La huelga general por la vivienda apunta a principios de noviembre
La convocatoria de una huelga general para exigir medidas contra la crisis de la vivienda y las subidas salariales suma apoyos entre las organizaciones de trabajadores y trabajadores, a la espera de fijar la fecha. Una parte de los convocantes se inclinan por los día 2 y 6 para aprovechar la reacción social en marcha, mientras que otra parte prefiere los días 10 y 11, lo que daría más tiempo para preparar la jornada.
Representantes del Sindicato de Inquilinas y de varias organizaciones sindicales, entre ellas CGT, CO.BAS y Solidaridad Obrera, analizaron este martes el calendario de la protesta en una reunión celebrada en Madrid.
Pero el respaldo de CCOO y UGT, con más músculo organizativo, dota a la protesta de mayor ambición y repercusión pública. Los dos mayores sindicatos del país tienen todavía que acordar los detalles con el resto de colectivos implicados.
Ayer mismo, los sindicatos nacionalistas CIG, en Galicia, y ELA y LAB, en Euskadi, cuya participación se considera clave para garantizar un seguimiento significativo en sus respectivos territorios, expresaron su apoyo a la huelga general, algo que ya había hecho el sindicato CGT, que ha celebrado este fin de semana su XX Congreso.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, al término de unas jornadas sobre comunicación, reivindicó la legalidad de la convocatoria y rechazó las críticas de la patronal que lógicamente la considera una medida “inadmisible”. “Las huelgas generales siempre tienen características políticas”, afirmó.
El dirigente sindical defendió que cuestiones como los salarios, la salud laboral o el acceso a la vivienda forman parte de las preocupaciones centrales de la clase trabajadora.
“Políticas son las subidas salariales, la salud de los trabajadores, es la vida y es la vivienda; vamos a ir con absoluta tranquilidad”, aseguró, para añadir a continuación que la emergencia habitacional tiene una repercusión directa en las condiciones laborales y el poder adquisitivo de los asalariados.
“La vivienda es laboral, queremos tratar este tema en el marco laboral, no hay convenio que aguante la subida de la vivienda. Es imposible que podamos mantener la capacidad adquisitiva”, señaló.
En la misma línea, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, vinculó el debate sobre la vivienda con otras políticas sociales y económicas.
“Si en las elecciones generales lo que se dirime son políticas materiales, políticas que tengan que ver con los salarios, con los servicios públicos, con la vivienda, con la sostenibilidad ecológica del país, con el modelo energético o con el pleno empleo, creo que la izquierda tiene una oportunidad”, señaló.
CEOE y Cepyme critican la convocatoria
La proximidad entre la posible fecha de la huelga y la campaña electoral ha generado críticas desde la patronal y desde varios partidos políticos. En un comunicado conjunto, CEOE y Cepyme cuestionaron la naturaleza de la convocatoria y consideraron que sus reivindicaciones “no son, en esencia, de naturaleza laboral”.
Las organizaciones empresariales calificaron de “inadmisible” que se traslade “a las empresas, a sus trabajadores y al conjunto de la actividad económica el coste de una medida de presión que señala al Gobierno y a su gestión”.
Desde UGT, Álvarez replicó que “los empresarios, si piensan en sus empresas, deberían de estar con nosotros. Este no es un problema sólo social, que lo es importantísimo, también lo es económico”.
A su juicio, “no es posible que este país avance, mantenga los niveles de crecimiento económico, si no hay vivienda que permita que los trabajadores que hacen funcionar los servicios públicos o que hacen funcionar la actividad económica no tengan solventado el problema de la vivienda”, matizó.
Los sindicatos sostienen que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo avala las huelgas generales cuando existe una conexión entre las reivindicaciones planteadas y las condiciones de vida y trabajo de la población asalariada.
La magnitud de la movilización por la vivienda ha tenido un peso decisivo en la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones y obligará a los partidos políticos a detallar sus planes de vivienda.
Las centrales sindicales llevan reclamando subidas salariales suficientes para hacer frente al alza de los precios, más ante el aumento de los beneficios empresariales, y han expresado su preocupación por la situación de la vivienda en multitud de ocasiones, llegando a reivindicar innumerables medidas para promover el acceso a un derecho fundamental.
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