Exigen un desarrolo eficaz de la “Ley de residuos” a cuatro años de su aprobación
Más de 130 organizaciones sociales, ambientales, de consumidores y de la economía social han reclamado al Gobierno que la anunciada reforma de la Ley de Residuos vaya acompañada de mecanismos efectivos de aplicación, control y sanción que garanticen el cumplimiento de la normativa ya vigente, al considerar que las modificaciones legislativas serán insuficientes si no se desarrollan las medidas pendientes.
La petición ha sido trasladada por la Alianza Residuo Cero y la plataforma #LeydeResiduosYa en el marco de la consulta pública previa sobre el anteproyecto que modificará la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Las entidades consideran necesaria la adaptación de la legislación española a las nuevas exigencias europeas y reconocen que la ley actual presenta carencias. Sin embargo, advierten de que el principal obstáculo para avanzar hacia una economía circular no es únicamente normativo, sino también la falta de aplicación práctica de las medidas ya aprobadas.
“Cuatro años después de la aprobación de la Ley de residuos de 2022, el principal problema ya no está únicamente en lo que dice la legislación, sino también en la falta de desarrollo de numerosas medidas ya aprobadas, de mecanismos de control y seguimiento y de un régimen sancionador capaz de actuar frente a los incumplimientos”, señalaron las organizaciones en sus alegaciones.
A su juicio, España debe “pasar de legislar sobre la economía circular a hacerla realidad”, ya que “una ley que no se desarrolla, no se controla y no se hace cumplir no reduce ni un solo residuo”.
El Sistema de Depósito, en riesgo por retrasos administrativos
Entre los ejemplos citados por las organizaciones destaca la implantación del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) para envases de bebidas, cuya entrada en funcionamiento está prevista por ley para el 22 de noviembre de 2026.
Según denuncian, el procedimiento de autorización de las cuatro entidades que aspiran a gestionar el sistema continúa bloqueado en la Comunidad de Madrid, sin que exista un calendario público para resolver los expedientes.
Las organizaciones recuerdan que ya alertaron en julio de esta situación, después de que la Comisión de Coordinación en materia de residuos solicitara en varias ocasiones a la administración madrileña la tramitación de requerimientos necesarios para continuar con el proceso.
“El Sistema de Depósito demuestra meridianamente el problema: tenemos una obligación aprobada, una fecha fijada por ley y una medida necesaria para cumplir los objetivos europeos, pero su aplicación puede fracasar porque el procedimiento administrativo permanece bloqueado”, criticaron.
Prevención y reutilización frente al reciclaje
Las entidades sostienen que la futura reforma debe reforzar la prevención como eje principal de la política de residuos y lamentan que varias obligaciones incluidas en la ley sigan sin desarrollarse.
Entre ellas citan la venta a granel de frutas y verduras, pendiente todavía de regulación definitiva, así como la publicación de la lista de productos perecederos excluidos de esta obligación.
También reclaman avances en la lucha contra el desperdicio alimentario. Aunque la Ley 1/2025 introdujo nuevas medidas en esta materia, consideran que todavía faltan herramientas y mecanismos para garantizar su aplicación efectiva. En este sentido, piden una cuantificación real de las pérdidas alimentarias a lo largo de toda la cadena, como paso previo para diseñar políticas públicas eficaces.
Asimismo, defienden que la reutilización debe ganar protagonismo frente a un modelo basado principalmente en el reciclaje. Entre sus propuestas figura la ampliación del futuro sistema de depósito al vidrio y el impulso de envases reutilizables tanto en el sector de la alimentación para llevar como en el comercio electrónico.
“La economía circular no consiste en reciclar cada vez más productos desechables. Consiste, antes que nada, en evitar que se conviertan en residuos”, subrayan.
Alertan sobre sustancias tóxicas en materiales reciclados
Otro de los aspectos destacados de las alegaciones se refiere a la presencia de sustancias peligrosas en productos y materiales destinados posteriormente al reciclaje o la reutilización.
Las organizaciones consideran insuficientes los mecanismos actuales de vigilancia para garantizar el cumplimiento de las restricciones sobre sustancias como los ftalatos o el bisfenol A, e instan a reforzar los sistemas de control para evitar que contaminantes orgánicos persistentes entren de nuevo en los circuitos productivos.
“La circularidad no puede servir para mantener sustancias tóxicas circulando indefinidamente entre materiales y productos”, advirtieron.
Fiscalidad ambiental y prohibición de productos de un solo uso
Entre las medidas planteadas figura también una revisión de la fiscalidad ambiental para favorecer la prevención, la reparación y la reutilización.
Las entidades proponen destinar la recaudación del impuesto sobre los plásticos a financiar políticas de reducción de residuos y reclaman una rebaja del IVA para productos de segunda mano y reparados.
Igualmente, plantean extender la fiscalidad a todos los plásticos de un solo uso, independientemente de su contenido reciclado, y aumentar los costes asociados al vertido y la incineración para incentivar alternativas más sostenibles.
En materia de prevención, solicitan la prohibición estatal de los filtros de cigarrillos, los vapeadores desechables y las bolsas de nicotina, por su impacto ambiental y sanitario. También reclaman restricciones al uso del césped artificial, al que atribuyen una elevada generación de microplásticos y un importante consumo de recursos durante su fabricación.
Más control y sanciones
Finalmente, las organizaciones reclaman reforzar los sistemas de inspección, trazabilidad y seguimiento para reducir la distancia existente entre las obligaciones legales y su cumplimiento efectivo.
Las alegaciones incluyen además la prohibición de destruir aparatos nuevos devueltos y la búsqueda de alternativas para evitar que equipos informáticos completos sean eliminados por razones de protección de datos cuando existen tecnologías que permiten el borrado seguro de la información.
“Antes de producir nuevos residuos hay que agotar las posibilidades de prevención, reparación y reutilización. Europa no se cumple publicando leyes en el BOE”, concluyen las entidades.
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