejan.
A pesar de que las consecuencias de los accidentes y las enfermedades laborales suponen un grave problema social, con enormes costes humanos y económicos, “las administraciones que podrían actuar para evitarlo no le prestan la atención necesaria”, por lo que se trata de “un problema invisible”, dicen estos sindicatos.
CCOO y UGT piden “más ambición y valentía a los Gobiernos para proteger la seguridad y salud de las personas trabajadoras sin ambages”. Afirman que “no deben prevalecer criterios económicos sobre criterios de protección de la salud en el ámbito laboral a la hora de legislar y, concretamente”, por lo que reclaman la reducción del valor límite de exposición al amianto en el entorno laboral, en contra del valor propuesto por el Consejo Europeo. Al tiempo, aprovechan para pedir un desarrollo eficaz del Fondo de Compensación para Las Víctimas del Amianto. “un logro de la lucha sindical” con sabor “agridulce, al no establecerse la exención fiscal para las indemnizaciones”.
El manifiesto reclama, además, afrontar mejoras de la prevención frente a los agentes cancerígenos, a la epidemia de salud mental y los retos asociados a las transiciones digital y demográfica, así como al cambio climático, sin olvidar en la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales.
Además, este 28 de abril quieren hacer un homenaje y reconocer especialmente a las personas trabajadoras que han muerto o sufren una enfermedad a causa del amianto y sus familias, y especialmente a las mujeres, que en muchos casos también enfermaron y murieron por lavar la ropa de sus familiares expuestos a este cancerígeno en sus puestos de trabajo.
Las organizaciones de trabajadores exigen la convocatoria sin demora de la Mesa de Diálogo Social en materia de prevención de riesgos laborales, anunciada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social en la propia firma de la Estrategia Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo.
El sindicato USO, por su parte, señala que la prevención “de papel”; la falta de inversión; los incumplimientos; la precariedad laboral; la subcontratación de los servicios de prevención…” son algunos de los factores que, este sindicato lleva años denunciando como claves en este aumento de la siniestralidad laboral.
“No se puede consentir que cada día sea más peligroso trabajar o ir y volver del trabajo”. afirma USO, por lo que reivindica “la figura de los delegados y delegadas de prevención, quienes son, en algunas ocasiones, la única figura que vela por el cumplimiento de la ley” y el refuerzo de la denuncia, como “única alternativa para obligar a las empresas y a las Administraciones públicas a actuar en relación con los riesgos laborales”.
También exige más medios e inversión para reforzar a la Inspección de Trabajo para que puedan llevar a cabo su labor y obligar a las empresas a cumplir la ley, evitar los riesgos laborales y a protegernos a los trabajadores y trabajadoras de esta sangría que tantas vidas se está llevando por delante y tanto sufrimiento y enfermedad está causando.
Redactor jefe de Noticias Obreras
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