La solidaridad con Ceuta no puede construirse contra las personas migrantes
Las concentraciones celebradas este miércoles debían testimoniar que Ceuta no está sola. Miles de personas salieron a la calle para expresar su apoyo a una ciudad que lleva más de un mes soportando una presión humana, social y económica extraordinaria. Esa solidaridad es necesaria. Ceuta necesita recursos, protección, servicios públicos reforzados y una respuesta del Estado –no solo del Gobierno– a la altura de una crisis que ha desbordado sus capacidades.
Pero el resultado de las movilizaciones obliga a preguntarnos qué solidaridad se expresó y contra quién terminó dirigiéndose una parte del malestar. Junto a las legítimas reclamaciones de ayuda, se escucharon peticiones de expulsión colectiva, se presentaron las llegadas como una “invasión”, se corearon consignas contra las personas musulmanas. También fueron increpados y agredidos profesionales de RTVE y otros periodistas que cubrían los actos.
La concentración de Madrid, convocada formalmente por la Federación Española de Municipios y Provincias, reunió a unas 50.000 personas, según la Delegación del Gobierno. La llamada institucional de apoyo a Ceuta quedó desbordada en distintos momentos por proclamas como “invasores, expulsión” y peticiones de encarcelamiento del presidente. Tras el acto se produjeron enfrentamientos que terminaron con cuatro personas detenidas y cuatro policías heridos. En Valencia también se escucharon consignas contra los musulmanes.
Sería injusto atribuir esas conductas al conjunto de quienes participaron. Muchas personas acudieron sinceramente para acompañar a Ceuta, exigir soluciones y reclamar que las administraciones asuman sus responsabilidades. También se celebraron concentraciones contra el racismo en Valencia, Madrid, Barcelona y Bilbao, y distintos ayuntamientos defendieron la unidad institucional, la convivencia y los derechos humanos.
Precisamente por respeto a esa pluralidad debemos decirlo con claridad: el termómetro democrático del miércoles arrojó un resultado preocupante. Hubo una expresión multitudinaria de apoyo a Ceuta, pero faltó una condena general, inequívoca y compartida de la xenofobia, la aporofobia, las expulsiones colectivas y los ataques a la libertad de información.
La comunidad política tiene una responsabilidad que no puede eludir. Presentar a decenas de miles de personas como invasoras despoja de rostro e historia a quienes han llegado. Entre ellas hay menores, mujeres, solicitantes de protección internacional y personas que han arriesgado su vida. Muchas continúan durmiendo en playas, calles o recursos provisionales. Otras buscan a familiares desaparecidos. Al menos 23 personas migrantes han denunciado agresiones sexuales; nueve son menores.
Ninguno de estos hechos elimina los problemas que padece Ceuta ni convierte en ilegítimo el malestar de su población. La ciudad necesita recuperar espacios públicos, normalizar sus servicios, reforzar la seguridad y recibir una financiación suficiente y sostenida. Su vecindario tiene derecho a reclamar explicaciones por las alertas previas, la actuación de Marruecos y los fallos de coordinación del Gobierno.
Pero reconocer esos derechos no exige negar los de quienes han llegado. La seguridad de la población ceutí y la acogida digna de las personas migrantes no son objetivos incompatibles. Se necesitan mutuamente. Mientras persistan la intemperie, el hacinamiento y la falta de alternativas, aumentarán la inseguridad, el miedo y los conflictos. La convivencia no se recuperará con consignas de expulsión, sino con alojamiento urgente, derivaciones ordenadas, atención sanitaria, asistencia jurídica, mediación y profesionales suficientes.
El Gobierno debe rendir cuentas. Debe aclarar qué información recibió antes de las entradas, por qué no se reforzó el dispositivo, cuál fue la intervención de agentes marroquíes y qué garantías existen en las devoluciones. También debe acelerar los traslados –la acogida en cualquiera de las ciudades del país es una forma concreta de solidaridad con Ceuta–, proteger a mujeres y menores, garantizar el derecho de asilo y convertir las plazas y los fondos anunciados en recursos realmente operativos.
La oposición tiene igualmente obligaciones. Fiscalizar al Gobierno y exigir responsabilidades forma parte de la democracia. Alimentar la identificación entre migración, invasión y amenaza colectiva la debilita. Los dirigentes que participan en una concentración no responden de cada palabra pronunciada entre miles de asistentes, pero sí de los marcos políticos que legitiman, de los mensajes que difunden y de su reacción ante las expresiones de odio.
La presencia conjunta de representantes del PP y Vox en movilizaciones atravesadas por proclamas xenófobas y aporofóbicas exigía un desmarque inmediato y explícito. No basta con sostener que la convocatoria era de apoyo a Ceuta. Cuando se reclama la expulsión indiscriminada de seres humanos o se insulta a todo un grupo por su religión, guardar silencio contribuye a normalizar aquello que debería combatirse.
También resulta intolerable la agresión a periodistas. Quienes informan prestan un servicio público esencial, especialmente en situaciones de crisis y confrontación. Golpear, amenazar o impedir su trabajo supone atacar el derecho de toda la ciudadanía a conocer lo que sucede. La defensa de Ceuta, de España o de cualquier causa democrática pierde toda legitimidad cuando se convierte en hostilidad contra la libertad de información.
La Pastoral de Migraciones ha reclamado diálogo, colaboración y respeto a “la dignidad de toda persona”. Ese principio ofrece un criterio necesario para salir de la polarización. La dignidad de la población ceutí exige que no sea abandonada. La dignidad de las personas migrantes exige que no sean tratadas como una masa culpable ni utilizadas como arma política. La dignidad de quienes prestan ayuda exige que puedan trabajar sin amenazas. La dignidad democrática exige preservar el debate público frente al odio y la violencia.
La solidaridad que necesita Ceuta no se construye contra quienes se encuentran en una situación todavía más vulnerable. Tampoco puede reducirse a banderas, consignas identitarias o ataques al adversario. Debe traducirse en recursos, responsabilidades compartidas, verdad sobre lo ocurrido y protección efectiva para todas las personas.
Ceuta no debe quedar sola. Tampoco quienes llegaron hasta sus costas, quienes buscan a sus familiares, quienes sufrieron violencia ni quienes continúan esperando un lugar seguro. Acompañar a la ciudad y defender la dignidad humana forman parte de una misma obligación. Separarlas solo sirve a quienes pretenden convertir el miedo en odio y la emergencia en una oportunidad de confrontación política.
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Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)
