Trabajar para seguir fuera

Durante años dimos por hecho que el trabajo era una puerta. No una puerta perfecta, desde luego, ni abierta de la misma manera para todos, pero sí una puerta. Tener un empleo significaba empezar a entrar en la vida adulta, conquistar cierta autonomía, levantar una casa, sostener una familia, organizar el futuro. El salario no resolvía la existencia, pero ayudaba a construirla. Hoy esa vieja relación empieza a resquebrajarse delante de nosotros y, quizá por haberse roto poco a poco, apenas hemos reparado en la gravedad de lo que está ocurriendo. Hay personas que trabajan y siguen fuera.

Fuera de una vivienda que puedan pagar. Fuera de la posibilidad de independizarse. Fuera de una cierta tranquilidad al terminar el mes. Fuera, incluso, de la capacidad de imaginar qué será de su vida dentro de dos o tres años. Y esa es una de las cuestiones que coloca sobre la mesa la Jornada Mundial por el Trabajo Decente de este 7 de octubre. El lema escogido por Iglesia por el Trabajo Decente para 2026, “Ante la exclusión, trabajo decente”, tiene bastante más profundidad de la que cabe en una pancarta. Porque obliga a reconocer una realidad que incomoda: hoy se puede estar laboralmente dentro y socialmente fuera.

Conviene detenerse ahí. Durante demasiado tiempo hemos reducido el debate laboral a una pregunta casi contable: ¿hay empleo o no lo hay? Naturalmente que crear empleo importa. Muchísimo. Pero hemos llegado a un punto en el que esa pregunta ya no basta. También habrá que preguntar qué tipo de empleo estamos creando, qué vida permite sostener, cuánto futuro ofrece y qué queda de la persona después de cumplir con todas las exigencias de su jornada. Una sociedad no debería felicitarse únicamente porque la gente trabaja. También debería preguntarse cómo vive la gente que trabaja.

La vivienda ha terminado por desnudar esta contradicción. Tenemos jóvenes que han hecho aquello que durante años les dijimos que debían hacer: formarse, esforzarse, buscar empleo, incorporarse al mercado laboral. Y, una vez conseguido, descubren que el siguiente peldaño ha sido retirado. La campaña recuerda que apenas el 31% de las personas entre 18 y 34 años vive de manera independiente sin ayuda familiar y que la edad media de emancipación se sitúa ya en los 30,2 años. Detrás de esas cifras no hay solamente un problema inmobiliario. Hay biografías detenidas.

Ese quizá sea uno de los grandes dramas sociales de este tiempo: el aplazamiento. La vida se llena de condicionales. Cuando pueda pagar una casa. Cuando encuentre algo estable. Cuando termine de ahorrar. Cuando sepa qué ocurrirá con mi contrato. Cuando pueda permitirme tener un hijo. Cuando llegue un momento mejor. Y mientras llega ese momento, pasan los años. Nos preocupamos después por la natalidad, la soledad, el deterioro de la salud emocional, la dificultad para formar familias o la pérdida de población en determinados territorios. Como si todas esas cuestiones no tuvieran relación entre sí. Como si la economía ocurriera en un lugar y la vida, misteriosamente, en otro.

Por eso la expresión “trabajo decente” no debería entenderse como un barniz moral colocado sobre el empleo. Habla de algo bastante más serio. Habla de la posibilidad de que el trabajo permita vivir y no únicamente sobrevivir. De disponer de un salario suficiente, sí, pero también de tiempo, seguridad, descanso, conciliación y horizonte. Hay formas de pobreza que no aparecen inmediatamente en una nómina. La pobreza de quien nunca está en casa porque sus horarios se lo impiden. La de quien vive pendiente del teléfono por si mañana le llaman. La de quien no puede enfermar. La de quien necesita dos empleos para sostener una existencia. La de quien lleva años trabajando y continúa sin saber dónde estará dentro de seis meses.

La Doctrina Social de la Iglesia tiene mucho que decir aquí, quizá precisamente porque su punto de partida es anterior a cualquier discusión económica. Juan Pablo II formuló en Laborem exercens una idea que, de tanto repetirla, corremos el riesgo de domesticar: el trabajo está en función de la persona y no la persona en función del trabajo. Conviene devolver a esa afirmación todo su filo. Porque, tomada en serio, obliga a revisar cualquier organización económica que convierta al trabajador en una pieza sustituible, cualquier modelo empresarial que considere el cuidado de la vida una molestia y cualquier política que contemple las cifras del empleo sin mirar qué hay debajo de ellas.

Nuestro propio lenguaje delata algunas prioridades. Sabemos hablar con soltura de competitividad, productividad, flexibilidad, optimización, costes laborales, rendimiento y adaptación. Son conceptos necesarios. Sería absurdo demonizarlos. El problema comienza cuando conocemos perfectamente el precio de una hora de trabajo y dejamos de preguntarnos cuánto le cuesta esa hora a quien la trabaja. Cuando medimos el rendimiento y no el desgaste. Cuando llamamos flexibilidad a una relación en la que siempre termina doblándose el mismo. Cuando el lenguaje de la economía consigue describir con enorme precisión una cuenta de resultados, pero pierde vocabulario para describir una vida.

Y quizá lo más inquietante no sea siquiera la precariedad. Lo verdaderamente inquietante es nuestra capacidad para acostumbrarnos a ella.

Nos hemos acostumbrado a que una persona con empleo necesite ayuda de sus padres para pagar un alquiler. A que alguien trabaje en dos sitios. A que los cuidados sigan penalizando profesionalmente sobre todo a las mujeres. A los mensajes laborales fuera de horario. A los contratos que permiten trabajar pero no planificar. A una generación que empieza a considerar excepcional aquello que antes llamábamos simplemente estabilidad. Cada una de estas situaciones provoca incomodidad cuando se contempla aisladamente. Juntas terminan formando paisaje. Y cuando una injusticia consigue convertirse en paisaje, ya ha ganado mucho terreno.

Algo parecido ocurre con la siniestralidad laboral. En 2025 murieron en España 735 personas en accidentes de trabajo. Lo llamamos siniestralidad porque necesitamos un término técnico, estadísticas, comparaciones y políticas públicas capaces de afrontar el problema. Pero de vez en cuando convendría retirar el lenguaje técnico y dejar la realidad desnuda: 735 personas salieron de casa para ir a trabajar y no regresaron. En 735 hogares alguien esperó a una persona que nunca volvió a abrir la puerta. Hay cifras que solo empiezan a comprenderse cuando recuperan un rostro.

Todo esto interpela a la Iglesia de una manera especialmente seria. Tenemos una Doctrina Social extraordinariamente rica, pero ningún documento puede sustituir la cercanía. Sería una contradicción disponer de una formidable reflexión sobre el trabajo y permanecer lejos de los lugares donde hoy se trabaja, se sufre, se emprende, se cuida, se despide, se contrata y se teme perder el empleo. Una Iglesia cercana al mundo del trabajo no puede limitarse a hablar de trabajadores. Tiene que conocerlos.

Eso significa volver a escuchar sin llevar la respuesta preparada. Acercarse a los polígonos, al campo, a los comercios, a las residencias, a los hospitales, a las oficinas, a los almacenes y también a esas nuevas geografías laborales que caben dentro de una aplicación móvil. Significa conocer la vida del autónomo que no consigue desconectar, de quien limpia cuando todos se han marchado, del inmigrante que acepta unas condiciones que nadie debería necesitar aceptar, del trabajador de cincuenta y tantos años que pierde su empleo y comienza a sentirse expulsado del mercado y casi también de la sociedad. La pastoral del trabajo empieza mucho antes de llamarse pastoral. Empieza cuando la vida de otro deja de resultarnos ajena.

Pero la Jornada debería servir también para algo menos cómodo: mirarnos hacia dentro. No tendría demasiado sentido exigir trabajo decente al conjunto de la sociedad sin preguntarnos cómo se trabaja en nuestras propias instituciones. Parroquias, diócesis, congregaciones, colegios, fundaciones, asociaciones y entidades eclesiales también contratan, pagan salarios, fijan horarios, organizan jornadas y toman decisiones que afectan a personas concretas. La Doctrina Social pierde autoridad cuando funciona como una lupa dirigida siempre hacia los demás y nunca como un espejo.

Y aquí aparece otra de las cuestiones que convendría rescatar del ruido de nuestro tiempo. Hemos convertido demasiados problemas humanos en territorios ideológicos. Basta pronunciar palabras como salario, vivienda, migraciones, empresa, conciliación o protección social para que inmediatamente alguien pregunte desde qué trinchera se está hablando. La Doctrina Social de la Iglesia incomoda precisamente porque se resiste a ese reparto. Puede cuestionar al mercado cuando absolutiza el beneficio y al Estado cuando asfixia la iniciativa social. Puede recordar responsabilidades al empresario y también al trabajador. Puede exigir a la política que mire el bien común y pedir a los cristianos que no conviertan la dignidad humana en un menú del que escoger únicamente aquello que coincide con sus batallas preferidas.

La dignidad no admite esa selección. Si creemos que una persona posee un valor inviolable, ese valor la acompaña cuando nace, cuando estudia, cuando busca trabajo, cuando produce, cuando enferma, cuando cuida, cuando emigra, cuando envejece y cuando deja de resultar rentable. La dignidad que defendemos en los grandes debates debe aparecer también en una nómina, en un horario, en un contrato y en la posibilidad real de regresar a casa con fuerzas para seguir siendo padre, madre, hijo, amigo, vecino o simplemente uno mismo.

La Jornada del 7 de octubre podría ser, por tanto, mucho más que una celebración anual. Podría convertirse en una pregunta incómoda acerca del modelo de sociedad que estamos construyendo. Porque una economía puede crecer mientras muchas vidas se encogen. Puede mejorar sus indicadores y deteriorar sus expectativas. Puede generar riqueza y repartir incertidumbre. Puede crear empleo y, al mismo tiempo, debilitar la capacidad del trabajo para integrar socialmente.

Ese es el asunto de fondo. No estamos hablando solamente de contratos. Estamos hablando de pertenencia. Durante generaciones, trabajar fue una de las formas de decir “tengo un lugar”. Si ahora alguien puede trabajar cada día y continuar sintiendo que no puede entrar plenamente en la sociedad que ayuda a sostener, deberíamos preocuparnos. Y no únicamente por él. Por nosotros.

Quizá la verdadera provocación de “Ante la exclusión, trabajo decente” consista precisamente en obligarnos a cambiar la pregunta. En vez de interrogarnos solamente por cuánto empleo somos capaces de crear, preguntarnos qué vidas estamos permitiendo construir alrededor de ese empleo. No es una cuestión menor ni una aspiración para tiempos de bonanza. Habla del tipo de sociedad que queremos ser.

Y hay algo revelador en que, avanzado ya el siglo XXI, todavía necesitemos colocar un adjetivo junto a la palabra trabajo para recordar algo que debería venir incluido de origen.

Decente.

Cuando ese adjetivo deje de hacer falta, habremos avanzado bastante más que cualquier estadística.

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Fernando Redondo

Impulsando el Evangelio. Comprometido con la Pastoral Penitenciaria. Activista en la Pastoral del Trabajo de Toledo, defendiendo dignidad y derechos laborales