El Supremo extiende a residentes en España la suspensión del voto por la “ley de nietos”

El Supremo extiende a residentes en España la suspensión del voto por la “ley de nietos”
El tribunal pide a la Junta Electoral que aplique la medida cautelar también a personas nacionalizadas por esta vía que hayan trasladado su residencia a España. La cifra estimada de personas afectadas no está aclarada

El Tribunal Supremo ha reclamado a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral que garanticen el cumplimiento de la suspensión cautelar del derecho al voto de una parte de las personas que obtuvieron la nacionalidad española mediante la llamada ley de nietos. La decisión afecta también a quienes hayan trasladado su residencia a España, según la providencia dictada este viernes, 20 de noviembre, a nueve días de las elecciones generales del 29N.

La resolución mantiene la excepción para quienes hayan aportado una certificación consular que acredite los requisitos de descendencia del exilio fijados por el tribunal, así como para quienes presenten esa documentación antes de la votación. La medida se refiere al ejercicio del voto en estos comicios y tiene carácter cautelar, mientras continúa el procedimiento judicial sobre el fondo del asunto.

La providencia llega con el proceso electoral en marcha y con la documentación de voto ya distribuida a parte de las personas electoras. Para quienes residen permanentemente en el extranjero, este sábado 21 de noviembre comienza el plazo para depositar el voto en las urnas habilitadas en consulados y otros centros.

Una suspensión que alcanza también al censo de residentes

La controversia afecta a una parte de las personas que adquirieron la nacionalidad española al amparo de una disposición de la Ley de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos, y de una instrucción posterior sobre su aplicación. La suspensión no alcanza de forma automática a todas las personas nacionalizadas mediante esa ley.

El Supremo había acordado en septiembre medidas cautelares sobre las inscripciones en el censo de residentes ausentes, utilizado por las personas españolas que viven en el extranjero. Posteriormente mantuvo esa suspensión. La nueva providencia precisa que las personas incluidas en el ámbito de la medida tampoco deben figurar como electoras si aparecen en el censo de residentes en España, salvo las excepciones previstas.

Según recoge Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ordena que las personas afectadas no figuren como electoras, tanto en el censo exterior como en el de residentes en España, con excepción de quienes presentaron la certificación consular requerida o la aporten antes del día de la votación.

La cifra definitiva de personas que no podrán participar no está aclarada. El Gobierno remitió inicialmente una relación de 163.355 registros. Después, la Oficina del Censo Electoral revisó los datos y redujo a 113.326 la cifra de afectadas, tras detectar, entre otros casos, menores de edad, duplicidades y personas inscritas en el censo exterior con anterioridad a la ley, según informa EFE. El tribunal ha reclamado que se garantice el cumplimiento de sus medidas respecto de la relación inicial, con las excepciones indicadas.

El Supremo menciona que 901 personas habían presentado ya la certificación consular exigida. La resolución también contempla que otras puedan aportarla antes del 29 de noviembre. No obstante, las fuentes consultadas no detallan de manera suficiente cómo se tramitará en todos los casos ni qué ocurrirá con cada voto ya emitido.

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La decisión es distinta de la adoptada sobre los hijos e hijas de quienes obtuvieron previamente la nacionalidad por esta vía. El Supremo rechazó suspenderles el voto y confirmó esa posición el 18 de noviembre al desestimar un recurso presentado por Vox.

El procedimiento se desarrolla a raíz de las actuaciones promovidas por Vox e Iustitia Europa. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, calificó de “discutible” la decisión y expresó la discrepancia del Gobierno con la suspensión.

Qué pueden comprobar las personas afectadas

La decisión plantea dudas para quienes ya han recibido documentación electoral o no saben si están incluidos en la relación afectada. La documentación recibida acredita que se ha remitido material electoral, pero no permite por sí sola confirmar cómo se aplicará la providencia en cada caso.

Las personas que tengan dudas sobre su inscripción pueden consultar su situación ante la Oficina del Censo Electoral y, si residen en el extranjero, dirigirse a su consulado para conocer si figuran en el censo aplicable y qué documentación se les exige. La guía electoral del INE explica los procedimientos generales para las personas residentes en España y para las inscritas en el censo de residentes ausentes.

En el caso del voto exterior, la guía señala que las personas inscritas pueden enviar su documentación por correo a la oficina consular o depositarla en una urna en los lugares habilitados. La apertura de este último plazo está prevista desde el 21 hasta el 26 de noviembre. Esos son los plazos generales; la posibilidad de ejercer el voto de las personas comprendidas en la medida cautelar depende de su situación censal y de la aplicación de la resolución judicial.

Queda pendiente conocer las instrucciones actualizadas de la Junta Electoral y de la Oficina del Censo sobre la ejecución de la providencia, en particular para las personas que residen en España y para quienes ya hayan enviado o entregado su voto. También está por aclarar el alcance definitivo de las diferencias entre las cifras comunicadas durante el procedimiento.

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