Sindicatos y sociedad civil reclaman mayor inversión social en el futuro presupuesto de la UE
Sindicatos y organizaciones de la sociedad civil han redoblado la presión sobre las instituciones europeas para que el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 refuerce la inversión social, preserve los fondos de cohesión y garantice una transición justa para trabajadores y territorios, frente al riesgo de que las prioridades de competitividad y defensa reduzcan los recursos destinados a políticas sociales.
La Comisión Europea ha abierto la negociación política entre las instituciones europeas y los Estados miembros del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034, cuya propuesta inicial fue presentada ya en 2025.
Frente al riesgo de que las prioridades de competitividad y defensa reduzcan los recursos destinados a las políticas sociales, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha advertido de que la propuesta de reforma del presupuesto comunitario puede reducir los recursos disponibles para la clase trabajadora y debilitar las políticas sociales y de cohesión.
El movimiento sindical europeo viene reclamando a la Comisión Europea mayor ambición social y recientemente, ante el fin de los fondos de recuperación de la pandemia ha vuelto a insistir en la conveniencia de apostar por la cohesión y el desarrollo integral.
La Confederación Europea de Sindicatos (CES) reclamó entonces el establecimiento de instrumentos de inversión comunes y permanentes, incluso mediante la emisión de bonos comunes denominados en la UE, con vistas a desarrollar una capacidad fiscal europea.
La propia Comisión afirma que los planes de recuperación podrían haber incrementado el PIB de la UE en un 1,4%, contribuyendo a generar un “impulso inmediato de la producción y el empleo”.
Ahora ha intensificado las negociaciones para incluir en el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 la inversión social, los fondos de cohesión y financiación para una transición justa para trabajadores y territorios.
Rechaza que el aumento de las partidas destinadas a seguridad y defensa se produzca a costa la financiación de medidas orientadas a la creación de empleo de calidad, la reducción de desigualdades y el fortalecimiento del modelo social europeo.
Entre sus principales demandas figuran el incremento forma sustancial de su volumen global y el reforzamiento de manera establede la financiación de las políticas sociales.
En ese sentido, pide a los Estados miembros que respalden nuevos recursos propios para la Unión Europea y que la financiación del presupuesto recaiga de forma más equitativa sobre todos los sectores de la sociedad, incluidas las grandes empresas y las mayores fortunas.
Para ello pide nuevas fuentes de ingresos comunitarias y sostiene que, si los Estados miembros no alcanzan un acuerdo, Bruselas debería estudiar alternativas como un impuesto sobre los servicios digitales o gravámenes a los beneficios extraordinarios.
También defiende que cualquier nuevo instrumento fiscal europeo incorpore desde su diseño medidas de transición justa para los sectores y trabajadores afectados por los cambios económicos y medioambientales.
Los sindicatos consideran además que las necesidades de inversión de la UE siguen siendo muy superiores a los recursos actualmente previstos, por lo que aboga por implantar herramientas de deuda común europea, inspirados en instrumentos como el fondo de recuperación creado tras la pandemia o el programa SURE.
Aunque valoran positivamente las nuevas herramientas de préstamo planteadas por la Comisión, consideran que resultan insuficientes para responder a los desafíos de reindustrialización, transición ecológica y creación de empleo de calidad.
Iguamente se opone a la propuesta de concentrar en un único fondo recursos destinados a cohesión, agricultura, pesca, migración y seguridad. A su juicio, esta centralización podría provocar una competencia entre prioridades presupuestarias y acabar relegando las políticas sociales, regionales y de desarrollo rural frente a objetivos vinculados a la seguridad o al control migratorio.
Otro de los puntos de preocupación para la organización es la vinculación de los fondos europeos a determinadas reformas económicas nacionales. La CES reclama abandonar el modelo de “dinero a cambio de reformas” y defiende que la distribución de los recursos comunitarios responda principalmente a criterios de solidaridad y necesidad, destinando más apoyo a las regiones con mayores dificultades y a los territorios afectados por procesos de transición industrial.
En relación con el futuro Fondo Europeo de Competitividad, la organización advierte de que una excesiva dependencia de la financiación privada podría trasladar riesgos empresariales al presupuesto público y favorecer procesos de privatización de infraestructuras y servicios.
Por ello, reclama que una parte significativa de sus recursos se reserve para políticas de transición justa, formación y recualificación profesional de los trabajadores afectados por las transformaciones industriales, garantizando además que todas las regiones europeas puedan acceder a la financiación y beneficiarse de las inversiones ligadas a la competitividad.
Por su parte, la Plataforma del Tercer Sector presentó sus propuestas durante una reunión de trabajo mantenida en Madrid con la eurodiputada Estrella Galán, en el marco de la ronda de contactos que la organización viene desarrollando para que sus peticiones sean tenidas en cuenta, más ante el riesgo que observa de que las prioridades sociales pierdan peso en el futuro presupuesto comunitario.
En el encuentro participaron Carlos Susías, vicepresidente de Derechos Sociales, Transición Justa e Internacional de la Plataforma del Tercer Sector; María José Juanes, directora ejecutiva de la entidad; Sandra Ferrer, directora de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo; y María Tussy Flores, responsable de programas del Fondo Social Europeo en Fundación ONCE.
Durante la reunión, la Plataforma reiteró las propuestas recogidas en su documento de posicionamiento para el próximo marco presupuestario europeo, entre las que destaca la preservación de una financiación suficiente, estable y claramente identificable para las políticas de inclusión social, reducción de la pobreza, igualdad de oportunidades y apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad.
Desde la Plataforma del Tercer Sector se insistió en que las organizaciones sociales desempeñan un papel estratégico en la implementación de políticas públicas y en la atención a colectivos vulnerables, por lo que reclamaron que el próximo marco financiero europeo reconozca esa función mediante instrumentos de financiación estables y accesibles.
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