Las entidades sociales de Huelva reclaman soluciones urgentes tras la muerte de otro temporero en un asentamiento de infraviviendas
La muerte de un trabajador migrante en el incendio registrado este 15 de septiembre en el asentamiento chabolista de La Sevillana, en Lucena del Puerto, eleva a cuatro las víctimas mortales registradas en fuegos similares en los asentamientos de temporeros de la provincia desde 2021.
Pese a las denuncias por parte de organizaciones sociales, sindicatos y entidades humanitarias, las condiciones de vida de cientos de trabajadores agrícolas que habitan las infraviviendas siguen siendo inaceptables.
El incendio se ha cobrado la vida de un trabajador de nacionalidad maliense (Mali), de 36 años de edad y ha herido a otras cuatro personas y ha afectado a más de de 80 infraviviendas en el asentamiento de La Sevillana, en el municipio onubense de Lucena del Puerto.
Según han denunciado en un comunicado conjunto Cáritas Diocesana de Huelva, Huelva Acoge, CODENAF, Mujeres en Zona de Conflicto e Inserta Andalucía, se trata del segundo incendio que se produce en este mismo asentamiento en apenas siete días, una circunstancia que, a juicio de las entidades, evidencia “la extrema vulnerabilidad” en la que viven muchas personas trabajadoras temporeras.
Por su parte, la presidenta de la Asociación Multicultural de Mazagón, Pepa Suárez, ha calificado el suceso de “tragedia” y ha expresado su apoyo a los familiares y compañeros de trabajo del fallecido.
Suárez ha vinculado el incendio con la persistencia de los asentamientos chabolistas y ha reclamado medidas para garantizar una vivienda digna a los trabajadores migrantes. En su opinión, lo ocurrido vuelve a poner de manifiesto las condiciones de extrema precariedad en las que viven numerosas personas vinculadas a las campañas agrícolas.
Las organizaciones han expresado su “profunda consternación y dolor” por lo ocurrido y han lamentado que este tipo de sucesos se haya convertido en una realidad recurrente en los asentamientos donde residen trabajadores agrícolas. Para las entidades, los incendios son consecuencia de una situación de exclusión residencial que se mantiene desde hace años sin que se hayan puesto en marcha respuestas estructurales suficientes.
“Nos encontramos, una vez más, ante una tragedia que nunca debería producirse”, señalan las organizaciones, que consideran que la muerte de una persona en estas circunstancias refleja una situación de vulneración de derechos fundamentales y unas condiciones de vida incompatibles con la dignidad humana.
Las entidades recuerdan que detrás de esta tragedia existen historias personales, familias y proyectos migratorios de personas que desempeñan un papel esencial en la actividad agrícola de la provincia.
En este sentido, subrayan que los trabajadores temporeros contribuyen de forma decisiva a un sector estratégico para la economía onubense, mientras continúan sufriendo dificultades para acceder a derechos básicos como una vivienda digna, segura y adecuada o el empadronamiento.
Las organizaciones han informado de que el pasado 16 de septiembre mantuvieron una reunión con el alcalde de Lucena del Puerto para abordar la situación de emergencia derivada de los incendios y la realidad de los asentamientos. S
Según explican, durante el encuentro el Ayuntamiento trasladó que carece de recursos suficientes para ofrecer alternativas habitacionales y dar una respuesta adecuada a las personas afectadas.
Soluciones habitacionales estables y sostenibles
Ante esta situación, los colectivos firmantes han reclamado a las distintas administraciones públicas una intervención inmediata que garantice alojamiento seguro para quienes han perdido sus viviendas, atención sanitaria para las personas heridas, acompañamiento social y cobertura de las necesidades básicas más urgentes.
Del mismo modo, han insistido en la necesidad de impulsar soluciones habitacionales estables y sostenibles que permitan poner fin a la existencia de asentamientos chabolistas en la provincia. “El acceso a una vivienda digna no es una cuestión asistencial, sino un derecho fundamental reconocido”, defienden.
Las entidades también han apelado a la corresponsabilidad del sector empresarial vinculado a la agricultura. A su juicio, las empresas deben implicarse de manera activa en la búsqueda de soluciones que garanticen condiciones de alojamiento adecuadas para las personas trabajadoras que sostienen buena parte de la actividad económica de la zona.
“Cada incendio es una emergencia, pero también el reflejo de un problema estructural”, advierten las organizaciones, que consideran insuficiente actuar únicamente cuando se producen siniestros y reclaman medidas preventivas que aborden las causas de fondo.
Finalmente, los colectivos han trasladado su solidaridad a todas las personas afectadas por el incendio y, de manera especial, a la familia y allegados de la persona fallecida, al tiempo que han reafirmado su compromiso de seguir trabajando junto a quienes residen en los asentamientos y de continuar exigiendo respuestas que garanticen condiciones de vida dignas y seguras.
Apoya y cuida Noticias ObrerasTu aportación hace posible un periodismo comprometido con la dignidad del trabajo, la justicia social y la esperanza. Puedes colaborar también a través de Bizum al 13744. Cualquier aportación, por pequeña que sea, suma y nos ayuda a seguir construyendo, día a día, esta mirada compartida al servicio del bien común
Redactor jefe de Noticias Obreras
