CCOO denuncia la mercantilización de la educación con la entrada de cada vez más operadores privados
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha denunciado la creciente presencia de operadores privados en la enseñanza y sus consecuencias sobre la igualdad de oportunidades, durante la presentación del informe La mercantilización de la educación.
Según el dirigente sindical, los problemas que afectan a la educación no pueden analizarse de forma aislada, ya que forman parte de un mismo proceso que empieza en la Educación Infantil y llega a la la universidad. “No estamos ante problemas independientes, estamos ante un proceso de mercantilización en todas las fases educativas que recorre todo el sistema”, aseguró.
La organización de trabajadores y trabajadores ha querido vincular este estudio a las movilizaciones que se están desarrollando en distintas comunidades autónomas en defensa de la educación pública, que considera uno de los principales instrumentos para combatir las desigualdades sociales y territoriales.
El secretario general de CCOO explicó que en su opinión la mercantilización educativa no se limita a la existencia de centros privados, sino que incluye el avance de empresas privadas en ámbitos tradicionalmente vinculados al servicio público, un fenómeno que, según dijo, se ha visto favorecido por determinadas decisiones políticas y por la insuficiencia de la oferta pública.
El gasto anual de las familias españolas en educación ha pasado de 13.217 millones de euros a más de 18.628 millones en los últimos doce años, lo que supone un incremento superior a 5.400 millones de euros, según refleja el documento,
“La factura de la mercantilización de la educación está recayendo en las familias españolas”, advirtió.
Primera etapa educativa
El sindicato se muestra preocupado por los efectos de la caída de la natalidad en el sistema educativo, y lamenta que el ajuste derivado del descenso demográfico esté afectando principalmente a la red pública.
La caída de la natalidad ha puesto de manifiesto, según la organización, un tratamiento desigual entre las dos redes educativas. Entre los cursos 2018-2019 y 2023-2024 cerraron 1.837 aulas públicas de Primaria, frente a 424 aulas concertadas.
En este sentido, Unai Sordo expresó que “decidir qué red asume las consecuencias de la demografía es una decisión política”, señaló.
Aunque la escolarización entre los tres y cinco años es prácticamente universal, la tasa de escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil apenas alcanza el 48 %.
Además, más del 40 % de la oferta corresponde a centros privados. La presencia de la enseñanza privada en esta etapa supera el 50 % en la Comunidad Valenciana, alcanza el 48,9 % en Canarias y llega al 42,9 % en la Comunidad de Madrid.
CCOO considera que la falta de plazas públicas de 0 a 3 años dificulta la conciliación familiar y laboral y perjudica especialmente a los hogares con menos recursos.
Por ello, reclama el reconocimiento efectivo del derecho a una plaza pública desde el nacimiento, la extensión de la gratuidad y el fortalecimiento de los recursos profesionales en esta etapa educativa.
“España cuenta con un millón de niños de 0 a 3 años y el acceso a esta educación no puede depender ni del código postal ni de la renta de las familias”, subrayó.
Enseñanzas obligatorias
En las enseñanzas obligatorias, cerca de un tercio del alumnado está escolarizado en centros privados y que el 28,5 % estudia en centros concertados, una proporción que califica de excepcionalmente elevada en comparación con otros países europeos, según el informe.
Sordo definió la concertada como “centros privados sufragados con recursos públicos” y cuestionó su gratuidad efectiva, al señalar que muchas familias deben asumir cuotas complementarias. “¿Puede llamarse gratuita cuando determinadas familias pagan más de 1.000 euros al año? Evidentemente no”, manifestó.
Entre las medidas propuestas por CCOO para avanzar hacia una “desmercantilización” de la educación, el informe plantea incrementar de forma progresiva la inversión pública educativa y reforzar la participación democrática en los centros. El sindicato pidió a las comunidades autónomas que favorezcan una mayor implicación de la comunidad educativa en la toma de decisiones y en la gestión de los centros.
El sindicato destaca además que comunidades autónomas como Madrid y País Vasco destinan más de una cuarta parte de su presupuesto educativo no universitario a conciertos y subvenciones para centros privados. Esta política, señala, contribuye a aumentar la segregación escolar.
De acuerdo con los datos que maneja la organización, la diferencia socioeconómica entre el alumnado de centros públicos y concertados en España figura entre las más elevadas de los países de la OCDE.
La Formación Profesional constituye otro de los ámbitos donde la presencia privada ha experimentado un importante crecimiento. Aunque la inversión pública destinada a esta enseñanza aumentó desde 187,5 millones de euros en 2018 hasta 1.219 millones en 2024 y permitió crear más de 373.000 plazas, la demanda supera ya los 1,1 millones de estudiantes.
Según CCOO, miles de jóvenes continúan sin obtener plaza pública en comunidades autónomas como Madrid, Cataluña o Andalucía, lo que les obliga a recurrir a centros privados cuyos costes pueden oscilar entre los 4.500 y los 12.000 euros.
La situación es especialmente significativa en la FP a distancia, donde el porcentaje de alumnado matriculado en centros privados de Grado Superior pasó del 30,71 % en el curso 2017-2018 al 58,97 % en 2024-2025.
La acelerada privatización de la Universidad
El sindicato también alerta sobre la evolución de la enseñanza universitaria. Desde el año 2000 se han creado 24 universidades en España y todas ellas son privadas. Mientras que a comienzos de siglo existían 18 universidades privadas frente a 50 públicas, en el curso 2024-2025 la cifra alcanza ya las 42 privadas, manteniéndose en 50 las públicas.
En la actualidad, las universidades privadas concentran el 23,3 % del alumnado de grado y más de la mitad del estudiantado de máster, un crecimiento que, según CCOO, está relacionado tanto con la insuficiencia de plazas públicas en determinadas titulaciones como con la financiación limitada de las universidades públicas desde la crisis económica de 2008.
La organización señala que España dedica alrededor de 7.700 euros públicos por estudiante universitario, frente a una media de 11.200 euros en la Unión Europea. Alcanzar ese nivel de inversión requeriría, según sus cálculos, destinar 4.313 millones de euros adicionales al sistema universitario público.
“Es un escándalo que todas las universidades que se han abierto en el siglo XXI sean privadas, 24 de 24, ni una sola pública”, afirmó Unai Sordo, quien defendió la necesidad de frenar la expansión del sector privado universitario y reforzar la oferta pública.
Ante esta situación, CCOO reclama una estrategia integral para reforzar la educación pública en todas las etapas.
Entre sus propuestas figuran el aumento sostenido de la inversión educativa, la reducción de ratios, la mejora de las condiciones laborales del profesorado, la ampliación de plazas públicas en Infantil, Formación Profesional y universidad, así como medidas para evitar la segregación y garantizar la gratuidad real de toda la enseñanza financiada con fondos públicos.
“Lo que está en juego no es únicamente quién presta un servicio educativo, sino el modelo de sociedad que se construye a través de la educación”, sostiene el sindicato. En este sentido, defiende que una educación pública, gratuita, laica, inclusiva y de calidad constituye una herramienta fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión social.
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Redactor jefe de Noticias Obreras
