Bruselas busca derribar las trabas al reconocimiento de títulos profesionales en la UE
La Comisión Europea ha presentado un paquete legislativo para facilitar la movilidad de trabajadores y trabajadoras dentro de la Unión Europea mediante la agilización del reconocimiento de cualificaciones profesionales, la digitalización de documentos de Seguridad Social y el refuerzo de los mecanismos de control frente al empleo irregular y la explotación laboral
Entre las medidas propuestas, que tendrán que ser negociadas ahora por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, figura la reducción de los plazos para reconocer las cualificaciones necesarias para ejercer profesiones reguladas en otro Estado miembro.
El procedimiento pasaría de un máximo de cuatro meses a once semanas, mientras que para profesiones con reconocimiento automático, como medicina, enfermería, odontología, farmacia, veterinaria, arquitectura y matronería, el trámite se reduciría de tres meses a cinco semanas.
La Comisión estima que el conjunto de reformas generará beneficios económicos de unos 6.000 millones de euros hasta 2040 gracias al ahorro administrativo, la verificación digital de documentos y la reducción del fraude.
La vicepresidenta de la Comisión Europea para Derechos Sociales y Capacidades, Empleo de Calidad y Preparación, Roxana Mînzatu, defendió que los trabajadores deben poder desplazarse por Europa con mayores garantías. “Las personas deberían poder trabajar en toda Europa con sus derechos sociales protegidos y sus cualificaciones reconocidas más rápidamente. Las empresas deberían poder contratar el talento que necesitan con menos papeleo y menos retrasos”, afirmó.
El Ejecutivo comunitario también plantea establecer normas comunes para el reconocimiento de títulos obtenidos fuera de la UE. Según Bruselas, los nuevos procedimientos permitirían reducir los tiempos medios de tramitación desde los actuales 14 meses hasta cuatro.
Además, algunos títulos extranjeros podrían beneficiarse del reconocimiento automático en determinadas profesiones reguladas, siempre que procedan de programas previamente evaluados y compatibles con los estándares europeos.
El comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, destacó que las nuevas reglas facilitarán la incorporación de profesionales cualificados.
“El reconocimiento de cualificaciones será más sencillo y rápido, también para los trabajadores cualificados de fuera de la UE. Además, estamos dando a la Autoridad Laboral Europea las herramientas para combatir el empleo ilegal y la explotación”, señaló.
La iniciativa incorpora asimismo la creación de una tarjeta europea de Seguridad Social, denominada ESSPASS, que permitirá solicitar y almacenar digitalmente documentos como la Tarjeta Sanitaria Europea o el certificado A1 para trabajadores desplazados. Estos documentos podrán guardarse en la cartera europea de identidad digital y presentarse desde dispositivos móviles para que las autoridades verifiquen su autenticidad en tiempo real.
Bruselas calcula que la digitalización de las cualificaciones y la supresión de determinadas exigencias documentales, como las traducciones certificadas, podrían generar un ahorro de alrededor de 486 millones de euros en costes administrativos hasta 2040. Los procedimientos podrán realizarse íntegramente en línea y en cualquiera de las lenguas oficiales de la UE.
Fortalecer la Autoridad Laboral
Otro de los pilares de la propuesta es el fortalecimiento de la Autoridad Laboral Europea (ELA). La reforma ampliaría sus herramientas de análisis de datos para detectar irregularidades en situaciones transfronterizas y reforzaría la coordinación con las autoridades nacionales. Además, extendería su capacidad de actuación a casos que afecten a trabajadores de terceros países residentes en la UE, incluidos supuestos de empleo ilegal, trabajo no declarado, salarios inferiores a los establecidos o explotación laboral.
La Confederación Europea de Sindicatos valoró positivamente las propuestas. Su secretaria general, Esther Lynch, calificó como “una mejora vital” la posibilidad de que la ELA pueda abrir investigaciones propias sobre casos de explotación laboral transfronteriza. A su juicio, esta medida permitirá identificar incumplimientos empresariales sin necesidad de esperar a una petición previa de intervención.
La organización sindical respaldó, a la espera de su concreción, estas medidas, pero ha mostrado su preocupación ante otra de las propuestas de la Comisión Europea relacionada con el denominado 28º Régimen de Sociedades y su apuesta por imponer el “teletrabajo transfronterizo pleno”.
De hecho ha reclamado una reunión urgente con la vicepresidenta ejecutiva Roxana Mînzatu para plantear las reivindicaciones sindicales en este ámbito. Para la CES cualquier nueva regulación sobre el trabajo a distancia entre Estados miembros debe asegurar plenamente los derechos de los trabajadores en materia de salario, salud y seguridad laboral, protección social y negociación colectiva.
Es más, reclama acabar con los posibles vacíos legales que puedan favorecer el dumping social o alimentar una competencia a la baja entre países de la Unión Europea.
En su opinión, la futura Ley de Empleos de Calidad de la UE debe convertirse en el marco de referencia para regular el teletrabajo, en lugar de hacerlo a través del régimen societario que la Comisión estudia impulsar.
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