Las rentas mínimas europeas no logran sacar de la pobreza a quienes viven solos
Ninguna de las rentas mínimas vigentes en 23 países europeos permite, sin más, que una persona que vive sola supere el umbral de riesgo de pobreza.
Esta es una de las principales conclusiones de una investigación publicada por la Fundación de periodismo de vigilancia Civio a partir de datos de Sistema de Información Mutua sobre Protección Social (MISSOC) de la Unión Europea y de Eurostat.
El estudio compara las prestaciones mínimas garantizadas para tres tipos de hogares, una persona sola, una pareja sin hijos y una pareja con dos menores. Su conclusión es que las ayudas resultan insuficientes para situar a sus beneficiarios por encima del umbral de pobreza en la práctica totalidad de los países analizados.
En el caso de España, el ingreso mínimo vital (IMV) alcanza los 733 euros mensuales para una persona sola, pero esta cuantía se mantiene un 28 % por debajo del umbral de pobreza. La distancia aumenta hasta el 38 % en las parejas sin hijos y el 35 % en las parejas con dos menores.
Según la comparación europea, solo Dinamarca y Luxemburgo logran superar el umbral de pobreza en situaciones muy concretas. Dinamarca lo hace para parejas y familias con dos hijos, mientras que Luxemburgo únicamente lo consigue en el caso de las parejas sin menores a cargo.
La investigación recuerda que la finalidad de estas prestaciones es proporcionar “un suelo” de ingresos que permita a las personas afrontar situaciones de vulnerabilidad. Sin embargo, el responsable de Asuntos Europeos y Alianzas de EAPN-ES, Helder Ferreira, sostiene que el objetivo último debe ser garantizar que las personas puedan “vivir una vida digna”.
El análisis señala además que las diferencias entre países son notables. Mientras las cuantías máximas para personas solas apenas superan los 200 euros en Portugal o Grecia, en Bélgica, Países Bajos o Luxemburgo rebasan los 1.000 euros mensuales.
No obstante, los investigadores advierten de que la comparación debe realizarse teniendo en cuenta el nivel de renta y el coste de vida de cada país. Precisamente, al relacionar las prestaciones con los ingresos medios nacionales aparece una constante: las ayudas “no alcanzan el umbral nacional de riesgo de pobreza”.
En algunos Estados, como Estonia, Letonia o Croacia, las cuantías para una persona sola ni siquiera llegan al umbral considerado de pobreza severa.
Las ayudas económicas no son suficientes
La situación coincide con las advertencias realizadas por la Comisión Europea. En un informe de 2025, el Ejecutivo comunitario señalaba que “las ayudas económicas no son suficientes para sacar a las personas de la pobreza” y recomendaba a los Estados acercar las prestaciones al valor real de los bienes y servicios esenciales, como la vivienda, la alimentación o la atención sanitaria.
Pese a estas limitaciones, diversos expertos subrayan que las rentas mínimas tienen efectos relevantes. El sociólogo José Antonio Noguera considera que “es imposible que baje muchísimo la tasa de pobreza con estas cuantías”, pero matiza que sí contribuyen a reducir la intensidad de la pobreza.
En el caso español, afirma que esta situación “sí que se ha reducido bastante como consecuencia del ingreso mínimo vital, y también de otras rentas mínimas autonómicas”. Los datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) apuntan en la misma dirección.
Según las últimas evaluaciones disponibles, el IMV redujo la intensidad de la pobreza en un 30,3 %, mientras que su capacidad para situar a los beneficiarios por encima del umbral de pobreza fue del 9,5 %.
El estudio también pone el foco en la limitada cobertura de la prestación española. La AIReF estima que el ingreso mínimo vital se encuentra “aproximadamente al 50 % de su capacidad”, lo que implica que podría llegar a cerca del doble de hogares de los que actualmente reciben la ayuda.
Ante esta situación, organizaciones sociales como EAPN y Cáritas reclaman una mayor armonización de las políticas europeas de ingresos mínimos.
Desde estas entidades se defiende la necesidad de establecer estándares comunes que garanticen prestaciones suficientes en todos los países de la Unión Europea y eviten retrocesos en la lucha contra la pobreza.
Para Helder Ferreira, las rentas mínimas constituyen “un punto de partida” que debe complementarse con políticas públicas en ámbitos como la vivienda, la salud, la educación y los servicios sociales.
“No se puede luchar contra la pobreza solo con una política”, coincide José Antonio Noguera, quien aboga por una estrategia integral para combatir la exclusión social.
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